Guanajuato.- .- Después de un año y dos meses de retraso, y dos prórrogas concedidas para terminar que no fueron suficientes, ahora sí la Secretaría de Obra Pública del Estado (SOP) puso un ultimátum a la empresa Consorcio Constructor Eco del Bajío, S.A. de C.V. para terminar la construcción de los edificios A y B del Distrito de Gobierno en el Parque Bicentenario.
La nueva fecha en que deberá concluir, fijada en una tercera prórroga otorgada recientemente, es el 19 de noviembre de 2026, esto es, un año y cinco meses después de la fecha original contratada en 2024, que era el 16 de junio de 2025.
Pero “en caso de que la empresa contratista no concluya en el plazo establecido, entrarán en vigor las sanciones y penalizaciones previstas en el propio contrato, conforme a la normatividad aplicable”, advirtió la Secretaría de Obra Pública en una tarjeta informativa entregada a AM, en la que no precisó las sanciones.
Hasta este 13 de agosto, el avance de la obra del edificio A es de 55.42 % y de 46.45 % del edificio B, según el portal Guanajuato Construye, de la SOP. Es decir, apenas va a la mitad.
Los mil 17 millones 733 mil 598 pesos que costará en total la obra ya fueron contratados por lo menos desde principios de junio.
El viernes, AM buscó entrevista con Silvia Flores, representante legal de Consorcio Constructor Eco del Bajío. Pero respondió: “En este momento no estoy disponible”, porque estaba de vacaciones.
Ese mismo día, AM preguntó a Comunicación Social de Gobierno del Estado cuáles eran las dependencias que se mudarán al Distrito de Gobierno cuando esté terminado. No hubo respuesta.
Lo que dice el contrato
La cláusula vigésima quinta del contrato SICOM/RE/LP/PU/DOA/OB/ISSEG/2024-0177 para la construcción de los edificios A y B, firmado el 4 de julio de 2024 entre Tarcisio Rodríguez Martínez, entonces titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM) y Silvia Flores Alcaraz, apoderada legal de la empresa constructora, del cual AM tiene copia, señala la “sanción por incumplimiento en la terminación de la obra conforme la fecha pactada”.
Y explica que “en el supuesto de incumplimiento en la terminación de la obra en la fecha pactada, la Secretaría podrá rescindir el presente instrumento jurídico o exigir la terminación de la misma dentro del plazo que al efecto fije, sin otorgar autorización de ajuste de costos.
E imponiendo una pena convencional de 1/1000 (uno al millar) por cada día de retraso sobre el monto de la obra que no haya sido ejecutada, en cuyo caso las sanciones impuestas no podrán ser mayores al monto de la garantía de cumplimiento”.
Hasta este 13 de agosto, el avance de la obra del edificio A es de 55.42 % y de 46.45 % del edificio B. Fotos: Gerardo García Cárdenas. 
Hasta este 13 de agosto, el avance de la obra del edificio A es de 55.42 % y de 46.45 % del edificio B. Fotos: Gerardo García Cárdenas. Hasta este 13 de agosto, el avance de la obra del edificio A es de 55.42 % y de 46.45 % del edificio B. Fotos: Gerardo García Cárdenas. Hasta este 13 de agosto, el avance de la obra del edificio A es de 55.42 % y de 46.45 % del edificio B. Fotos: Gerardo García Cárdenas. Hasta este 13 de agosto, el avance de la obra del edificio A es de 55.42 % y de 46.45 % del edificio B. Fotos: Gerardo García Cárdenas. Hasta este 13 de agosto, el avance de la obra del edificio A es de 55.42 % y de 46.45 % del edificio B. Fotos: Gerardo García Cárdenas.
El 1/1000 significa que por cada día de retraso, la empresa paga un peso por cada mil pesos del valor de los trabajos que dejó pendientes de realizar a la fecha pactada. Es decir, no se aplica sobre el costo total de la obra, sino únicamente sobre el importe del trabajo o concepto específico que no ejecutó en el plazo pactado.
Y se calcula por día. El valor del trabajo pendiente se divide entre 1,000 y el resultado se multiplica por los días exactos que tardó en ejecutarlo, explicó Comunicación Social de la SOP a petición de AM.
La cláusula del contrato agrega que concluído éste, si persiste el incumplimiento, la Secretaría podrá fijar un segundo plazo para la conclusión de la obra sin ajuste de costos, continuando con la aplicación de la sanción mencionada, o bien, podrá rescindir administrativamente el presente contrato haciendo efectivas las penalizaciones referidas sin perjuicio de imponer las demás sanciones aplicables, conforme a la ley de la materia.
