Guanajuato.- La diputada local Sandra Pedroza Orozco, de Movimiento Ciudadano, solicitó formalmente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que emitan la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, respecto al Código Penal de Guanajuato que penalizan el aborto voluntario.
Lo anterior, luego de que transcurrió el plazo de 90 días útiles otorgado por la propia Corte al Congreso del Estado, y que venció el 30 sin que fueran modificadas o derogadas las disposiciones señaladas como inconstitucionales.
En un comunicado de prensa se informó que el documento enviado este 2 de octubre, Pedroza recuerda que, en el amparo en revisión 525/2024, la entonces Primera Sala de la Suprema Corte declaró inconstitucional el sistema jurídico de Guanajuato que penaliza el aborto voluntario, específicamente los artículos 159, 160 y 163, así como una porción del artículo 162 del Código Penal estatal. Estos artículos tipifican como delito el aborto voluntario.
Posteriormente se inició el procedimiento de Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025 y se notificó al Congreso del Estado para que, dentro del plazo correspondiente, superara el problema de inconstitucionalidad.
Sin embargo, el plazo transcurrió y terminó el 30 de septiembre sin que el Congreso modificara o derogara las disposiciones señaladas.
Ante ello, Sandra Pedroza solicitó a la Suprema Corte continuar con el procedimiento para que sean expulsadas del Código Penal de Guanajuato las normas que ya fueron declaradas inconstitucionales.
La legisladora advierte en su escrito que no se trata únicamente de una cuestión jurídica, sino de una realidad que afecta particularmente a mujeres, niñas y adolescentes.
De acuerdo con los datos incluidos en el oficio, en Guanajuato se registraron 194 nacimientos de madres de entre 10 y 14 años en 2020; 293 en 2022; 295 en 2023 y 257 en 2024. Además, la tasa de nacimientos de madres de entre 10 y 17 años pasó de 10.2 a 13.2 por cada mil entre 2020 y 2022, lo que representa un incremento de 29.4%.
El documento señala además que 53% de las niñas que se convirtieron en madres en 2024 abandonaron sus estudios antes de concluir la secundaria.
A ello se suma que, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado citada en el oficio, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de julio de 2024 se registraron 17 carpetas de investigación iniciadas contra mujeres por presuntamente haber provocado o consentido su propio aborto.
Pedroza sostiene que estos datos evidencian que la criminalización del aborto no permanece únicamente en el ordenamiento jurídico, sino que ha tenido efectos concretos en la investigación, criminalización y persecución de mujeres que decidieron interrumpir su embarazo.
Con esta solicitud, Sandra Pedroza mantiene la defensa del derecho a decidir como una de las causas centrales de su trabajo legislativo y pide al máximo tribunal del país que el criterio constitucional ya establecido produzca efectos generales en Guanajuato mediante la emisión de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025.
La diputada de Movimiento Ciudadano ha sido una de las principales defensoras desde el Congreso de Guanajuato del derecho de las mujeres a decidir.
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