Guanajuato.- En el estado de Guanajuato se tienen identificados 501 centros de rehabilitación para personas con adicciones (anexos particulares), una cifra superior en 55 % a los 323 que la Secretaría de Salud había reconocido en abril pasado.
De este total, 501, solo uno está certificado bajo la norma oficial mexicana (NOM-028). Es el de “Sirviendo a Dios” en la colonia Cerrito de Jerez, que apenas el año pasado recibió su constancia. Además, hay otro anexo certificado, en la categoría de Establecimiento con servicios profesionales de salud mental, manejado por la Secretaría de Seguridad y Paz. Se trata del Centro de Rehabilitación Anexo al Centro de Internación para Adolescentes.
Además de los anexos particulares – de internamiento y ayuda mutua- en Guanajuato se cuenta con nueve Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, los CECOSAMA, a cargo de la Secretaría de Salud estatal. Y en León se cuenta también con un Centro de Atención Integral en Adicciones, CAIA. Sin embargo, estos no son propiamente anexos, pues el tratamiento es ambulatorio.
Estiman que serían siete veces más
Para Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), la cifra actualizada por el gobierno sigue muy lejos de la realidad, pues por su contacto con fundadores y administradores de anexos en todo el estado, estima que estos espacios serían por lo menos siete veces más.
“En todo el estado, hay un promedio de 3,500 a 4,000 centros de rehabilitación. En León hay más de 350 centros”.
Sin embargo, la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) reconoce 177 en la ciudad, según cifras compartidas con AM. CRUB estima 400.
El de Guanajuato no es un caso aislado: como en el resto del país, la gran mayoría de los llamados “Establecimientos de estancia temporal con programas de Ayuda Mutua” es decir, los anexos particulares con internamiento, no cumplen la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999 y por tanto, no aparecen en el Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales, actualizado al 4 de mayo de 2026.
Guanajuato llegó a tener nueve centros (sumadas ambas categorías) en el listado de 2023, pero el año pasado se redujo a cuatro y a la fecha, son solo dos. Esto, a pesar de que en septiembre de 2025 la Federación cedió a los estados la facultad para realizar las visitas físicas a los anexos para inspeccionar las instalaciones y diagnosticar su condición, si bien, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) conserva el poder de decidir sobre la certificación.
En el caso de Guanajuato, las revisiones habrían iniciado en febrero pasado.
Revisión y competencias
Una ficha informativa enviada por la Secretaría de Salud de Guanajuato a AM, indica que esta dependencia ya realizó visitas de verificación en 408 de los 501 centros detectados, por parte de la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios y que para el resto, 93, las tienen programadas.
“La programación de visitas (…) se desarrolla de manera continua, con el propósito de fortalecer la cobertura de vigilancia sanitaria y brindar orientación para el cumplimiento de las disposiciones oficiales aplicables”, indica Salud estatal.
“Estas acciones tienen como objetivo contribuir a que los servicios dirigidos a personas con problemas de consumo de sustancias se otorguen en establecimientos que cumplan con la normatividad vigente, privilegiando condiciones adecuadas de atención, infraestructura, funcionamiento, seguridad y protección de la salud”.
En un segundo comunicado de prensa, la SSG recalcó que la certificación de un anexo por parte de Conasama “no es un trámite automático, sino un procedimiento que inicia únicamente a solicitud expresa del establecimiento interesado, el cual debe acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la autoridad federal”.
Y explicó que los establecimientos que ya contaban con este reconocimiento no lo perdieron propiamente, sino que concluyó su vigencia en estos meses.
Los fundadores de anexos
La Secretaría de Salud de Guanajuato aclaró que actualmente, cuatro centros han solicitado su incorporación al nuevo proceso y se encuentran en etapa de evaluación.
Una de ellas es la iniciada por Paulino Sánchez, director de los centros de rehabilitación La Búsqueda y La Magdalena en León, que fueron de los pocos anexos que lograron certificación en el estado. Dijo que ellos metieron su solicitud de renovación desde inicios de año, pero hasta el momento no han tenido la visita de Salud Mental estatal.
Paulino Sánchez comentó que comprenden que si no ha ocurrido, es debido a sus tiempos y organización de dicho personal, pero que están preparados.
Mientras que José Juan Aguirre Oviedo, director general de Sirviendo a Dios, dijo que en su momento, la solicitud original con Conasama tardó dos años en concretarse, pero que confiaba en que con la revisión estatal se agilizaría el trámite, que ellos iniciaron hace unos tres meses.
