Ciudad de México.- Un grupo de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echar abajo la Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del Caso Iguala, al momento de votar sobre su procedencia.
Seis de los padres de las víctimas, encabezados por Felipe de la Cruz Sandoval, presentaron una petición por escrito al máximo tribunal del país para solicitar que revoque la sentencia dictada en 2018 por el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, en la que ordenó la creación de esa comisión.
“Solicitamos: declarar la improcedencia constitucional e institucional de la creación de una nueva Comisión de la Verdad, en virtud de que su ejecución material fragmentaría las investigaciones ministeriales vigentes, duplicaría funciones de laboratorios forenses y dispersaría recursos económicos indispensables para el esclarecimiento factual del caso”, se lee en el escrito presentado el viernes pasado.
“Revocar y corregir el criterio interpretativo de la sentencia del Tribunal Colegiado que confiere facultades extraordinarias ultra vires a la CNDH y desnaturaliza las facultades exclusivas del Ministerio Público Federal, ordenando que las reglas operativas se ciñan estrictamente a los cauces que marcan la Constitución Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas y los instrumentos jurídicos”.
La petición fue suscrita por Socorro Villarreal Moctezuma, Margarito Ramírez Rodríguez, Celso García Aristeo, Mario Micaela Fernández y Hugo Mora Venancio, además de Felipe de la Cruz, padre de un normalista sobreviviente.
La postura de este grupo de familiares coincide con la manifestada por la Fiscalía General de la República (FGR), que considera que la creación de ese organismo sería un atentado contra el debido proceso.
En su escrito, señalan que la nueva Comisión también ocasionaría una dispersión presupuestal y logística, ya que multiplicar ventanillas administrativas desvía recursos críticos que deberían concentrarse en consolidar las líneas de investigación pendientes.
“El costo simbólico y la frustración social derivados de abrir nuevos debates de diseño institucional, en lugar de consolidar la persecución penal, son inaceptables para nosotros como víctimas”, señalan.
Además, debido a que la sentencia del colegiado establece que la Comisión debe conformarse con personal distinto al que ha estado a cargo de la investigación, la curva de aprendizaje de los nuevos responsables dilataría las indagatorias.
“En la criminalística de campo, el paso del tiempo es el peor enemigo de la verdad factual. Detener la marcha de las indagatorias actuales para capacitar a un nuevo personal técnico implica dilaciones procesales que se traducen en la pérdida de vestigios materiales y en la revictimización secundaria de nosotros, los familiares, debido a la constante reiteración de entrevistas y testimonios”, explicaron.
“En el ordenamiento jurídico mexicano, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) ya ejercen de forma especializada la concentración de peritajes forenses, análisis de metadatos, testimonios bajo criterios de oportunidad y líneas de investigación de contexto. Superponer una nueva estructura formal generaría patologías institucionales”.
El 31 de mayo de 2018, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenó crear una nueva comisión para investigar el Caso Iguala y precisó que debía integrarse por representantes de las víctimas, la CNDH y la FGR.
A diferencia de las comisiones de la verdad de otros países, este nuevo organismo no sería únicamente un mecanismo para construir la memoria histórica de un caso específico, sino un instrumento que sustituiría a la Fiscalía en la investigación y el ejercicio de la acción penal.
Después de ocho años de litigio, el pasado 7 de julio la Corte acordó revisar, en última instancia, si debe o no instalarse dicha Comisión.
Piden nuevas medidas
Los familiares también pidieron a la Corte ordenar un paquete de medidas técnico-jurídicas para reconducir las investigaciones bajo un estricto apego a la legalidad, al orden constitucional y a la jurisprudencia interamericana.
Según el escrito, las medidas propuestas son dotar a la UEILCA y a la CoVAJ de mayores recursos y autonomía técnica y operativa, además de establecer cronogramas con plazos procesales fatales para el desahogo de las líneas de investigación pendientes.
También solicitaron adoptar obligatoriamente el Protocolo de Minnesota para aplicarlo a cada hallazgo forense de restos óseos, así como el Protocolo de Estambul para cada alegato de coacción.
Otras sugerencias son aplicar dichas metodologías forenses con la participación de expertos internacionales independientes y constituir una célula integrada por peritos internacionales y fiscales dedicada exclusivamente a la depuración probatoria y al fortalecimiento de la cadena de custodia.
Adicionalmente, plantearon realizar audiencias judiciales periódicas para que los jueces supervisen los plazos y avances de la investigación; implementar un marco de protección para testigos y víctimas, y establecer convenios internacionales para auditar las metodologías de análisis de datos y la validez técnica de los hallazgos científicos.
Cae mando de la Marina; lo acusan de tortura y ocultar videos
El 13 de julio, AM publicó que el Contramaestre Vidal Vázquez Mendoza, quien se desempeñaba como suboficial de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), fue vinculado a proceso por un tribunal federal tras ser señalado por presuntamente realizar actos de tortura contra un presunto integrante del crimen organizado involucrado en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014.
De acuerdo con el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México, existen elementos para procesar al mando de la Marina por los delitos de desaparición forzada y tortura cometidos dentro de las instalaciones de la Armada contra Agustín García Reyes, alias “El Chereje” y quien además de ser señalado por la desaparición de los normalistas, también formaría parte de la agrupación Guerreros Unidos.
Una de las pruebas contra el marino es un video de un interrogatorio ilegal al presunto delincuente en las instalaciones de la Marina, al sur de la capital del País. El Contramaestre no aparece videograbado, aunque se escucha que alguien menciona el nombre de “Vidal”.
“La participación del investigado en el hecho que la ley señala como delito de tortura, si bien se establece con las bofetadas que por sí propinó a la víctima con la finalidad de obtener información, lo cierto es que no se agota con esas agresiones directas, porque los datos de prueba permiten ubicarlo dentro de una actuación conjunta, en tanto que estaba adscrito a la Secretaría de Marina, institución que el día de los hechos participó en el operativo y detención de (García Reyes)… aparece en las videograbaciones de los interrogatorios perpetrados al pasivo”, dice el fallo.
El tribunal remarca que existen datos de que, tras ser detenido “El Chereje” en Cocula, Guerrero, el Contramaestre ordenó trasladarlo ilegalmente a Apetlanca, municipio de Cuetzala del Progreso, cuando debió ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Con su determinación, dictada por unanimidad, el colegiado revocó la no vinculación dictada el 28 de noviembre de 2025 por el juez de control Edmundo Perusquia Cabañas, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien en un principio consideró que la imputación carecía de datos de prueba.
RAA
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