El Juzgado Quinto de Distrito de Sinaloa ordenó a la Secretaría del Bienestar dar respuesta a un individuo sobre su petición de ser incorporado al programa de Pensión para Personas con Discapacidad en Hidalgo.

Según el amparo 1128/2022 (con origen en un juzgado de Hidalgo), el quejoso tiene una discapacidad motriz, por lo que el 24 de abril de 2020 solicitó formar parte del esquema de apoyo gubernamental.

“No puedo allegarme de los recursos económicos para solventar las necesidades alimentarias, por lo que me encuentro en una situación de pobreza”, argumentó.

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Sin embargo, no ha recibido respuesta, pese a que este derecho se encuentra en el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

SEÑALA A DELEGADO Y DEPENDENCIA

La persona inconforme demandó el pago de la pensión de abril de 2020 a la fecha.

Menciona que fue objeto de violación a sus derechos por parte de las autoridades responsables, el delegado de Programas en Hidalgo Abraham Mendoza y la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría del Bienestar, con sede en la Ciudad de México.

Esta última argumentó que “no hay conceptos de violación”, refiere el documento disponible en el Consejo de la Judicatura.

No obstante, el juzgado otorgó el amparo en el sentido de respetar su derecho de petición, por lo que la autoridad deberá responder “inmediatamente” si es procedente o no la solicitud para inscribirse en el esquema de apoyos.

¿POR QUÉ SE RESOLVIÓ EN SINALOA?

El 12 de julio de 2022 el inconforme interpuso el recurso legal en el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Pachuca, el cual lo remitió al Juzgado Quinto de Distrito con sede en Los Mochis, Sinaloa. Fue radicado el 8 de diciembre del año pasado.

Esto, como parte del apoyo en el dictado de sentencias, ordenado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal.