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Guanajuato.- En el inicio del nuevo proceso electoral, la relación entre los medios de comunicación y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) tuvo ya su primer desencuentro, por la advertencia de una millonaria multa a un reportero si este no accedía a contestar un requerimiento de información que él considera va contra la libertad de prensa.

El caso se suma a otros dos episodios de censura, en 2023, cuando el IEEG ordenó a cuatro medios de comunicación retirar notas por acreditarse violencia política de género contra las entonces candidatas Alejandra Gutiérrez, del Partido Acción Nacional (PAN), y Alma Alcaraz, de Morena.

A principios de noviembre, el reportero Alex Ramblas denunció que el IEEG pretendía multarlo por hasta un millón 173 mil pesos por no atender dos solicitudes de información que él considera desproporcionadas e innecesarias.

Ramblas cubre la fuente política y publica de manera independiente, y fue llamado como testigo por el Instituto en dos investigaciones electorales que realiza.

El primer caso es una denuncia contra un senador por presunta promoción personalizada, actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos, mientras que el segundo va contra una presidenta municipal por presunta difusión de propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, vulneración al principio de imparcialidad, actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos.

El periodista dijo que no respondió inicialmente porque consideró intrusivos los requerimientos y recordaba la sanción que recibió en 2023 junto con AM y otros dos medios, por publicar declaraciones de Marko Cortés, presidente nacional del PAN, que incluían violencia política de género. El IEEG ordenó retirar las notas de sus portales de noticias.

En el caso actual, Ramblas recibió del IEEG una amonestación pública por no responder cabalmente los requerimientos. El IEEG le advirtió que, de seguir los incumplimientos, podría imponerle una multa de entre 50 y 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) por procedimiento.

La UMA es la referencia económica en pesos mexicanos usada para calcular el pago de multas o impuestos.

“El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato ya me sacó el filero y dice que si no respondo el tercer requerimiento me pueden multar por hasta 586 mil varos. Pero como son dos casos diferentes, entonces serían hasta un millón 173 mil pesos. ¿Por qué? Por dos tuits que hice sobre personajes políticos y que esta autoridad electoral anda investigando”, publicó el joven el 10 de noviembre en su página de Facebook.

En entrevista con AM, Ramblas informó que ya respondió al IEEG en los términos que consideró pertinentes e impugnó ante el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) las amonestaciones por no haber contestado los primeros requerimientos.

Dijo que en su respuesta al IEEG argumenta que los requerimientos son innecesarios y representan un amedrentamiento contra él y contra los medios de comunicación.

Citó como antecedente la sentencia TEEG-PES-48/2024, derivada de una queja de Alma Alcaraz contra él (Ramblas), el PAN y su dirigente nacional por presunta violencia política de género. Al final, el Tribunal declaró inexistentes las conductas que buscaban limitar la libertad de expresión.

Ramblas sostuvo que al ventilar su caso pretende evidenciar las prácticas de investigación del IEEG, que podrían inhibir el ejercicio periodístico.

Explicó que en la actual investigación contra la Alcaldesa, el instituto le pidió anexar enlaces, fotografías, publicaciones y transmisiones que los periodistas asistentes a esa rueda de prensa hubieran difundido tras la cobertura.

“El punto no está en las respuestas, sino en las preguntas; ¿por qué el Instituto me hace esas preguntas que desde un inicio vulneran datos personales? Yo no tengo por qué revelar esa información, ni ellos preguntármela”.

Detalló que el IEEG no se ha comunicado con él tras su respuesta, aunque reconoció que la institución sí podría hacerle nuevos requerimientos o apercibimientos.

También, que el TEEG le notificó que la impugnación que él promovió fue aceptada, la cual se turnó a la ponencia del presidente del Tribunal, Pablo Sharpe.

Ramblas agregó que ya está en contacto con Artículo 19, organización que defiende la libertad de expresión y la prensa.

IEEG justifica apercibimientos

AM solicitó en varias ocasiones una entrevista al IEEG, que compartió en su lugar una ficha informativa.

En el documento se detalla que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato otorga a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral (UTJCE) del IEEG facultades para realizar una investigación preliminar y a instaurar y sustanciar procedimientos sancionadores contra las partes, partidos políticos, autoridades y personas físicas o morales.

“Negarse a entregar la información, entregarla incompleta, con datos falsos o fuera del plazo señalado puede constituir una infracción” a la ley electoral local, se advierte.

La ficha incluye jurisprudencia que respalda esta facultad investigadora y el permiso de transferir datos personales sin consentimiento de su titular cuando esté vinculada la administración de justicia, en donde se ubican los procedimientos sancionadores electorales.

De igual manera, se fundamentó que la UTJCE puede hacer uso de los medios de apremio para hacer cumplir lo ordenado.