En el entendido que, en el supuesto donde se fijen fechas para la terminación de la obra, éstas no implicarán de ninguna forma una ampliación contractual o validación de prórroga por parte de la Secretaría…”, aclara el documento.
La cláusula vigésima sexta añade nueve causales para la rescisión administrativa del contrato. La cuarta de las causales sería la aplicable a esta situación y dice: “Si el contratista no da cumplimiento al programa de trabajo convenido y en consecuencia el atraso implique un desfasamiento en tiempo de la obra superior a 15%, o bien, por el simple hecho de no acatar de manera reiterada cualquier instrucción de la Secretaría”.
Los retrasos desde el principio
De acuerdo con el contrato firmado con la SICOM, hoy SOP, Consorcio Constructor Eco del Bajío se comprometió a iniciar esta magna obra el 22 de julio de 2024 y a terminarla en 330 días naturales, es decir, debía estar terminada el 16 de junio de 2025.
El monto total contratado fue de mil 17 millones 733 mil 598 pesos. Y de esa cantidad, la Secretaría de Infraestructura le entregó ese mismo mes un anticipo del 50 %, equivalente a 508 millones 866 mil 799 pesos para compra o producción de los insumos necesarios.
Sin embargo, los retrasos aparecieron desde el principio. La fecha pactada de inicio no se pudo concretar porque debido al cambio de administración, la Presidencia Municipal de Silao cerró la ventanilla de trámites para expedir licencias de construcción desde agosto de 2024 y se abrió con la nueva administración municipal hasta el 14 de octubre de ese año, por lo cual la empresa constructora no pudo obtener este documento a tiempo, dio a conocer AM el 27 de octubre de ese año.
Los trabajos comenzaron el 15 de noviembre, con casi cuatro meses de retraso respecto a la fecha programada originalmente, que era el 22 de julio, publicó AM el 25 de noviembre de 2024.
Le otorgaron tres prórrogas
Los trabajos comenzaron el 15 de noviembre, con casi cuatro meses de retraso respecto a la fecha programada originalmente, que era el 22 de julio. Foto: Gerardo García Cárdenas. Los trabajos comenzaron el 15 de noviembre, con casi cuatro meses de retraso respecto a la fecha programada originalmente, que era el 22 de julio. Foto: Gerardo García Cárdenas. Los trabajos comenzaron el 15 de noviembre, con casi cuatro meses de retraso respecto a la fecha programada originalmente, que era el 22 de julio. Foto: Gerardo García Cárdenas. Los trabajos comenzaron el 15 de noviembre, con casi cuatro meses de retraso respecto a la fecha programada originalmente, que era el 22 de julio. Foto: Gerardo García Cárdenas. Los trabajos comenzaron el 15 de noviembre, con casi cuatro meses de retraso respecto a la fecha programada originalmente, que era el 22 de julio. Foto: Gerardo García Cárdenas. Los trabajos comenzaron el 15 de noviembre, con casi cuatro meses de retraso respecto a la fecha programada originalmente, que era el 22 de julio. Foto: Gerardo García Cárdenas.
Pero los retrasos continuaron. La constructora ya acumuló dos prórrogas solicitadas y otorgadas por la Secretaría de Obra Pública del Estado (SOP) que postergaron la fecha de término en dos ocasiones, que tampoco cumplió.
La obra debería haber estado terminada originalmente en junio de 2025, pero en aquella ocasión apenas llevaba un avance de 14.9 %, como lo informó AM en julio de ese año. Por lo que pidió una primera prórroga a la SOP, concedida para octubre de 2025; no terminó.
La segunda prórroga que pidió se la otorgó la SOP al 31 de mayo de 2026; tampoco terminó, sino que apenas iba a la mitad.
El 8 de junio pasado, AM publicó que la construcción de los edificios A y B del Distrito de Gobierno en el Parque Bicentenario llevaba un año de retraso en su conclusión y el 31 de mayo de este año debió de haberse terminado en la tercera fecha que tenía para cumplir, tampoco ocurrió.
Esto, a pesar de que Consorcio Constructor Eco del Bajío, S.A. de C.V., ya había contratado a esa fecha los mil 17 millones 733 mil 598 pesos del costo total de la obra.
Y el 22 de mayo de 2026 solicitó una tercera prórroga, que también le fue concedida por la SOP y es la que vence el 19 de noviembre próximo.
Razones de los aplazamientos
De acuerdo con una tarjeta informativa entregada por Comunicación Social de SOP a AM, las adecuaciones más relevantes que motivaron la primera ampliación de plazo, que abarcó de noviembre de 2024 a octubre de 2025 fueron:
- La modificación de la cimentación en un tramo del edificio principal para garantizar una mayor estabilidad estructural.
- La actualización de las especificaciones del sistema de impermeabilización en los muros de contención, de acuerdo con las condiciones del terreno.
