Guanajuato.- El Poder Judicial de Guanajuato informó que en los últimos seis años se han dictado cinco sentencias condenatorias por delitos sexuales atribuidos a ministros religiosos.
Se registró una sentencia condenatoria en cada uno de los años 2021, 2022 y 2024, y dos en 2026.
No obstante, personal de Comunicación Social del Poder Judicial de Guanajuato (PJG) indicó que, por cuestiones de protección de datos personales, el sistema no podía proporcionar más información mientras no se contara con datos específicos, como el número de causa penal o los nombres completos de los imputados.
El tema tomó relevancia después de que Jorge, un joven originario de San José de Iturbide, hizo pública la denuncia que presentó contra Constantino “N”, quien era sacerdote a principios de la década de 2010 en la parroquia de la comunidad de El Salitre. El joven lo acusa de haberlo agredido sexualmente cuando tenía 11 años.
Aunque las presuntas agresiones habrían ocurrido entre 2011 y 2014, Jorge presentó su denuncia hasta marzo de 2025.
La Diócesis de Celaya, por su parte, reconoció que el llamado “Padre Tino” fue separado de su función en 2017, lo que coincide con una copia digital del decreto de suspensión pro rei gravitate criminis del estado clerical del reverendo Constantino “N”, por abuso sexual, que se ha difundido en diferentes medios de comunicación y que fue firmado por el entonces obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, en marzo de ese año.
Caso ‘Padre Tino’: SCJN establece que las víctimas pueden reclamar reparación del daño sin límite de tiempo
Es importante aclarar que, desde junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que la acción para reclamar responsabilidad civil por actos de violencia sexual sufridos durante la niñez o la adolescencia es imprescriptible.
La sentencia, aprobada por unanimidad de cinco votos, busca garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y, por ende, a recibir una justa indemnización y la reparación integral del daño, toda vez que los plazos de prescripción resultan incompatibles con la naturaleza de los daños que genera la violencia sexual cometida contra personas menores de edad.
En los argumentos del fallo se indica que este tipo de acciones civiles son imprescriptibles “debido a las particularidades de las víctimas que sufren el abuso en la infancia o en la adolescencia, ya que éstas no sólo deben comprender que son víctimas, sino que deben tomar conciencia del daño sufrido, sobreponerse y tener la fortaleza psicoemocional para revelar dicho abuso”.
Solo con el paso del tiempo, reconoció la Corte, las víctimas pueden encontrar la fortaleza “para comprender, asimilar y verbalizar su experiencia, compartirla y eventualmente, cuando estén en condiciones de hacerlo, poder denunciar a quienes les violentaron”.
“La Iglesia hizo lo que pudo”: Diócesis de Celaya
El vocero de la Diócesis de Celaya, José de Jesús Palacios Torres, minimizó la relevancia actual del caso al afirmar que se trata de un asunto ya superado, debido a que la Diócesis separó a Constantino “N” de su cargo desde 2017.
“Es un tema antiguo, a veces nos aferramos a sacar basura del bote”, expresó.
“A estas alturas es estar sacando o escarbando del pasado para nublar el presente, no se vale en ningún ámbito, ni siquiera en el personal, sacar de nuestro pasado cosas, tinieblas y nubes que vengan a nublar el presente y es un llamado a los quienes han sufrido esto a buscar justicia y abrir están los campos y la invitación es a sanar y dejar de tratar que el pasado se quede en el pasado y tratar de ver la luz del presente”, opinó José de Jesús Palacios.
También afirmó que la Iglesia está de parte de las víctimas, pero ante las versiones que señalan que hay más personas afectadas, pidió acudir al Tribunal Eclesiástico, ubicado en el Obispado.
Jorge denuncia amenazas tras hacer público el caso
Pero para Jorge no se trata de sacar la basura, sino de ejercer su derecho a reclamar responsabilidad civil por actos de violencia sexual que denuncia haber sufrido cuando tenía 11 años.
El joven denunció que, a raíz de que su caso se viralizó, ha recibido mensajes de odio y amenazas, por lo que teme por su integridad y la de su familia.
“Personas que comentan que saben dónde vivo, que saben de mí, quiénes somos, que estoy mintiendo, que estoy buscando a lo mejor otro tipo de beneficio con todo esto, son personas que están defendiendo a mi agresor, de ahí nace el miedo”, comentó a AM.
Jorge también resaltó que, para que la justicia sea verdadera, tiene que ser pronta, por lo que pidió adelantar la fecha de inicio del juicio oral, programada para 2027.
Exsacerdote señalado en el caso ‘Padre Tino’ participó en programa de INAEBA
Jorge contó a AM que tiene conocimiento de que, tras ser expulsado de la Iglesia, Constantino “N” regresó con su familia de origen en el municipio de Apaseo el Grande y buscó su propio sustento.
Una búsqueda en internet sobre las actividades de Constantino “N” permitió encontrar que en septiembre de 2025 se graduó de la maestría en Educación en un instituto universitario ubicado en ese municipio.
La búsqueda también permitió identificar que, al menos desde 2024 y hasta hace pocos meses, esta persona participó como instructor en un programa del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del Estado de Guanajuato (INAEBA), pues aparece en varios listados de cuenta pública.
El instituto ofrece servicios de alfabetización, primaria y secundaria para personas de 15 años o más que se encuentran en situación de rezago educativo.
Es importante señalar que la denuncia penal contra el imputado se presentó en marzo de 2025 y la vinculación a proceso ocurrió en noviembre de ese mismo año. No se le impuso prisión preventiva, por lo que ha llevado el proceso en libertad, con la obligación de realizar firmas periódicas.
AM preguntó al INAEBA sobre el cargo que Constantino “N” desempeñó en dicha institución. El organismo respondió que fue una Persona Voluntaria con Subsidio (PVS) en el Programa Educación para Adultos del INEA, durante los ejercicios 2024 y 2025, conforme a los requisitos de incorporación establecidos por la institución federal.
“Cabe señalar que, al momento de su incorporación, INAEBA desconocía que dicha persona enfrentaba un proceso legal. Una vez que tuvo conocimiento de esta situación, se determinó dar por concluida su participación en el programa”, indicó la postura oficial.
“El Instituto reitera su compromiso con la legalidad y el respeto al debido proceso”.
Una revisión de la convocatoria para participar como PVS en el programa de alfabetización de la institución permite advertir que existe el requisito de “Mantener una conducta apegada a los valores de respeto a los derechos humanos, no discriminación, tolerancia e igualdad de género”.
HLL
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