Guanajuato.- La fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso Local presentó este jueves una iniciativa de reforma a la Constitución Política local y a la Ley de Movilidad del Estado, para que la regulación del transporte público urbano y suburbano, que actualmente recae en los municipios, pase a una regulación concurrente con el Gobierno del Estado.
La propuesta plantea un subsidio para el transporte como un instrumento financiero estatal cuyo objeto es garantizar la accesibilidad económica del servicio, y establecer que la tarifa debe construirse a partir de una metodología objetiva que articule la tarifa técnica, la demanda estimada, la utilidad razonable, la tarifa social y el subsidio.
El diputado Rodrigo González Zaragoza comentó que la prestación del servicio de transporte público, en cualquiera de sus modalidades, es motivo de inconformidades en varias ciudades del país, y que una de las principales controversias, que se presenta de forma cíclica, gira en torno al incremento constante de las tarifas.
El legislador indicó que uno de los puntos de partida para tomar decisiones respecto a las tarifas debe ser el reconocer que, tratándose de un servicio básico, la movilidad es un derecho humano, por lo que los ejercicios de determinación de costos deben atender al criterio de asequibilidad para que el servicio esté al alcance de todas las personas.
Enfatizó que la regulación de la tarifa no es solo un precio, sino un instrumento de política pública que articula los costos reales de operación con la capacidad económica de las personas usuarias.
En ese sentido, añadió que distinguir entre tarifa técnica, utilidad razonable, tarifa social y subsidio permite identificar cuándo el costo debe ser compensado mediante aportaciones públicas, y dijo que en ese contexto el subsidio estatal no es una concesión discrecional, sino una consecuencia lógica de la movilidad como derecho, tal como ocurre con el millonario subsidio en León.
El diputado comentó que la existencia de instrumentos financieros orientados a compensar incrementos necesarios permite equilibrar la viabilidad operativa con justicia social, evitando que el ajuste del sistema recaiga de manera directa e inmediata en la economía de las familias.
¿En qué consiste la propuesta?
En rueda de prensa, el activista Juan Pablo Delgado Miranda —quien sentó las bases de la iniciativa— explicó que la propuesta plantea derogar de la Constitución local la facultad exclusiva de los ayuntamientos sobre el transporte en ruta fija, para que sea una responsabilidad compartida con el Estado.
Delgado Miranda comentó que en la iniciativa se plantea una fórmula para que la tarifa no se vea reflejada en el impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos, similar a modelos donde se busca que camiones operen gratis bajo ciertas condiciones de beneficio social.
“Estamos apostándole a que esta tarifa que pagan directamente las familias de Guanajuato esté directamente relacionada con su capacidad de pago y no con la necesidad de incrementar el precio de la tarifa porque los costos de los insumos aumentan”, explicó.
Detalló que se trata de sumar la utilidad razonable para el concesionario con una tarifa técnica que es el costo de insumos (llantas, mantenimiento, salarios), multiplicado por la demanda estimada.
Por otro lado de la ecuación, multiplicar la demanda estimada por la tarifa social, que es la capacidad de pago de las familias respecto de su ingreso.
Se busca que el ciudadano únicamente erogue en lo que esté en sus posibilidades, respaldado por un subsidio del Gobierno del Estado y de los municipios.
AAK
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