México.- La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió esta mañana uno de sus más duros reveses judiciales del sexenio, ya que un juez federal no vinculó a proceso y ordenó desechar el caso contra el asesor financiero y los tres abogados que fueron imputados de extorsionar a Juan Collado, por encargo de Julio Scherer Ibarra.

El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó que ninguna de las 75 pruebas presentadas por la FGR eran fiables y ordenó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigar a Collado y a los fiscales federales por irregularidades y actos indebidos en agravio de los hasta hoy imputados.

El juez cuestionó a la FGR de hacer una "imputación ficticia" contra el ex Consejero Jurídico de la Presidencia, por responsabilizarlo en todo momento de actos ilícitos y no haberlo citado a declarar, lo que calificó como una violación al derecho de defensa y la presunción de inocencia.

"Julio Scherer no fue citado a esta audiencia y se le imputó ficticiamente a través de hechos que le fueron atribuidos a otros, con lo que la Fiscalía violó su derechos de defensa y de presunción de inocencia. Primero debieron acreditar la conducta que supuestamente cometió Julio Scherer para imputar a los demás".

"Es claro que la Fiscalía no sólo investiga a Julio Scherer, también lo hicieron con Santiago Nieto, dichas personas no fueron llamadas a esta audiencia y la Fiscalía aprovechó sus funciones para enviar una amenaza velada de que en cualquier momento los va a citar", señaló Delgadillo Padierna en tono de reproche, al final de una audiencia de 23 horas.

"La FGR se ha conducido con mala fe y mala intención, si en su actuar existe perversidad, se necesita a Dios como abogado".

El fallo libró a los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y el asesor financiero David Gómez Arnau de toda responsabilidad en los delitos de extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y lavado de dinero.

La imputación de la FGR consiste en que Scherer, a través de los imputados, pretendieron obligar a Collado a vender Caja Libertad a Banca Afirme como condición para otorgarle un acuerdo reparatorio que le permitiera salir de prisión.

Banca Afirme es propiedad de Julio César Villarreal Guajardo, a quien Collado señala como amigo de Scherer.

En medio de esas gestiones, Collado pagó en febrero de 2020 un cheque de 1.5 millones de dólares a Isaac Pérez en Madrid y 10 millones de pesos en efectivo a César González en la Ciudad de México. Al tipo de cambio de aquel momento, la suma de estas cantidades son 37 millones 892 mil 799 pesos.

Delgadillo Padierna dijo esta mañana que Collado se prestó a ser un instrumento de venganzas, ya que denunció a sus abogados para buscar el criterio de oportunidad, beneficio que claramente consideró improcedente, porque el procesado no ofrece información fidedigna ni señala a quienes podrían estar relacionados a los procesos que lo tienen en la cárcel.

"Juan Collado no denunció a ningún beneficiario del lavado de dinero que se le imputa en su proceso y se prestó para que un acuerdo reparatorio se convirtiera en un instrumento de venganza", dijo el juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

"Por el efecto corruptor del proceso todas las pruebas carecen de fiabilidad, se declara invalidez de todo el proceso y se declara su sobreseimiento".

El impartidor de justicia se molestó cuando el fiscal Manuel Granados Quiroz se metió con el Poder Judicial de la Federación, al señalar que los tentáculos de Scherer permitieron manipular los turnos para que un expediente fuera radicado en un juzgado o tribunal específico.

Granados también dijo que gracias a las influencias del ex Consejero Jurídico, Araujo y González obtuvieron ilegalmente el proyecto de sentencia de un amparo negado a Collado, antes de ser votado por un tribunal colegiado. Sobre este aspecto, respondió que esos borradores eran públicos por ley.

"Solitos le ponen el pie a su propia institución, mantienen en proceso a Juan Collado pero al mismo tiempo lo defienden, es un actuar desleal contra su propio trabajo", le dijo Delgadillo a los fiscales en la sala de audiencias.

"(El fiscal) acusó al Poder Judicial de la Federación de turnar asuntos a modo por instrucciones de Julio Scherer con conjeturas, lo cual jamás se va a permitir en un centro de justicia. Si su teoría del caso fuera cierta, estarían investigados 2 jueces y 5 magistrados".

Uno a uno, Delgadillo desestimó todos los delitos. Del tráfico de influencias, dijo que la FGR trató de imputar a la vez dos conductas contradictorias "a ver si una pegaba" y olvidó que para fincar este delito necesariamente debía imputar a servidores públicos.

Sobre la extorsión, sostuvo que nunca existió porque, a pesar de que Collado siempre dijo que Araujo y González nunca fueron sus abogados, éstos sí tenían intervención en sus asuntos, hay testimonios de terceros que lo confirman y además no hay prueba de que haya sido obligado a pagar contra su voluntad cualquier suma económica.

De la asociación delictuosa, señaló que este ilícito la FGR mencionó que fue cometido en forma permanente de 2018 a 2021, pero lo cierto es que algunos imputados como Gómez Arnau y Pérez no aparecen involucrados en todos esos años.

Del lavado de dinero, un delito que sólo imputó a González por presuntamente recibir 10 millones de pesos en efectivo de parte de Collado, el juez dictaminó que el dinero era lícito porque el procesado lo obtuvo de cheques que cambiaban sus empleados para el gasto corriente.

