Guanajuato.- Este jueves, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la reforma al Código Penal propuesta por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, para endurecer el castigo por el delito de violencia familiar.
Se aprobó que, “a quien ejerza violencia de cualquier tipo contra una persona que tenga relación de parentesco, matrimonio, concubinato o análoga, contra los hijos del cónyuge o pareja, pupilos e incapaces que se hallen sujetos a la tutela o de custodia de uno o de otro, se le impondrá de 2 a 9 años de prisión y de 20 a 90 días multa”, cita la reforma.
Antes de la aprobación del dictamen, de acuerdo al Código Penal se imponía una pena de uno a seis años de cárcel.
Se perseguirá de oficio
Asimismo, al responsable del delito de violencia familiar agravado se le impondrá de 3 a 12 años de prisión, y de 30 a 120 días multa, supuestos se perseguirán de oficio.
Al presentar el dictamen, la diputada Susana Bermúdez Cano, del PAN, manifestó que la violencia familiar constituye una de las principales manifestaciones de violencia estructural y de género no solo en el país y en el estado de Guanajuato, sino a nivel internacional.
Al respecto, remarcó que no se puede mirar hacia otro lado, pues quienes viven esa realidad, que no se limita solo al daño físico, sino que también se manifiesta con agresiones psicológicas, sexuales, económicas, que generan consecuencias muy graves a largo plazo en la salud mental y el bienestar de las víctimas.
Bermúdez Cano señaló que con la propuesta se incrementan las penas para el tipo básico del delito de violencia familiar y la incorporación de la multa como sanción, así como supuestos agravados.
Externó que, a pesar de los esfuerzos legislativos, no se ha garantizado una sanción efectiva para el agresor, pues al tratarse de un delito que es sancionado con penas que permiten la suspensión condicional del proceso no ha sido suficiente para disuadir al agresor.
Morena respalda propuesta
La diputada Martha Edith Moreno Valencia, de Morena, externó que se atiende una realidad que, aunque a menudo ocurre puertas cerradas, sacude los cimientos más profundos de la comunidad: la familia.
Al respecto argumentó que la norma jurídica no es un instrumento estático, debe evolucionar para mantenerse acorde a la realidad que pretende regular y la realidad actual golpea con cifras alarmantes.
En ese sentido, comentó que entre los años 2016 y 2024 las carpetas de investigación por violencia familiar en el estado se incrementaron con un 43.33% y que más doloroso aún era observar que en el año 2024 más de 3,000 de estas víctimas eran menores de 18 años.
Enfatizó que Guanajuato se sitúa en el cuarto lugar a nivel nacional en incidencia de ese delito, por lo que ante ese panorama el silencio no es una opción, y el estado tiene la obligación ineludible de garantizar vivir en un entorno libre de violencia.
Añadió que la iniciativa busca precisamente establecer una política de cero tolerancia, al proponer un incremento de las penas llevándolas de un máximo de 6 a 9 años en el tipo básico y hasta 12 años en supuestos agravados.
No es una controversia interna: Rolando Alcántar
El diputado panista Rolando Fortino Alcántar Rojas apuntó que la violencia ejercida en el ámbito familiar no puede entenderse como un desacuerdo doméstico ni como una controversia íntima, ajena al interés público, ya que se compromete la vida y la integridad física y psicológica, que constituyen supuestos indispensables para el ejercicio de cualquier otro derecho.
Agregó que la agresión reiterada, la amenaza constante o el control coercitivo no son meras tensiones de relaciones; son conductas que degradan la dignidad humana y colocan a la víctima en un estado permanente de riesgo, miedo y subordinación.
Si reconocemos que la violencia familiar no es un asunto privado, sino una lesión directa a derechos fundamentales, entonces la respuesta del Estado no puede ser declarativa; debe ser jurídicamente consistente, proporcional y orientada a la protección”.
