San Francisco del Rincón.- La Contraloría Municipal de San Francisco del Rincón descartó que las observaciones detectadas en auditorías de obra pública constituyan un desfalco de recursos municipales y rechazó que los resultados de estas revisiones puedan calificarse como un faltante de dinero.
No obstante, reconoció que existen observaciones pendientes de aclaración, cuyo origen y justificación todavía deben ser revisados por la Dirección de Obras Públicas.
Como informó AM, durante la presentación del informe trimestral, el contralor Cecilio Jiménez Regalado dio a conocer diversos montos observados en obras del municipio y señaló que las constructoras tendrían que reintegrar estas cantidades, salvo que demostraran lo contrario.
Sin embargo, en entrevista realizada este miércoles, el funcionario precisó que los resultados todavía se encuentran en una etapa de aclaración con la Dirección de Obras Públicas, dependencia que debe presentar las respuestas a las observaciones formuladas por la Contraloría.
Ante la difusión de una publicación en redes sociales que retomó los montos para señalar un supuesto desfalco de casi 692 mil pesos, Jiménez Regalado rechazó que las cantidades puedan calificarse de esa manera.
“No, de ninguna manera. No es, ni lo podemos clasificar ni calificar como un desfalco”, respondió.
Explicó que los montos derivan de diferencias detectadas durante las auditorías entre las especificaciones de los expedientes técnicos y las condiciones de los trabajos ejecutados, a las cuales se les asigna un valor económico conforme al catálogo de precios de cada proyecto.
Obras Públicas debe responder
El contralor explicó que, una vez concluidas las auditorías, los resultados fueron notificados a la Dirección de Obras Públicas, dependencia que cuenta con 30 días hábiles para responder a cada una de las observaciones y presentar las justificaciones correspondientes.
“En el oficio que le remitimos a dicha dependencia, se le marca un lapso de 30 días”, señaló.
Añadió que, si la dependencia no alcanza a reunir la información dentro de ese periodo, puede solicitar una ampliación de hasta 15 días hábiles.
Una vez recibidas las respuestas, la Contraloría revisará, junto con el personal técnico, cuáles observaciones pueden solventarse y cuáles permanecen.
En caso de que la dependencia no presente respuesta dentro de los plazos establecidos, los asuntos serían turnados a la Coordinación de Investigaciones para continuar con el procedimiento correspondiente.
Jiménez Regalado aclaró que, en esta etapa, la Contraloría mantiene el procedimiento con la dependencia municipal auditada y no directamente con las constructoras.
“El ente auditado es el que nos debe de dar respuesta a la Contraloría, en este caso sería la Dirección de Obras Públicas”, explicó.
Esto significa que corresponde a Obras Públicas revisar los señalamientos con las empresas responsables de los trabajos y presentar ante la Contraloría las justificaciones respectivas.
Durante la sesión de comisión, el funcionario había señalado que las constructoras tendrían que reembolsar las cantidades observadas, salvo que demostraran lo contrario.
“Salieron unas cifras que las constructoras tendrán que reembolsar al municipio por diferentes conceptos que se detectó en la auditoría, salvo que ellos demuestren lo contrario”, expresó en aquella ocasión.
No obstante, durante la entrevista precisó que todavía no existe una determinación definitiva, pues primero deben analizarse las respuestas de la dependencia auditada. Algunas observaciones podrían solventarse y otras permanecer.
¿De dónde salen los montos observados?
Al explicar el origen de las cantidades observadas, Jiménez Regalado señaló que corresponden a posibles desviaciones respecto al plan o expediente técnico con el que se inicia cada obra, a las cuales se les asigna un valor económico conforme al catálogo de precios.
“Ahí se detectaron algunas desviaciones, que, lógicamente, pues lo único que hicimos fue darles el precio en lo económico a cada una de las diferentes desviaciones que había con base en el catálogo de precios”, explicó.
