León.- El diputado local Jorge Espadas Galván, del PAN, adelantó que buscarán una reunión con el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste para plantear posibles modificaciones al Código Penal del Estado.
El objetivo, explicó, es sancionar con mayor eficacia a quienes cometan fraudes mediante la venta irregular de lotes.
De acuerdo con Espadas, se busca actuar contra aquellas personas “que venden una, dos, tres o hasta cuatro veces lotes irregulares, que cometen fraude en perjuicio de las personas que más necesidades tienen”.
Sin precisar el número de casos de fraude detectados, el legislador planteó la posibilidad de incrementar las sanciones contra quienes realizan estas prácticas.
Contra fraude inmobiliario en Guanajuato, alistan ley de predios
En rueda de prensa del PAN estatal, Espadas también refirió que la iniciativa de Ley para la Regularización de Predios podría ser aprobada antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso, el 25 de junio.
Explicó que la propuesta busca brindar certeza jurídica a miles de familias que habitan en asentamientos irregulares y que, por esa condición, enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos como agua potable, drenaje y electrificación.
Indicó que la nueva legislación establecerá un procedimiento claro para regularizar predios que cumplan con determinados requisitos y permitirá acelerar procesos que actualmente pueden tardar décadas.
Entre los requisitos se establece que las viviendas no se encuentren sobre ductos de Pemex, ya que en esos casos no podrían regularizarse.
También se requiere que el asentamiento tenga una antigüedad mínima de cinco años, cuente con algún tipo de infraestructura, como tomas comunitarias de Sapal, y que la superficie esté libre de gravámenes que afecten el derecho de posesión.
Asimismo, se contempla que al menos el 30 % de los lotes estén ocupados.
¿Qué busca la ley contra fraude inmobiliario en Guanajuato?
Que los habitantes de predios irregulares puedan contar con escrituras y la tranquilidad de tener su patrimonio protegido por la ley
Que se pueda tener acceso más fácil a servicios básicos, incremento en el valor de las propiedades y la posibilidad de heredar de manera legal.
Diputado panista propone crear registro público de notarios sancionados
A finales del año pasado, el diputado federal panista, Miguel Salim, presentó ante la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para exhortar a los 32 gobiernos estatales y a los Colegios de Notarios del país a crear un registro público de notarios o exnotarios que hayan hecho mal uso del Fíat.
El punto de acuerdo también exhorta que el registro público de notarios cuente con aquellos profesionales que tengan una sentencia firme por incumplir sus obligaciones o actuar en contra de la fe pública.
Miguel Salim afirmó que el objetivo del registro público de notarios es dar certeza y transparencia a la ciudadanía para que cualquier persona pueda conocer si el notario con el que está realizando trámites ha sido sancionado de manera definitiva por conductas indebidas en el ejercicio de sus funciones.
Creación y difusión del registro público de notarios
El punto de acuerdo exhorta a los poderes ejecutivos de los estados a desarrollar y poner en marcha este registro público de notarios, accesible para la ciudadanía y, a los Colegios de Notarios, a difundir y mantener actualizado dicho registro, en apego a sus atribuciones y bajo un principio de transparencia proactiva.
Salim enfatizó que es necesario dar este paso para que la gente que solicite los servicios de un notario se sienta tranquila y satisfecha. “Este registro es para cuando alguien vaya a escoger un notario, diga, a ver aquí está la lista negra y revisar si este notario está o no está en la lista”, apuntó.
El legislador panista señaló que lo que se busca es que la gente tenga información clara y accesible: “Un registro nacional permitiría identificar a quienes han recibido una sentencia firme por violar la confianza que el Estado y los ciudadanos les otorgaron”.
Subrayó que la propuesta no afecta a los notarios que cumplen con la ley, sino que busca proteger a la ciudadanía y fortalecer la confianza en la función notarial, defendiendo la fe pública y garantizando que quienes han recibido sanciones firmes no puedan seguir afectando a las personas.
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