León.- Aunque no es obligatorio que los municipios realicen una revisión exhaustiva de la información que personas y empresas presentan en su inscripción al Padrón de Proveedores ni en los procesos de asignación de contratos, la verificación del domicilio y la georreferenciación son buenas prácticas que deberían impulsarse en León y en todos los municipios.
Así lo considera el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Guanajuato, Alejandro Armando Ramírez Zamarripa.
El especialista reconoció también que, de manera generalizada, los municipios presentan justificaciones “débiles” durante la elección de proveedores. Que se supone se eligen con base en las mejores condiciones en calidad, precio y oportunidad, si bien hay otros criterios, que deben quedar definidos a detalle en el expediente.
“(En el CPC) hemos hecho algunos ejercicios de transparencia en compras públicas durante muchos años y muchas veces en las órdenes de compra no hay una justificación del por qué se selecciona a esos proveedores. (…En una compra) invito a seis y de esos seis, escojo tres, que son los que, digamos, pasan a ser el cuadro comparativo.
“Pero no hay una justificación de por qué elegimos a esos tres o a esos seis. Ahí es donde yo creo que están fallando los controles. ¿Por qué? Porque debería de hacerse una justificación de por qué estos tres”.
Empresa Office and Publicity MDF
Esto, en referencia al reportaje que AM publicó el lunes sobre las presuntas irregularidades con las que habría estado operando la empresa Office and Publicity MDF. Que recibió al menos 12 contratos para proveer a la administración de Alejandra Gutiérrez Campos con artículos como mochilas y uniformes, con un monto total superior a los 7.3 millones de pesos. El Municipio anunció que inició una investigación por el caso.
Alejandro Ramírez también advirtió que tanto los Órganos internos de control como instancias de revisión de cuentas (los Consejos ciudadanos y el propio CCPC del SEA), deben revisar sí, casos individuales, como fue el caso de esta presunta “empresa fachada”, pero igual de importante es revisar los patrones en la asignación de contratos.
“Nosotros (CPC) hemos encontrado en instituciones que se quedan 1 mil pesos abajo, en obra pública principalmente, 1 mil pesos abajo (de los montos que separan la adjudicación directa de la licitación pública). Hacen un contrato primero de, no sé, 100 mil pesos y luego hacen una ampliación y esa ampliación la dejan 1 mil pesos abajo. Qué casualidad que todos tus proyectos constructivos son 1 mil pesos abajo, ¿no? Entonces ahí el patrón es diferente”.
Más que legalidad, ética
El presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEA advirtió que, al realizar un contrato es indispensable proporcionar el domicilio de los involucrados (personas o empresas).
“Lo que la ley sí pide es que haya un domicilio en la ciudad, para hacerle las notificaciones o algún tipo de situaciones que pudieran darse en el caso de los contratos. Entonces, hay algunos padrones, ya que han tomado como buena práctica el hacer una georreferenciación.
“O sea, (personal del Municipio) no pueden verificar tu domicilio, pero para inscribirte te piden que hagas una captura en Google Maps y lo puedas entregar como para ellos verificar de dónde están hablando”.
Ramírez Zamarripa advirtió también que, en el caso particular del municipio de León, desde el Comité de Participación “hemos hecho algunas revisiones, con alumnos de universidades y es muy común que se señalen domicilios que no corresponden a los domicilios fiscales ni a los domicilios comerciales de las empresas que participan. Digamos, es una práctica común”.
Asignación de domicilios
Lo mismo pasa con constructoras que asignan sus domicilios a terrenos baldíos, lo que no es propiamente una ilegalidad, pero sí una práctica que mina (la certeza jurídica) o promueve prácticas no éticas.
Sin embargo, dijo, son situaciones toleradas como parte de un ambiente, de un ecosistema (administrativo), pues es complicado operativamente para los municipios, tal como para la Secretaría de Hacienda -a través del SAT-, dar seguimiento a cada registro empresarial.
Comentó que el CPC sí ha detectado ciertas situaciones que han ameritado recomendaciones generales a las instituciones, sin embargo, en ocasiones, la contestación ha sido que no pueden sancionar porque, sencillamente, la acción no es formalmente una ilegalidad. Y al ser recomendaciones “no vinculantes”, no son obligatorias.
No obstante, siguen trabajando en planes anti impunidad en compras públicas. “Mientras no sepamos dónde tenemos el error, no sabemos cómo corregir la falla”, que se puede empezar con un diagnóstico de impunidad en el proceso de compras públicas.
Investigación, una oportunidad
Por su parte, René Solano Urban, integrante ciudadano del Comité de Adquisiciones del Municipio, propuesto por el Consejo Coordinador Empresarial de León, consideró un acierto que se haya iniciado un proceso para clarificar el caso “empresa fachada”.
“Celebro que, ante cualquier señalamiento, se haya iniciado una investigación por parte de las autoridades competentes, ya que esto fortalece la confianza institucional y permite revisar, en su caso, posibles áreas de mejora”, y que puede servir “para evolucionar y fortalecer el sistema, consolidando a León como un referente en compras públicas transparentes y competitivas”.
En un comunicado enviado a AM, Solano Urban dijo que desde su cargo honorario ha promovido las mejores prácticas, la ética y la transparencia, abonando a que “los procesos sean cada vez más robustos, incorporando no solo controles documentales, sino también mecanismos que fortalezcan la validación operativa de los proveedores”.
