Guanajuato.- En medio del debate nacional sobre la posibilidad de endurecer las sanciones contra adolescentes que cometan delitos de alto impacto, el fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, consideró que es momento de analizar el tema.
Sin embargo, aclaró que cualquier propuesta legislativa correspondería al Congreso. Por su parte, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo aseguró que su Administración apostará por la prevención, en lugar de promover sanciones más severas.
El debate resurgió a partir de la propuesta del alcalde de Corregidora, Querétaro, Josué David Guerrero Trápala, quien busca que adolescentes de entre 15 y 17 años reciban penas equiparables a las de los adultos cuando cometan homicidio doloso, feminicidio, violación o secuestro.
El 15 de julio, Guerrero Trápala entregó el proyecto al grupo parlamentario del PAN en el Senado. El coordinador de la bancada, Ricardo Anaya Cortés, informó que el documento será analizado durante su próxima reunión plenaria antes de determinar si se integra a la agenda legislativa.
“Esta iniciativa ya se encuentra en análisis en el Congreso de Querétaro y hoy damos un paso más para abrir la discusión a nivel nacional”, manifestó el Alcalde.
Anaya Cortés declaró que su partido estudiará la propuesta con “enorme responsabilidad” y planteó la posibilidad de realizar un parlamento abierto con especialistas en derecho penal, sociología y psicología.
Ambos se refirieron a un caso ocurrido en Baja California, donde adolescentes fueron señalados por el homicidio de un conductor de plataforma. De acuerdo con los promoventes, las sanciones que podrían recibir generaron protestas y reabrieron la discusión sobre el sistema de justicia penal para adolescentes, debido a que en este caso podrían estar internados hasta de tres y cinco años.
Fiscal plantea analizarlo
“Ya lo he comentado. Desde mi visión personal, creo que ya viene siendo momento de que se analice, pero realmente quien tiene que revisarlo, estudiarlo y decidirlo es el honorable Congreso. Es tarea de ellos”, respondió Vázquez Alatriste al ser cuestionado por AM.
Al preguntarle si promovería una propuesta sobre el tema, respondió:
“Creo que ya es hora de irlo pensando. La decisión la van a tomar ellos”.
El Fiscal emitió estas declaraciones el 23 de julio, durante una atención a medios al término de un evento estatal en San Felipe.
Actualmente, el artículo 18 de la Constitución establece un sistema especializado para las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 a quienes se atribuya la comisión de un delito.
Por este motivo, una modificación para que adolescentes sean procesados como adultos no podría ser resuelta únicamente por el Congreso de Guanajuato, sino que requeriría cambios en el ámbito federal.
Gobernadora apuesta por la prevención
La gobernadora Libia García priorizó las acciones destinadas a evitar que niñas, niños y adolescentes participen en actividades delictivas, en lugar de aumentar las sanciones.
“Lo importante es seguir trabajando desde la prevención. Esa es más bien nuestra apuesta. Estamos trabajando muy fuerte en el fortalecimiento familiar a través de la red que tiene el DIF estatal, y a través de la Secretaría de Educación, con escuela para padres y la formación en valores para nuestros niños y jóvenes”, declaró.
Explicó que el objetivo es que las juventudes y las infancias cuenten con herramientas para tomar decisiones conscientes y responsables. También llamó a madres y padres de familia a asumir su responsabilidad en la formación de sus hijos.
“No estoy convencida de que sean sanciones más severas las que nos van a permitir inhibir que los jóvenes participen. Es atender desde las causas lo que está ocurriendo en Guanajuato y, por supuesto, también cerrarle el paso a aquellos que buscan corromper a las juventudes”, expresó.
Reportan 522 adolescentes procesados en 2026
En lo que va de 2026, 522 personas menores de edad han sido procesadas por presuntas conductas delictivas en Guanajuato, informó la Fiscalía General del Estado.
Del total, 461 son hombres y 61, mujeres.
Por otra parte, una solicitud de información al Poder Judicial del Estado reveló que durante 2025 concluyeron los procesos judiciales de 483 adolescentes.
La respuesta no especifica el género de las personas procesadas, pero señala que los principales delitos investigados fueron contra la salud, lesiones, portación de armas de fuego, daños, violación y homicidio.
El caso de “El Mudo”
El homicidio de dos mujeres cometido en 2021 por un adolescente de 15 años generó indignación y cuestionamientos sobre las sanciones previstas en el sistema de justicia penal para adolescentes.
Jonathan Israel, alias “El Mudo”, recibió una medida de internamiento de un año mediante un procedimiento abreviado, después de declararse responsable de homicidio calificado.
El doble crimen ocurrió la tarde del 12 de julio de 2021, en el estacionamiento de una tienda Walmart ubicada en el bulevar Torres Landa, en la colonia El Tlacuache, en León.
Las víctimas fueron una mujer de 44 años y su hija, de 25. En el ataque también resultaron heridos un niño y un bebé.
Momentos después, Jonathan Israel fue detenido en un terreno baldío cercano al supermercado, luego de que sus presuntos cómplices lo abandonaron.
