La aprobación del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2026 en México ha generado una ola de críticas por los ajustes en rubros considerados esenciales.
Aunque el gobierno federal sostiene que el presupuesto prioriza la inversión social, la realidad muestra recortes en sectores estratégicos como cultura, ciencia, tecnología, medio ambiente y organismos autónomos, lo que especialistas señalan como una reducción de capacidades institucionales que podría impactar en la calidad de servicios y en la vida pública del país.
En contraste, programas de bienestar y obras prioritarias mantienen o aumentan su asignación, lo que para algunos legisladores evidencia una política redistributiva focalizada, mientras que para otros, representa una centralización del gasto con fines políticos.
AUMENTO DE IMPUESTOS Y PRESIÓN AL CONSUMO
El Paquete incluye ajustes en impuestos indirectos que afectarán productos como refrescos, cigarros, bebidas endulzadas, apuestas digitales y ciertos videojuegos.
Este tipo de cargas, advierten economistas, golpea directamente el consumo cotidiano, sobre todo en familias de bajos ingresos, pese a que se justifican bajo argumentos de salud y regulación.
Al mismo tiempo, se autorizó un mayor nivel de endeudamiento interno y externo, lo que coloca presión sobre el balance financiero a mediano plazo. Si bien el gobierno asegura mantener disciplina fiscal, la proporción del presupuesto comprometida en pensiones, programas sociales e intereses de la deuda limita el margen para nuevos proyectos públicos y respuesta ante emergencias.
TENSIONES POLÍTICAS Y CRÍTICAS EN EL CONGRESO
Durante la discusión, legisladores de oposición señalaron que los recortes en sectores como medio ambiente y educación superior debilitan áreas que requieren fortalecimiento para enfrentar retos actuales, como la crisis climática y la desigualdad educativa.
También acusaron falta de debate técnico y de apertura a modificaciones, calificando el proceso como de “aprobación por consigna”.
Por su parte, el bloque oficialista defendió el proyecto argumentando que la prioridad es “garantizar derechos sociales” y sostener la recuperación económica mediante inversión en infraestructura y expansión de programas de bienestar.
Sin embargo, organizaciones civiles han advertido que sin inversión suficiente en ciencia, protección ambiental y fiscalización pública, el país avanza hacia un modelo de gasto asistencial sin desarrollo estructural.
PRESUPUESTO DE CONTINUIDAD, PERO CON COSTOS
En síntesis, el Paquete Económico aprobado mantiene las prioridades sociales del gobierno, pero lo hace a costa de recortes en áreas clave para la innovación, la gestión ambiental y la autonomía institucional.
La población enfrentará mayores costos en productos cotidianos, mientras que el Estado incrementa su dependencia del endeudamiento para sostener sus compromisos actuales. El debate, más que cerrado, apenas inicia: queda por verse si los recursos asignados realmente mejorarán la calidad de vida, o si los recortes y presiones fiscales generarán efectos adversos que se manifestarán en los próximos meses.
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