Bolivia.  Una niña de 11 años fue víctima de abuso sexual en Bolivia, en el municipio de Yapacaní, Santa Cruz. El agresor de la menor es el abuelastro, de 61 años, quien abusó de ella en reiteradas ocasiones y la embarazó.

Tras denunciar el suceso, la comunidad inició un debate donde algunos defienden el derecho de la niña al interrumpir la gestación y otros quienes rechazan esta idea.

El hombre, quien cuidaba de la niña ya que sus padres viajaban por trabajo, se encuentra en la cárcel y la menor fue ingresada en un hospital.

Las sospechas de embarazo alarmaron a la prima de la pequeña de 11 años, pues ella le comentó "que sentía unos movimientos extraños en su vientre" por lo que le contó a su madre y es así que la tía presentó la denuncia, explicó Ana Paola García, directora ejecutiva de la Casa de la Mujer, a EFE.

 

Debaten aborto de niña víctima de abuso sexual en Bolivia

Al principio, la madre de la niña pidió que se interrumpiera el embarazo, según menciona García, ya que una sentencia constitucional de 2014 que establece que una víctima de violencia sexual puede abortar sin necesidad de una orden judicial y al margen del periodo de gestación en que se encuentre.

Al momento de llevar a cabo el proceso, una organización perteneciente a la Iglesia católica se involucró y la mujer desistió en la interrupción del embarazo de su niña.

García explicó que la menor señaló "NO QUIERO SER MADRE", antes de una junta médica, por tal motivo, se le suministró la primera dosis de medicamento para interrupción de la gestación.

Sin embargo, una abogada que la organización religiosa le puso a la mamá de la niña víctima, presentó un falso memorial de desistimiento acompañado de una carta manuscrita donde la menor supuestamente indica que ya no se someterá al procedimiento, el cual por ahora, está paralizado.

Es un crimen lo que se está haciendo con esta criatura porque en un país justo las niñas no son madres", afirmó Ana Paola García.

 

"Opiniones" divididas sobre los derechos de víctimas de abuso sexual

Este domingo, el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, al ser consultado por los medios, opinó que la menor tendrá que ser evaluada psicológicamente y si decide interrumpir el embarazo deberan respetar su decisión y generar las condiciones materiales necesarias.

Imagínense una niña de 11 años que todos los días tenga que ver a su hijo o a su hija producto de una violación. No podemos tolerar este tipo de conductas dentro de nuestro país y no podemos destruirle la vida a una niña de 11 años. Debemos generar las condiciones materiales para que se interrumpa este embarazo si así se lo define", manifestó.

Para nula sorpresa de todos, la iglesia católica en un comunicado abogó que se debe "salvar, cuidar y apoyar con amor de las dos vidas" y ofreció atención a la menor de 11 años, en un centro para madres adolescentes con el apoyo "material, médico, psicológico y espiritual".

Además, la iglesia manifestó desaprobación ante actos de violencia sexual y aseguró su "más firme repudio por la brutal violación", sin embargo, insistió que "ambas son vidas humanas independientes".

Tras declaraciones de la organización religiosa, Ana Paola García reiteró que debe prevalecer el bienestar físico y emocional de la menor por lo que consideró que el Estado debería intervenir ya para velar por sus derechos.