En septiembre de 2022 fue sentenciado a un año de internamiento por homicidio calificado. La resolución generó inconformidad y llamados de autoridades estatales a revisar las sanciones aplicables a adolescentes.
Posteriormente, Jonathan Israel volvió a ser detenido en varias ocasiones por presuntos delitos relacionados con drogas.
El 17 de septiembre de 2022 fue detenido con 226 dosis de una sustancia con características de cristal y 5 mil 200 pesos, presuntamente obtenidos por la venta de droga.
Un juez lo vinculó a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio, y ordenó su ingreso al centro especializado para adolescentes.
Cuarenta y ocho días después, la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León informó sobre otra detención relacionada con presunto tráfico de drogas.
En octubre de 2023, Natasha, de 38 años, resultó gravemente herida durante un ataque armado presuntamente dirigido contra “El Mudo”, quien logró escapar.
La agresión ocurrió en la calle San Paulo, de la colonia Las Trojes, cuando la mujer acomodaba cajas de huevo en una tienda de abarrotes.
Dos meses después, el 22 de diciembre de 2023, Jonathan Israel, quien ya tenía 18 años, fue asesinado.
El ataque ocurrió alrededor de las nueve de la noche, en la calle Herreros, de la colonia Palomares, donde hombres armados le dispararon en varias ocasiones.
No hay iniciativas en el Congreso local
Aunque el debate ha resurgido por distintos casos de alto impacto en el País, en el Congreso de Guanajuato no existe actualmente una iniciativa para modificar las sanciones aplicables a adolescentes, de acuerdo con legisladores consultados por AM.
El diputado del PRI Alejandro Arias Ávila señaló que su bancada analizará la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes para determinar si es viable endurecer las sanciones por conductas graves.
Arias Ávila indicó que cualquier persona que cometa un delito debe enfrentar una consecuencia jurídica, aunque las personas menores de 18 años se encuentran sujetas a un sistema especializado.
“A lo mejor tendría que hacerse algún planteamiento de modificación a la ley para adolescentes, porque evidentemente muchos grupos de la delincuencia organizada utilizan a adolescentes para cometer delitos, sabiendo que tienen un impacto menor.
“Sí tendría que haber un debate en el sentido de endurecer las penas a los adolescentes que cometan algún delito de esta naturaleza”, sostuvo.
Al preguntarle si el tema formaría parte de la agenda legislativa del PRI, respondió que primero deberán revisar los elementos jurídicos y determinar la viabilidad de una propuesta.
Morena pide atender las causas
El diputado David Martínez Mendizábal, de Morena, consideró que antes de aumentar las sanciones debe revisarse el funcionamiento de instancias como el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y los organismos estatales.
El legislador se refirió al caso de un adolescente de 13 años señalado por agredir sexualmente a una niña de 10 y arrojarla desde un puente.
“Son casos muy complicados de juzgar y de legislar. Hace 30 años, en la Ciudad de México, Guadalupe Loaeza escribió un cuento sobre una mujer que no tenía para darles de comer a sus hijos, subió a una azotea y los arrojó. Lo que decía Guadalupe Loaeza es que, en lugar de buscar algo penal para la señora, deberíamos pedir perdón”, relató.
Agregó que resulta lamentable que un adolescente de 13 años cometa una conducta de esa gravedad.
“Se conjugan factores económicos, sociales, educativos y familiares. Estoy convencido de que este tipo de casos tienen que legislarse con perspectiva de infancias”, añadió.
Martínez Mendizábal consideró que el adolescente debe enfrentar una consecuencia, pero también recibir atención que le permita reconstruir su conducta.
“Para casos tan particulares no se puede legislar. Estamos obligados a legislar sobre casos generales. Habría que revisar si las medidas previstas por la ley son suficientes o si las instituciones encargadas de rehabilitar a los adolescentes están cumpliendo su función”, expuso.
Afirmó que el funcionamiento de las instituciones es más importante que aumentar las penas o reducir la edad penal.
“El funcionamiento institucional, que tiene que ver con los sistemas integrales de protección a las infancias, es lo que debe cuestionarse: si están haciendo lo indispensable o no, tanto para prevenir como para atender estos casos tan lamentables”, concluyó.
El sistema vigente
La Constitución y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establecen un régimen especializado para personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18.
Las personas menores de 12 años no pueden ser sometidas al sistema penal y únicamente pueden recibir medidas de asistencia social.
Para quienes tienen entre 14 años y menos de 16, la duración máxima de las medidas de sanción es de tres años. Para adolescentes de entre 16 y menos de 18, puede alcanzar cinco años.
El internamiento debe utilizarse como una medida extrema y únicamente procede por determinadas conductas previstas en la legislación.
Las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley 2026, elaboradas por el Inegi con información correspondiente a 2024, registraron 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito.
La cifra representó un incremento de 7.1% respecto de 2023 y de 55.4% en comparación con 2021.
La propuesta impulsada por el alcalde de Corregidora busca modificar el régimen vigente para que adolescentes de entre 15 y 17 años que cometan homicidio doloso, feminicidio, violación o secuestro puedan recibir sanciones equiparables a las impuestas a los adultos.
HLL
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