Delgadillo cuestionó que la FGR incluyera entre sus datos de prueba algunas declaraciones en la prensa y redes sociales de los imputados, como son sus respuestas a las acusaciones, ya que estimó que son contrarias a la presunción de inocencia.

Una de esas pruebas desestimadas es una entrevista de Araujo con Carmen Aristegui en la que el litigante afirmó que no era abogado de Collado, como éste lo sostiene para fundamentar la presunta extorsión.

El juzgador, sin embargo, citó una conferencia "mañanera" para tener como acreditado que Julio Scherer se condujo con legalidad, al remitir a la familia de Collado con la FGR cuando se le acercaron para tratar de hablar sobre una salida alternativa a sus procesos.

Si bien la FGR dijo que en julio de 2021 la familia del abogado habló con el subprocurador de Delitos Federales, Juan Ramos, y éste les informó que no existía ninguna negociación de un acuerdo reparatorio, Delgadillo reviró y dijo que dicho funcionario no tenía por qué saberlo, ya que el área responsable era la SEIDO.

"Julio Scherer no sólo turnó (el caso) a la FGR sino que hay evidencia pública de que lo reportó a su jefe. La familia acudió a un funcionario que no tenía facultades porque Collado está procesado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita", expuso.

"En la mañanera el presidente dijo que el dinero era para un acuerdo reparatorio con la FGR, pero no le ha sido aceptado hasta el momento y eso no es responsabilidad de los abogados ni de Julio Scherer".

Y va FGR contra juez

La Fiscalía General de la República anunció que abrirá una carpeta de investigación por el fallo "parcial" del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien desechó esta mañana el caso contra los cuatro presuntos allegados a Julio Scherer Ibarra imputados por presuntamente extorsionar a Juan Collado.

En un comunicado, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero también informó que presentará una queja contra el juzgador ante el Consejo de la Judicatura Federal, por actos abusivos, conducta grosera y la defensa que hizo del ex consejero Jurídico de la Presidencia en la audiencia.

Anticipó que apelará el fallo que Delgadillo dictó esta mañana en favor de Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau.

A todos ellos les dictó la no vinculación a proceso y el sobreseimiento de los delitos de extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa.

"En razón de todos los actos abusivos y parciales contra la administración de justicia ya señalados, esta institución presentará de inmediato el recurso de apelación, que se hará público en los términos de la Ley de Transparencia. Asimismo, la FGR presentará queja ante el Consejo de la Judicatura Federal; y, a petición del Ministerio Público, abrirá carpeta de investigación penal sobre el presente asunto", dijo la dependencia.

"La FGR ratifica su respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial de la Federación. Uno o varios casos no van a motivar confrontación alguna con dicho Poder del Estado Mexicano, y mantendremos ese criterio, a pesar de toda la presión mediática que quiere convertir la procuración de justicia en un choque institucional, en un escándalo o en un encubrimiento".

La Fiscalía manifestó su apoyo al fiscal federal Manuel Granados Quiroz y a su equipo de trabajo, quienes encabezaron la audiencia cuestionada, y expresó su oposición terminante a la "resolución ilegal" del citado impartidor de justicia.

"Dicho Juez descalificó y agredió groseramente a la Representación Social, negándose a tomar en cuenta más de setenta y cinco datos de prueba presentados por las víctimas y por la parte acusadora, que no habían sido objetados, desde que la contraparte recibió el expediente correspondiente. Y se dedicó prioritariamente a realizar la defensa del señor Julio "S", que no estaba imputado; pero que sí existían una serie de pruebas que no habían sido refutadas, sobre su participación en los delitos de los que se imputó a diversos abogados", añadió.

De acuerdo con la Fiscalía, esta situación no puede estar desvinculada de la denuncia pública que el pasado 22 de abril presentó Scherer Ibarra en contra del fiscal Manuel Granados.

Indicó que el hecho de que esta querella no fuera tomada en cuenta por el juez, "indica una notoria parcialidad, ya que dicho juzgador sí analizó temas y antecedentes que no estaban en la litis".

"Todo ello en favor de los imputados y, notoriamente, del propio Julio "S"; ofendiendo y descalificando agresivamente la acción del Ministerio Público Federal y omitiendo el análisis imparcial de pruebas no refutadas; lo cual denota una parcialidad insostenible y una defensa ilegal de personas que no están imputadas, pero que aparecen en los datos de pruebas señalados por la Fiscalía y que no pueden ser ocultados", agregó.

La Fiscalía también se refirió a Alejandro Robledo Carretero, ex subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de la Paz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Robledo hoy apareció en la audiencia como defensor de César González.

"El abogado defensor del caso, Alejandro 'R', quien fue subsecretario en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, propuesto por Julio "S", días antes de la audiencia, afirmó públicamente sobre este asunto: 'se va a acabar esta venganza'. Poco después, el Juez coincidió y calificó la imputación de 'venganza', sin que hubiera prueba alguna", dijo.

"Dicha conducta inadmisible no habrá de inhibir al Ministerio Público de la Federación para judicializar todos los casos en que haya corrupción, tráfico de influencia o intereses ajenos a la justicia; y, de ello, se informará de inmediato a la opinión pública, de conformidad con la Ley de Transparencia, para evitar cualquier extorsión mediática criminal".

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HLL