Al explicar el funcionamiento del Comité de Adquisiciones, aseguró que los procesos de contratación pública en León no son discrecionales, pues se sustentan en un Programa Anual de Adquisiciones, que incluye calendarios, validaciones técnicas, presupuestos definidos y procedimientos establecidos conforme al reglamento, respetando los procesos competitivos como es la licitación pública y restringida.
Y que aunque la función del Comité, como órgano colegiado, es analizar, opinar y votar con base en expedientes técnicos, administrativos y legales, no tienen atribuciones para investigar de manera directa la operación interna de las empresas más allá de la información que presentan las áreas correspondientes del Municipio.
Morena y PRI exigen investigar a fondo actuación notarial
El senador Emmanuel Reyes Carmona, de Morena, advirtió que la contratación de una empresa fachada, sin presencia real ni actividad verificable, con socios que desconocen su participación, domicilios inexistentes o falsos y un patrón sistemático de asignaciones directas, es claramente un mecanismo diseñado para desviar recursos públicos.
“Esto no es eficiencia administrativa. Esto huele a empresa fachada, a un mecanismo diseñado para desviar recursos públicos bajo la protección de un sistema que prefiere no preguntar”, expuso el legislador federal.
Agregó que no se trata de cumplir requisitos en papel, sino de garantizar que el dinero público no termine en redes de corrupción.
“Lo ocurrido en el Municipio de León no es un error administrativo. Es una muestra clara de cómo opera la simulación cuando se gobierna sin ética y sin compromiso con la transparencia”, subrayó.
Llamada de atención a autoridades
Por su parte el diputado local Alejandro Arias Ávila, coordinador de la bancada del PRI, consideró que este caso expuesto por AM, debe ser una llamada de atención a las autoridades para que revisen el modus operandis de quienes, de manera fraudulenta, consiguen beneficios “legales” con contratos, sin que se sepa quiénes son los verdaderos dueños de las empresas.
Alertó que pudiera haber una violación a la ley fiscal. Dado que hay personas mencionadas como socias o como parte del acta constitutiva quienes dicen desconocer su participación en ella. Asimismo, cuestionó el acto notarial.
“¿Cómo se llevó a cabo el acto notarial de conformación de esa empresa?, es decir, la Ley del Notariado obliga al notario dar fe de un hecho donde tiene que tener presente a las personas para que entreguen su documentación”, dijo.
Enfatizó que “alguien está haciendo eso y la verdad es que huele mal la integración, huele mal la participación de diferentes instancias como lo de los notarios”.
Y para Arias está claro que es un modus operandi que se utiliza por quienes no quieren aparecer con su nombre.
Respuesta del municipio, insultante: Emmanuel Reyes
El senador Emmanuel Reyes afirmó que cuando una autoridad se niega a ver lo evidente, deja de ser omisa y se vuelve corresponsable”.
“Estamos frente a un caso profundamente indignante. Una empresa que recibe más de 7.3 millones de pesos en contratos públicos, donde 11 de 12 fueron por adjudicación directa, y cuyos supuestos socios -incluida una mujer en condición vulnerable- ni siquiera sabían que formaban parte de ella”.
Cuestionó si ¿de verdad quieren hacernos creer que aquí no pasa nada?
“El argumento del Municipio es insultante: dicen que ‘cumplía con los requisitos’ y que no les corresponde revisar más allá. Eso no es legalidad, eso es complicidad institucional”.
AM publicó este martes que la Contraloría del Municipio de León inició la investigación CM/DCS/037/2026 por el caso de la presunta empresa fachada que le vende diversos artículos al Gobierno municipal mediante 12 contratos que superan los 7.3 millones de pesos, según publicó AM este lunes.
Para el senador Emmanuel Reyes, el gobierno panista de León no solo evade responsabilidad, sino que normaliza la opacidad.
“Pretenden convencernos de que cumplir con un trámite es suficiente, aunque detrás haya irregularidades evidentes”, dijo.
Apuntó que el PAN en León ha fallado en lo más básico: proteger los recursos de la gente. “Y cuando un gobierno pierde ese principio, pierde toda autoridad moral”, acotó.
Exigió una investigación a fondo, la revisión completa de los contratos otorgados, la intervención de las autoridades fiscalizadoras y, de ser necesario, de la Fiscalía.
“Porque el dinero público no es propiedad de un partido ni de un gobierno. Es de la gente. Y la gente merece respuestas, no evasivas”
Que se investigue al notario
El diputado Alejandro Arias comentó que pese a que no se desprende un daño al erario del municipio, porque así lo afirma la autoridad al señalar que los contratos se han cumplido en tiempo y forma, el asunto es que la Contraloría debería pedir que se revise la actuación notarial.
“Entonces hay ahí un elemento de violación o de presunción de violación a la ley fiscal, a una autoridad fiscal. Y luego el otro elemento, es cómo se llevó a cabo el acto notarial de conformación de esa empresa.
“¿Quién dio fe pública sobre eso? Y pues se supone que si las personas que dicen desconocer ser parte o no ser parte de esa empresa, tienen a salvo su derecho de presentar la denuncia penal correspondiente”, subrayó.
Para el diputado Arias, ese es un elemento que la Contraloría debería dar parte a la autoridad fiscal. Y a la autoridad estatal para que revise la actuación del notario.
Finalmente consideró que es difícil que el Municipio pueda estar revisando cada uno de los contratos con las empresas que firma, porque si no, entonces para qué sirve la fe pública.
Apuntó que este esquema no es fortuito. Sino que es una práctica común que se ha visto, de que las oficinas de ciertas empresas son casas viejas, abandonadas o que no representan tal cosa.
AM
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