Estos apremios incluyen el apercibimiento —advertencia formal de que, de persistir el incumplimiento, se aplicará una medida más severa—, la amonestación —llamado de atención, que puede ser pública, por no haber cumplido lo ordenado—, la multa —cuya cantidad dependerá de varios factores— y el auxilio de la fuerza pública —para hacer cumplir la determinación de la autoridad—.

El IEEG precisó que la determinación de los medios de apremio se realiza de manera gradual, conforme se van dando los incumplimientos.

No debe tomarlo como amenazas: Rionda

Luis Miguel Rionda, exconsejero del IEEG, consideró que las advertencias de sanción no deben interpretarse como amenazas, pues forman parte de un procedimiento legal para instar a las personas requeridas a cumplir; también debe comunicarles las consecuencias de no hacerlo.

Explicó que él formó parte de la Comisión de Quejas, y que el Instituto, como instancia administrativa, debe investigar, aunque la resolución final le corresponde al TEEG.

Consideró que al no responder Alex los primeros requerimientos, el siguiente tuvo un tono diferente.

“Si se te requiere presentarte o dar testimonio en cualquier procedimiento judicial de cualquier tipo, tienes la obligación de presentarte o de justificar tu ausencia o de enviar un representante legal. Por lo visto, Alex no hizo nada de eso”.

Rionda añadió que el reportero puede reservar sus fuentes al amparo de la Ley del Secreto Profesional de los Periodistas para Guanajuato, publicada en 2014. Las excepciones requieren una decisión judicial, que hasta ahora no existe; la autoridad sí puede pedirle ampliar la información publicada.

Desde su experiencia, afirmó que el IEEG no tiene un afán persecutorio.

El especialista afirmó que el IEEG no tiene un afán persecutorio, al menos desde su experiencia.

Antecedentes de señalamientos de censura

Sobre los casos anteriores, Luis Miguel Rionda recordó las medidas cautelares de 2023 por declaraciones de Marko Cortés contra Alma Alcaraz. Las órdenes de retirar las notas se dirigieron a cuatro medios, entre ellos AM y las redes sociales de Ramblas, no a los políticos denunciados.

Por ello, tres periodistas integrantes del Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre ellos el reportero Carlos Alberto García Balandrán, publicaron un desplegado señalando al IEEG de atentar contra la libertad de expresión.

Rionda dijo que desconoce los detalles del expediente, pero que seguramente se buscó impedir la revictimización de la denunciante.

Lo que es un hecho, dijo, es que ante cualquier inconformidad debe recurrirse al Tribunal Electoral, que suele ser más garantista de los derechos humanos.

Pero ha habido más incidentes: en diciembre de 2023, una declaración de Gerardo Fernández, entonces candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de León, contra la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, también fue calificada como violencia política de género. De nuevo vino la indicación a dos medios de comunicación de “bajar” la información.

En tanto que en otro caso, Alejandra Gutiérrez también denunció al reportero Humberto Gutiérrez por la misma razón (violencia política) y vino la orden de retirar la nota a varios medios.

El periodista Carlos García recordó con AM esos episodios. Dijo que en su momento acataron la indicación, pero la impugnaron y el Tribunal los amparó.

“Desde que formaba parte del Consejo (de protección de periodistas), nosotros ya habíamos alertado que el Instituto Electoral sobrepasaba sus facultades, recibía todas las denuncias por violencia política de género y les daba trámite a todas, aunque no hubiera elementos suficientes para sancionar a los medios.

“Tuvimos reuniones con la presidenta, Brenda Canchola, para abordar este tema y digamos que siguió como la embestida contra los medios”.

En abril de 2024, tanto García como su colega Andrés Guardiola clausuraron simbólicamente el edificio del IEEG, con el argumento de que se estaba atacando la libertad de expresión, pero no ocurría lo mismo con los verdaderos violentadores.

Protección y acompañamiento

AM buscó el posicionamiento de la Secretaría de Gobierno, encargada del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La persona enlace de prensa compartió una declaración del secretario Jorge Jiménez Lona, quien aseguró que ya hubo un acercamiento con Ramblas, y que este les comentó que no era necesario el acompañamiento del Consejo, porque entregaría su respuesta.

Jiménez Lona señaló que debía revisarse la figura de los requerimientos y la posible imposición de una multa que calificó de excesiva. Advirtió que estas solicitudes pueden desalentar la cobertura y publicación de información.

“Él lo que hizo fue hacer su trabajo, cubrir una nota informativa (…) Este tipo de requerimientos pueden generar tal vez un desánimo a la hora de cubrir una nota o de publicar”.

Por su parte, la representación de la organización Artículo 19 comentó que el caso está en análisis.

Alex Ramblas está a la expectativa de la resolución del TEEG.

Ley del Secreto Profesional del Periodista del Estado de Guanajuato

“Artículo 4. El periodista tiene el derecho de mantener el secreto de identidad de las fuentes que le hayan facilitado la información. Este derecho no podrá ser limitado, salvo por decisión judicial, de manera excepcional y siempre que su limitación se justifique de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República”.

AAK

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