Ciudad de México.- Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño cercano a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, renta un edificio en Tabasco al Poder Judicial de la Federación (PJF). El primer contrato de arrendamiento, firmado en 2018, establece una renta mensual superior a 650 mil pesos durante 57 meses, lo que equivale a más de 40 millones de pesos durante la vigencia del acuerdo inicial.
El inmueble se ubica en Prolongación de Paseo Usumacinta número 1122, en el Complejo Urbanístico Tabasco 2000, colonia Atasta, en Villahermosa, Tabasco, donde se instalaron los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con registros disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el acuerdo se formalizó a través del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Según el contrato consultado por El Universal, el documento se firmó el 1 de mayo de 2018 en Villahermosa. Inicialmente, Olán Aparicio arrendó el inmueble de 2 mil 265 metros cuadrados, distribuidos en seis plantas y 28 cajones de estacionamiento, por un monto de 650 mil pesos mensuales. A esta cantidad se sumaron 52 mil 570 pesos por concepto de conservación y mantenimiento, para un total de 702 mil 570 pesos mensuales. Esta renta no se cobró durante los primeros tres meses debido a los trabajos de adaptación realizados por el Consejo.
Una modificación al contrato, firmada el 30 de octubre de 2019 en la Ciudad de México, establece que el 15 de febrero de ese año Olán Aparicio manifestó su intención de incrementar la renta mensual a 715 mil 568 pesos, incluyendo la cuota de mantenimiento, a partir del 1 de mayo de 2019.
El PJF habría pagado a Olán Aparicio al menos 6 millones 323 mil 138 pesos por la renta del inmueble durante los primeros nueve meses de arrendamiento previos a la modificación. En los 48 meses posteriores, comprendidos entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2023, se habrían desembolsado otros 34 millones 347 mil 288 pesos.
Diferencias en montos pagados de renta de Amílcar Olán a PJ
La suma total de lo que habría recibido el empresario tabasqueño durante los primeros cinco años de arrendamiento asciende a 40 millones 670 mil 427 pesos. Sin embargo, la información de la PNT presenta variaciones respecto a los montos entregados, al reportar cantidades de entre 48 millones 845 mil 550 y 54 millones 803 mil 775 pesos.
Los representantes del CJF que firmaron el contrato celebrado en 2018 fueron Miguel Francisco González Canudas, secretario ejecutivo de Administración; Salvador Robles Cruz, coordinador de Administración Regional, y Alfredo Jesús Arriaga Uribe, director general de Asuntos Jurídicos.
La modificación de 2019 fue avalada por Alejandro Ríos Camarena Rodríguez, entonces secretario ejecutivo de Administración. También firmaron Rodrigo de Zulueta Rodrigo, coordinador de Administración Regional del CJF, y Adrián Valdés Quirós, quien se desempeñaba como director general de Asuntos Jurídicos.
Modificación avalada por acusado de irregularidades
Ríos Camarena fue acusado en 2021 de incurrir en irregularidades en contrataciones del CJF sin procedimientos de licitación y con sobrecostos de hasta 30%, pero la Fiscalía General de la República (FGR) lo exoneró en 2022 por falta de pruebas.
Por otro lado, una investigación del diario El País señaló a De Zulueta Rodrigo por presuntamente formar parte de una trama de lavado de dinero vinculada al abogado Víctor Manuel Álvarez Puga.
El contrato firmado en 2018 y su modificación de 2019 establecen una vigencia de cinco años a partir de la firma del acuerdo, con fecha de conclusión al 30 de abril de 2023. Sin embargo, una cláusula señala que “si al término del plazo forzoso, ‘el consejo’ continúa en uso y goce del inmueble, el arrendamiento continuará por tiempo indeterminado”.
El Universal consultó al Órgano de Administración Judicial, institución que sustituyó algunas de las funciones del CJF tras la reforma judicial, sobre la continuidad del acuerdo con el empresario tabasqueño.
En respuesta, el organismo informó que en mayo de 2023 se firmó un convenio modificatorio que extendió el arrendamiento hasta el 31 de marzo de 2025, fecha en la que se suscribió un nuevo contrato que concluyó el 31 de diciembre de ese mismo año.
Amílcar Olán renta a PJ y firman tercer contrato
Posteriormente, el 1 de enero de 2026 se firmó un tercer contrato. No obstante, la institución no detalló si existieron cambios en el monto mensual de la renta.
“No obstante, la Administración Regional evalúa desde hace varios meses la posible reubicación a fin de conseguir mejores condiciones de arrendamiento por el mismo o más espacio que el que actualmente se tiene”, señaló el órgano.
Olán, beneficiado por la 4T
El portal Latinus ha reportado que Olán Aparicio es presunto prestanombres de Andy y Gonzalo López Beltrán. En julio de 2025, el medio reveló que el empresario incursionó en el desarrollo inmobiliario mediante su empresa Aman Desarrollos, con el proyecto Cabo Paraíso, un fraccionamiento de 23 hectáreas que contempla 404 viviendas residenciales, 70 departamentos y cuatro áreas comerciales, ubicado a dos kilómetros de la refinería de Dos Bocas.
Además, el portal lo identifica como operador central de “El Clan”, una presunta red de corrupción y tráfico de influencias encabezada por Andy y Gonzalo López Beltrán, la cual habría obtenido beneficios económicos mediante contratos relacionados con el Tren Maya, Pemex, la Sedena y la venta de medicamentos a gobiernos emanados de Morena.
El balastro del Tren Interocéanico
También se le señala como proveedor de balasto para la Línea K del Tren Interoceánico, mediante un contrato por 47.6 millones de pesos, obra supervisada por Gonzalo López Beltrán.
En 2024, audios difundidos también por Latinus registraron que supuestamente Olán Aparicio afirmó que Gonzalo López Beltrán les repartió minas en Oaxaca para explotar y extraer balasto.
“Bobby me dijo que nos van a dar un frente en unas minas allá por Oaxaca, que nosotros las explotemos”, se escucha en uno de los registros.
Asimismo, en 2023, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que una de sus empresas, Romedic, recibió entre 2020 y 2022 contratos por más de 490 millones de pesos por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en Quintana Roo y Tabasco
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