Presenta Morena dos iniciativas, otra vez
Para fortalecer la protección, seguridad e integridad física y emocional de las víctimas del delito de acecho, la bancada de Morena presentó dos iniciativas que buscan la homologación con la reciente reforma en el ámbito federal.
La primera de las iniciativas fue presentada por la diputada María Eugenia García Oliveros, y la segunda por la diputada Edith Moreno Valencia y el diputado David Martínez Mendizábal.
María Eugenia García señaló que “el acto de acechar, implica conductas de acercamiento reiterado como seguir, observar o vigilar a una persona, aparecer en su casa, en su trabajo, en la escuela, conocer sus horarios, sus rutas, así como llamadas telefónicas o el envío de mensajes; todo, sin el consentimiento de la persona afectada, en nuestra sociedad, estas conductas suelen afectar en mayor medida a las mujeres”.
Actualmente en Guanajuato el acecho está previsto en el Artículo 179 del Código Penal con una sanción para quien cometa dicho delito, de tres meses a dos años de prisión y de cinco a veinte días multa.
Con la presente propuesta, se propone incorporar en la sanción de seis meses a dos años de prisión y hasta cuatrocientos días multa.
Cuando la conducta se realice contra una persona menor de edad, adulta mayor, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, la pena aumentará hasta en una mitad, delito se perseguirá por querella.
Segunda propuesta, casi lo mismo
La diputada Edith Moreno Valencia y el diputado David Martínez Mendizábal presentaron un proyecto de reforma donde se propone que se homologue el delito de acecho previsto en el código penal local, con la reciente reforma a nivel nacional.
Los legisladores proponen aumentar penas si la agresión es contra un menor de edad, adulto mayor, persona con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.
Así mismo proponen reformar el artículo 187 relativo al abuso sexual e incorporan nuevas penas a delitos relacionados con estos actos.
La propuesta, reforma al artículo 187 del Código Penal, para establecer que: Comete el delito de abuso sexual quien, sin consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado, un acto sexual sobre ella, la haga ejecutarlo sobre sí o sobre un tercero, o la obligue a presenciarlo.
Se propone que la pena pueda robustecerse con un Artículo 187 bis para agregar: A quien cometa abuso sexual se le impondrá de uno a seis años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida.
Además la propuesta de los legisladores morenistas establece que: Si el acto sexual implica contacto directo con partes íntimas o se realiza con particular degradación, humillación o sometimiento de la víctima, se impondrá de tres a diez años de prisión y multa, delito que se perseguirá de oficio.
¿Cuál es la Ley Valeria?
La Cámara de Diputados federal aprobó por unanimidad la llamada Ley Valeria, una reforma que tipifica el acecho como delito federal y lo sanciona con penas que pueden alcanzar hasta cuatro años de prisión.
Esta Ley toma su nombre del caso de Valeria Macías, cuya denuncia expuso la falta de herramientas legales para frenar el hostigamiento persistente.
Desde 2017, fue víctima de acecho continuo por parte de su agresor, una situación que se prolongó durante años sin medidas de protección efectivas y que evidenció la urgencia de tipificar esta conducta.
La llamada Ley Valeria incorpora al Código Penal Federal el delito de acecho, una conducta que hasta ahora no estaba tipificada a nivel federal, aunque ya se encontraba reconocida en algunos estados del país.
Otra vez duplican iniciativas
No es la primera vez que diputados locales duplican iniciativas, el 29 de enero de este año, Morena presentó iniciativas divididas en un nuevo intento por despenalizar el aborto en Guanajuato. Por un lado, la diputada María Eugenia García Oliveros planteó sólo la modificación del tipo penal; por otro, cuatro de sus compañeras agregaron cambios en cuatro leyes.
Incluso en las propuestas de modificación del Código Penal para el delito de aborto, ambas iniciativas presentan al menos cinco diferencias. La más notoria es la penalización para la mujer, pues una la elimina por completo y otra la mantiene en abortos voluntarios luego de las 12 semanas de gestación.
AVG
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