- La adecuación arquitectónica y estructural del área de subestación eléctrica para atender los requerimientos del equipamiento previsto.
- Los ajustes en las especificaciones de los elevadores para personas con discapacidad, a fin de garantizar la accesibilidad universal y el cumplimiento de la normatividad vigente.
Estas modificaciones fueron avaladas por el ISSEG, con el propósito de fortalecer la calidad, funcionalidad y seguridad de la obra, explicó la Secretaría.
La incorporación de estas adecuaciones implicó procesos de revisión, validación y coordinación entre el contratista, el ISSEG, la supervisión de la Secretaría de Obra Pública y el despacho responsable del proyecto”.
“Asimismo, durante ese periodo se presentaron condiciones climatológicas que afectaron el desarrollo de algunas actividades constructivas. En ese contexto, se autorizó la ampliación del plazo contractual para asegurar que los trabajos se ejecutaran conforme a los estándares técnicos, de calidad y seguridad”, se agregó.
La segunda ampliación
Entre las causas por las que se solicitó una segunda ampliación, que fijó la fecha de conclusión en mayo de 2026, se encontraron: el suministro, instalación y conexión de la subestación eléctrica requerida por la CFE.
El reforzamiento del sistema de protección contra incendios en elementos estructurales a fin de garantizar las condiciones de seguridad, ajustes estructurales en el proceso constructivo de las fachadas, así como la puesta en funcionamiento de los sistemas eléctricos, de aire acondicionado, seguridad, videovigilancia, control de accesos, voz y datos, entre otros.
Toda vez que un edificio moderno depende en gran medida de sus instalaciones para garantizar una adecuada funcionalidad y operatividad”, explicó Comunicación Social de la SOP en otra tarjeta informativa.
Agregó que esa dependencia mantenía una supervisión permanente de los trabajos para asegurar que la obra se concluya con la calidad, funcionalidad y seguridad previstas en el proyecto.
La tercera ampliación
En una tercera tarjeta informativa entregada a petición de AM sobre la fecha de la tercera ampliación, Comunicación Social de la SOP dio a conocer que la empresa contratista presentó la solicitud de ampliación de plazo el 22 de mayo de 2026. Y se le concedió para que termine el 19 de noviembre próximo.
“La solicitud se basa en cambios en las características de dos transformadores principales que darán servicio a los edificios, lo que ha requerido trabajos adicionales para su fabricación y suministro.
“Asimismo, la empresa señaló que fue necesario destinar más tiempo a la aplicación de protección contra fuego en elementos de la estructura metálica, derivado de requerimientos incorporados durante el desarrollo de la obra”, explicó sobre la razón de la petición.
La Secretaría de Obra Pública agregó que mantiene una supervisión permanente del avance de la obra.
El objetivo es que la obra se entregue con los estándares de calidad, seguridad y funcionalidad requeridos para su correcta operación, tomando como prioridad el cumplimiento técnico y la protección del interés público”, argumentó.
Pide diputado una auditoría
Respecto a los reiterados retrasos en esta construcción, el pasado 4 de junio, en la tribuna del Congreso local, el diputado de Morena, Ernesto Millán Soberanes, de Silao, solicitó a la Secretaría de Obra Pública iniciar un procedimiento de sanción contra la empresa Consorcio Constructor Eco del Bajío S.A. de C.V., al señalar presuntos incumplimientos en el contrato de construcción del complejo gubernamental.
También exigió transparentar la construcción del Distrito de Gobierno en el Parque Bicentenario y los estudios que justifican el traslado de dependencias estatales a Silao.
Mediante un punto de acuerdo, el legislador pidió a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo hacer públicos los análisis técnicos, financieros y de impacto económico del proyecto, así como los costos que representará para trabajadores, la ciudad de Guanajuato y los recursos del ISSEG invertidos en la obra.
Millán Soberanes afirmó que la obra fue adjudicada a la que calificó como la “constructora favorita” del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, empresa que, aseguró, estuvo involucrada durante el sexenio pasado en señalamientos por retrasos, sobrecostos y presuntos actos de corrupción.
Durante su intervención, recordó que el proyecto de trasladar dependencias estatales al Parque Guanajuato Bicentenario fue planteado desde 2017 durante el sexenio de Miguel Márquez Márquez y retomado durante la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, cuando se licitó la construcción de los edificios que conformarán el nuevo Distrito de Gobierno.
Por lo anterior insistió en la necesidad de transparentar toda la información relacionada con el proyecto para conocer sus beneficios, costos y consecuencias para la ciudad de Guanajuato, las personas trabajadoras del gobierno estatal y los derechohabientes del ISSEG.
AAK
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