Irapuato.- El diputado federal Pepe Aguirre y el diputado local Abraham Sotomayor cuestionaron el desempeño de la Secretaría de la Honestidad de Guanajuato al señalar falta de resultados y sanciones.
En contraparte, el diputado local y presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado, Víctor Zanella, defendió que la labor del órgano de control no puede medirse únicamente por el número de personas castigadas, ya que existen procesos reservados y distintos niveles de responsabilidad administrativa.
Durante un encuentro con medios el pasado 27 de febrero, Aguirre y Sotomayor coincidieron en que la dependencia, encabezada por la licenciada Arcelia González, “debería ser el organismo encargado de transparentar, evidenciar y castigar actos de corrupción”, pero aseguraron que hasta ahora no ha mostrado resultados concretos.
Abraham Sotomayor afirmó que “en Guanajuato no han podido ni una sola persona ser investigada como tal ni sancionada de manera efectiva”, y lamentó que, pese al presupuesto superior a 400 millones de pesos aprobado por el Congreso, no se haya presentado públicamente una carpeta de investigación completa ni resultados contundentes.
Calificó el trabajo de la Secretaría como “una simulación y complicidad” con el gobierno estatal, al considerar que los casos relevantes se conocen por medios de comunicación y no por informes oficiales.
El hecho de que una carpeta de investigación se cierre sin avanzar genera incertidumbre y permite que cualquier funcionario pueda cometer actos de corrupción sin ser castigado”, expresó.
Funciones complejas
Por su parte, Víctor Zanella pidió analizar con detenimiento las cifras en el marco de la glosa y subrayó que la función de una instancia de control es más compleja e integral.
Señaló que los datos vinculados con investigaciones no siempre pueden hacerse públicos, debido a la naturaleza reservada de ciertos expedientes para garantizar el debido proceso.
La labor de un órgano de control es preventiva, correctiva y sistémica, y que su eficacia no se mide únicamente por el número de sanciones, sino por su capacidad de detectar riesgos, corregir desviaciones y fortalecer mecanismos institucionales”, explicó Víctor Zanella.
También recordó que la legislación distingue entre responsabilidades administrativas no graves, graves y conductas que pudieran constituir delito, cada una con procedimientos y autoridades distintas.
Finalmente, Zanella indicó que “si existen áreas de oportunidad deben señalarse con sustento técnico y análisis jurídico”, advirtiendo que descalificar sin distinguir competencias y etapas procesales requiere una reflexión más cuidadosa sobre el marco normativo e institucional vigente.
Caso “Casa Azul”: Secretaría de la Honestidad aclara que carpetazo es solo temporal
La Secretaría de la Honestidad aclaró que el cierre del expediente relacionado con la “Casa Azul”, vinculada al exgobernador Diego Sinhue, no es definitivo. La dependencia explicó que es un “carpetazo temporal” por falta de elementos inmediatos, pero la investigación puede reabrirse si surgen nuevas pruebas.
La titular de la dependencia puntualizó que el estatus no implica una exoneración total. El proceso administrativo fue pausado porque las diligencias actuales no sustentan una falta grave, manteniendo el expediente bajo resguardo ante cualquier nuevo hallazgo legal.
El caso genera reacciones por los señalamientos al patrimonio del exmandatario. La fiscalización insiste en que la pausa obedece a criterios técnicos internos, descartando un cierre político o una decisión irrevocable sobre el asunto patrimonial.
El expediente incluye revisiones a declaraciones y registros de propiedad del periodo de gestión. La Secretaría de la Honestidad revisa contratos y flujos de efectivo relacionados con la edificación para evitar vacíos legales en el proceso.
La reapertura depende de auditorías externas o denuncias adicionales documentadas. La revisión de cuentas es facultad permanente de la autoridad, pudiendo solicitar información bancaria si se detectan anomalías financieras.
Representantes sociales exigen que la investigación se agote conforme a derecho. La transparencia administrativa mide la eficacia institucional, especialmente en casos que involucran a altos perfiles del servicio público estatal.
Se esperan informes periódicos sobre el estatus de las investigaciones patrimoniales en curso.
AAK
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