Al preguntarle a qué se refería específicamente con esas desviaciones, el contralor puso como ejemplo las especificaciones del concreto utilizado en una pavimentación.
Señaló que, si el expediente técnico establece un grosor de 15 o 20 centímetros, el personal de Contraloría tiene la obligación de verificar que la obra cumpla con esa característica. “El arquitecto tiene la obligación de verificar que efectivamente el grosor del pavimento tenga lo que nos dice el expediente”, indicó.
Agregó que incluso una diferencia de un centímetro puede representar una variación económica importante cuando se trata de superficies extensas.
El funcionario también señaló que el supervisor de la obra pública es quien tiene la obligación de verificar diariamente su ejecución, mientras que las auditorías integrales de la Contraloría revisan distintas etapas, desde la contratación hasta la conclusión de los trabajos.
Las obras con mayores observaciones
Cabe recordar que, durante la sesión de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, el funcionario informó que entre los montos observados se encontraban 311 mil 587 pesos con 12 centavos por cinco conceptos de la pavimentación de la calle Benito Juárez, en la comunidad de El Maguey, así como 247 mil 925 pesos con 50 centavos correspondientes a la pavimentación del bulevar Francisco Villa, en Ex Hacienda de Santiago.
También reportó 84 mil 610 pesos por la construcción del camellón central, guarniciones y banquetas del bulevar Juventino Rosas, además de observaciones en obras hidráulicas.
En el caso de El Maguey, el contralor señaló durante la sesión que se estaba solicitando a la constructora el reintegro de cinco conceptos, entre ellos diferencias económicas relacionadas con materiales y precios.
No han pedido frenar nuevos contratos
Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el anuncio realizado en la sesión de comisión sobre la posibilidad de recomendar a Obras Públicas y al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco (SAPAF) que no asignaran nuevos trabajos a constructoras con cantidades pendientes de reintegrar o aclarar.
Al respecto, Jiménez Regalado confirmó que hasta el momento no se había enviado ningún oficio para solicitar esa medida. “No hemos girado absolutamente hasta ahorita ninguno”, respondió.
Explicó que primero deberán conocerse las respuestas de las dependencias auditadas y, posteriormente, se valorará si procede emitir alguna recomendación. Aclaró que, en caso de realizarse, tendría carácter preventivo y no sería una disposición obligatoria.
Aclara reintegro de 19 mil pesos
Sobre los 19 mil 47 pesos que reportó como reintegrados por una obra relacionada con la rehabilitación de una línea de conducción de los pozos 1, 2, 3 y 4 de agua potable, el contralor precisó que ese caso tuvo un procedimiento distinto.
Detalló que el reintegro derivó de una auditoría practicada directamente al SAPAF, en la que participaron el constructor, el residente del organismo y el coordinador de Obra Pública de la Contraloría.
Tras revisar las observaciones, se determinó la cantidad que debía devolverse al organismo. El funcionario explicó que la legislación permite realizar estos pagos en parcialidades, con los intereses correspondientes.
Expedientes abiertos corresponden a distintos asuntos
Finalmente, respecto a los 26 expedientes abiertos en la Coordinación de Investigaciones y los 17 que se encontraban en trámite en la Coordinación de Resoluciones, cifras presentadas también durante el informe trimestral, Jiménez Regalado aclaró que no todos están relacionados con obras públicas.
Detalló que existen asuntos derivados de revisiones de la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Honestidad, la Auditoría Superior de la Federación, investigaciones iniciadas por el propio municipio y quejas ciudadanas.
Por ello, precisó que los expedientes reportados en el apartado jurídico corresponden a diferentes procedimientos y no deben asociarse automáticamente con las observaciones económicas de las obras mencionadas.
Por ahora, las observaciones de las auditorías de obra pública permanecen sujetas a las respuestas de la Dirección de Obras Públicas. Una vez analizadas, la Contraloría podrá establecer cuáles fueron justificadas y cuáles deberán continuar por las vías administrativas correspondientes.
AAK
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