Comentó que como hay muchos centros de rehabilitación clandestinos es difícil saber exactamente cuántos hay, pero que, al menos en el caso de León, los 177 que mencionan las autoridades son una cifra que se queda corta, pues estima que serían al menos 250 solo en el municipio, pero en total serían unos 500 en todo el estado.
Advirtió que el patrullaje de la policía municipal es una herramienta vital para la detección de estos centros, “pero sería un trabajo coordinado: sociedad civil con gobierno del estado con el municipal, hacer un padrón de los centros que sí quieren hacer las cosas bien”.
Pero que en todo caso, no es válido cerrar ningún anexo, mejor invitarlo a que se regularice y que siga brindando apoyo a las personas con alguna adicción, un trabajo que deberían estar haciendo las autoridades y que, de momento, se están ahorrando.
El pastor “Pepe” urgió a crear un sistema de prevención de adicciones, desde las escuelas y las colonias, y no solo reaccionar (a medias) ante quien ya cayó.
Por su parte, Nicolás Pérez, de CRUB, lamentó que León sea uno de los municipios “más cuadrados” en cuestión de trámites para los centros de rehabilitación, y que, amparado en esta autonomía, el Gobierno estatal no pueda apoyar a los anexos.
También lamentó que dentro del Estado haya quien quiera politizar el tema de las adicciones, algo tan doloroso y complejo para los pacientes y sus familias.
“Nosotros no nos politizamos, no nos vendemos con ningún pinche partido. Entonces aquí la cosa es que volteen a ver a las verdaderas víctimas, a quienes han sufrido el arrebato de un familiar, la disappearance de un familiar, en ocasiones hasta el patrimonio que le ha quitado el crimen organizado.
“La situación es muy difícil, necesitamos que el gobierno se ponga a trabajar y no ande chingando con que las regularizaciones”.
Concluyó que para una rehabilitación “en nada ha beneficiado” un centro de rehabilitación regularizado.
Los otros centros: Cecosama y CAIA
Además de los anexos particulares, en Guanajuato se cuenta con los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, los Cecosama, a cargo de la Secretaría de Salud estatal. Son unidades que brindan servicios gratuitos, orientados a prevenir y en su caso, atender, el uso y abuso de sustancias adictivas de manera ambulatoria, es decir, que los pacientes reciben su terapia y regresan a sus casas, son de seis a ocho sesiones, en un proceso que dura de cuatro a seis meses..
En los Cecosama laboran psicólogos, médicos y trabajadores sociales, especializados en la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.
En León, además, se cuenta con un Centro de Atención Integral en Adicciones –CAIA-, ubicado en la antigua carretera León–San Francisco del Rincón, en la colonia San Pedro del Monte.
Falta definición de política pública
Pero no solo hay un déficit de centros de rehabilitación, también hay un retraso de 19 meses en la definición de una política pública de prevención y tratamiento de las adicciones.
En noviembre de 2024, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo anunció la futura plataforma ‘Vive Sin Adicciones’, el nuevo modelo de prevención que sustituiría y ampliaría el programa Planet Youth, la apuesta contra el abuso de drogas en el sexenio pasado.
La Mandataria estatal aseguró en esa ocasión que, tras cinco años de implementación de Planet Youth “se han encuestado más de 214 mil estudiantes de más de 1,700 secundarias; esta información nos ha permitido saber a detalle, en qué zonas y escuelas se hace menos deporte y (dónde) hay factores de riesgo, así como el consumo de drogas lícitas e ilícitas”.
Agregó que con estos resultados se articuló una estrategia de prevención, centrada en 4 áreas clave: la familia, el entorno escolar, el grupo de amigos, y el uso del tiempo libre, que se abordarían para crear entornos saludables, actividades culturales y deportivas en espacios seguros.
La plataforma ‘Vive Sin Adicciones’ estaba en desarrollo desde 2024 y liberaría datos georreferenciados en este tema y tendría herramientas de inteligencia artificial. Pero a la fecha no se ha publicado.
En una entrevista con José Felipe Carranco Escalona, coordinador general de Salud Pública de la SSG, publicada en mayo pasado en AM, el funcionario rechazó que “Planet Youth” haya sido un fracaso. Este año 2026, la estrategia “Vive sin Adicciones” tiene un presupuesto inicial de cinco millones de pesos. Comparativamente, durante sus cinco años, se gastó en Planet Youth al menos 300 millones de pesos.
HLL
