Irapuato, Guanajuato.- Este 30 de septiembre llegaron a Irapuato 31 de los 66 vehículos que el municipio arrendó a la empresa Transporte Empresarial del Bajío S. de R.L. para la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Sin embargo, estas unidades aún no podrán ser utilizadas, ya que no se ha realizado el proceso de entrega-recepción, debido a que no cuentan con el equipamiento correspondiente.
El área de Comunicación Social del Gobierno de Irapuato confirmó que el contrato de licitación establece que las unidades deberán entregarse el último día de septiembre, octubre y noviembre.
La coordinadora de Comunicación, Brenda Orozco, detalló que este martes llegaron:
- 15 vehículos sedán patrulla de tránsito, modelo 2025
- 13 motocicletas VSTROM patrulla tránsito
- 3 camionetas pick-up 4×2
Llegaron al municipio 13 motos, 15 sedanes y 3 pick-up, que oficialmente no han sido entregadas hasta que cuenten con todo el equipamiento. Si bien ya las vieron llegar, el proceso de entrega-recepción no se ha llevado a cabo”, explicó la funcionaria.
El costo total del arrendamiento de las 66 unidades asciende a 170 millones 628 mil 872.57 pesos. Por las unidades que ya llegaron, el municipio deberá pagar de septiembre de 2025 a diciembre de 2028 un monto de 38 millones 766 mil 163.10 pesos, en 39 plazos mensuales.
En redes sociales circuló un video de camionetas de patrulla, pero la coordinadora aclaró que estas no forman parte de la primera entrega. Lo más probable es que la empresa arrendadora las haya trasladado únicamente para carga de combustible y resguardo, hasta la entrega formal.
Sobre la llegada de las unidades, la alcaldesa Lorena Alfaro García señaló que el 30 de septiembre comenzó la recepción:
“Las otras unidades son a final de mes y las demás a mediados del mes que viene. Estamos listos para recibirlas, no las vamos a poner a trabajar inmediatamente, hasta que no esté completamente definido el plan de operación en el territorio”.
Aseguran suficiencia presupuestaria
El Municipio de Irapuato anunció que cuenta con suficiencia presupuestaria y una reserva multianual hasta 2028 para arrendar 66 vehículos de seguridad —entre patrullas, motos, ambulancias y camionetas blindadas— por alrededor de 170 millones de pesos. El tesorero municipal, Miguel Ángel Fonseca, aseguró que no existe riesgo financiero y que los pagos están garantizados con recursos de libre disposición.
Sin embargo, el proceso ha sido fuertemente cuestionado por su falta de transparencia y posible conflicto de intereses, ya que el contrato fue adjudicado en sesión privada a la empresa Transportes Empresariales del Bajío (TEB), recién modificada para poder rentar vehículos a gobiernos. Legisladores y regidores de oposición señalaron que tres de las propuestas en la licitación provenían de la misma empresa, lo que genera sospechas. Además, acusan que las patrullas ya estaban en posesión de TEB antes de la convocatoria.
Regidores de Morena y Movimiento Ciudadano, junto con el diputado local Abraham Ramos, presentaron una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) para que investigue responsabilidades administrativas o penales. Argumentan que no se entregó la investigación de mercado, que el contrato rebasa un ejercicio fiscal sin acuerdo excepcional del Ayuntamiento y que, por ello, es ilegal. También advirtieron que podría configurarse un daño al patrimonio municipal.
Incluso panistas, como el exalcalde Ricardo Ortiz y la diputada Susana Bermúdez, han criticado el arrendamiento, cuestionando que sea más costoso que la compra directa y que no exista un plan claro para garantizar que haya policías capacitados para operar las unidades.
En síntesis, el arrendamiento de patrullas en Irapuato ha abierto un fuerte debate político, con acusaciones de irregularidades, falta de transparencia y deudas heredadas a futuras administraciones, mientras el municipio insiste en que los recursos están garantizados y que el esquema dará certidumbre financiera.
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