Guanajuato.- La situación de seguridad en Guanajuato no solo es grave por la cantidad y el tipo de agresiones contra periodistas y buscadoras, asesinatos y desapariciones, en la entidad también prevalece un ambiente hostil y una permisividad frente a la violencia letal que exigiría una actuación mucho más diligente por parte del Estado para prevenir y evitar que estos hechos continúen ocurriendo.
Así lo advirtió Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica.
A los casos registrados en 2025 en Guanajuato, con dos asesinatos de periodistas y la desaparición de dos hombres que buscaban a sus familiares, así como una desaparición de corto plazo y una tentativa de homicidio contra periodistas, podría sumarse ahora el asesinato de dos buscadoras en Salamanca, madre e hija, ocurrido el 10 de mayo, caso sobre el que la organización aún recopila indicios para determinar si existe relación con su labor de búsqueda.
“Todavía hasta antes del asesinato de ellas hay una cifra escalofriante de personas buscadoras desaparecidas y asesinadas. Estamos hablando de 44 de 2010 a la fecha: 18 durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y 15 en lo que va del de Claudia Sheinbaum.
“Tenemos 12 en Guanajuato, estado por mucho donde más han sucedido asesinatos y desapariciones de personas buscadoras. Lo consignábamos en nuestro informe”, señaló.
Indicó que ante estos hechos corresponde actuar no solo al Gobierno de Guanajuato, sino también a la Federación y a los municipios.
“Esto debe ser un problema de Estado en su conjunto”, sostuvo.
El director regional de ARTICLE 19 hizo referencia al informe anual titulado “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”, en el que la organización analiza el estado de la libertad de expresión, el acceso a la información y la violencia contra la prensa en México, así como en Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua.
En entrevista con AM, previa al ataque ocurrido en Salamanca, Leopoldo Maldonado reflexionó sobre los hallazgos del informe.
“Nos preocupa mucho porque cuando empezamos a ver un patrón que no es atendido debidamente por las autoridades, sabemos que incluso existe el Consejo de Protección a nivel estatal, pero si no se adoptan políticas de prevención frente a esta realidad, es preocupante.
“Lo que hacemos como ARTICLE 19 es mostrarla y diagnosticarla precisamente para que haya una respuesta por parte del Estado. Pero si las autoridades no acusan recibo y no implementan una política pública eficaz para prevenir, evidently esta situación se va a seguir presentando”, advirtió.
El sábado fueron asesinadas Patricia Acosta Rangel y Katia Citlali Jáuregui Acosta, integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Ambas buscaban a Miguel Ángel Jáuregui Acosta, hijo y hermano desaparecido en 2024 y cuyos restos fueron localizados en 2025.
Necesario investigar grados de responsabilidad
Leopoldo Maldonado destacó que, en los casos de violencia letal, generalmente existe participación de grupos del crimen organizado, aunque eso no excluye posibles responsabilidades de autoridades.
“Por lo general, tienen mayor protagonismo los grupos del crimen organizado, pero eso no significa que no haya cierta complicidad de las autoridades, incluso que hayan participado como autores intelectuales o que la propia permisividad o la falta de debida diligencia en las investigaciones también les genere responsabilidad”, explicó.
El activista mencionó que el informe identifica una “nebulosa” en diversos casos de asesinato y desaparición, donde se difumina la frontera entre el Estado y el crimen organizado.
“Por lo general, el autor material sí es una persona que trabaja o pertenece a un grupo criminal. El problema es que, como las investigaciones no llegan a fondo, no se logra fincar responsabilidad sobre los autores intelectuales y es ahí donde generalmente convergen intereses criminales y políticos”, señaló.
El director de ARTICLE 19 también habló sobre otro tipo de agresiones contra la prensa, relacionadas con un “ambiente hostil”, como campañas de desprestigio, estigmatización y linchamiento mediático y digital.
Afirmó que este fenómeno es una tendencia generalizada tanto en México como en otros países de la región.
“La gran mayoría de estas agresiones provienen de autoridades”, aseguró.
Entre ellas mencionó presiones hacia medios de comunicación, incluido el retiro de publicidad oficial. Recordó que Guanajuato ocupó el primer lugar nacional en presupuesto estatal destinado a publicidad oficial en 2024, con 756.5 millones de pesos.
“Muchas veces la publicidad funciona como un mecanismo de censura indirecta, ya sea como premio o como castigo, dependiendo de la línea editorial”, indicó.
Advirtió que cuando se publica información que afecta intereses políticos o fácticos, pueden desencadenarse campañas de desprestigio, demandas judiciales o incluso agresiones físicas y violencia letal, lo que termina generando autocensura.
“Lo que está pasando es que se está diversificando y sofisticando la violencia contra la prensa”, alertó.
Finalmente, Leopoldo Maldonado hizo un llamado a las autoridades para cumplir con su obligación de respetar, garantizar y proteger la libertad de expresión y de prensa.
“También hacemos un llamado a la sociedad para que abrace al periodismo porque es fundamental en una democracia. No es normal este nivel de violencia contra la prensa”, conclució.
Guanajuato entra al Top 10 nacional de violencia contra la prensa: Artículo 19
El 9 de mayo AM publicó que durante 2025, en Guanajuato se registraron quince agresiones de cuatro indicadores de censura a la libertad de prensa: Abuso del poder público, Graves violaciones a Derechos Humanos, Ataques y violencia física, y Ambiente hostil, que lo colocan al final del Top10 de entidades federativas en México con dicha problemática.
Esto, de acuerdo al informe anual presentado por la organización ARTICLE 19 titulado “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”, que brinda un análisis integral del estado de la libertad de expresión, acceso a la información y la violencia contra la prensa en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua.
Aunque Guanajuato aparece en la posición 10, no significa que la situación haya mejorado, más bien, que las agresiones contra periodistas y personas buscadoras se han ido sofisticando, explicó Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, en entrevista con AM.
“El Estado con más violencia letal en contra periodistas: registró dos de los siete casos, un caso de desaparición de corto plazo y una tentativa de asesinato de periodistas”.
Maldonado se refiere a los asesinados del reportero Kristian Uriel Martínez en Silao y del comunicador Raúl Irán Villarreal Belmont, de San Luis de la Paz, crímenes que el informe considera como graves violaciones a los derechos humanos.
De igual manera se considera la desaparición de dos buscadores: José Francisco Arias Mendoza “Don Panchito” en Irapuato, y de José Juan Arias Corona, papá del adolescente Juan José, también desaparecido meses antes en un operativo de elementos militares y de la Guardia Nacional, en Salvatierra.
Afirmó que más allá de números absolutos, las 15 agresiones registradas en Guanajuato muestran la gravedad de la situación por el tipo de incidentes (asesinatos), “lo cual implica una acción mucho más acuciosa del estado para evitar que siga sucediendo”, pero también para prevenirlo.
HLL
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