Desde el pasado fin de semana, la DEA filtró entre algunos cuerpos de seguridad mexicanos la noticia del inminente desistimiento de las acusaciones en contra del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional.

La captura del general, ocurrida el jueves 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, fue vista con malos ojos dentro de sectores de la misma DEA, así como del FBI, los cuales alegaron que la captura ponía en situación de crisis la relación con organismos mexicanos de seguridad con los que intercambiaban información desde hacía años. Cienfuegos había sido pieza importante en dicho esquema.

El general y su familia denunciaron que la aprehensión, por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, se había dado en medio de maltratos físicos y verbales.

Al general, a quien de inmediato se impuso en redes y medios el nombre clave con que se le conoció en la investigación, "El Padrino", se le linchó como espejo de un pasado de impunidad y corrupción. El presidente López Obrador, que suele pronunciarse sin reflexionar en el alcance de sus palabras, lamentó que un exsecretario de la Defensa estuviera detenido por vínculos criminales, indicó que la detención era prueba de la existencia de un narcogobierno, y advirtió que, como en el caso García Luna, quienes hubiesen colaborado con Cienfuegos, aún con un solo señalamiento, serían retirados de sus cargos.

Unas horas después matizó que no habría una limpia en el Ejército "hasta que sepamos quiénes participaron".

Entonces un nuevo factor entró en juego, según fuentes consultadas por el columnista: las esposas de los altos mandos forman una red de información y ayuda. En esa red cayeron, con gran detalle, las quejas por los maltratos sufridos por Cienfuegos y su familia. En esa red ardieron las declaraciones iniciales del presidente. Desde esa red subió un clima de inconformidad que pronto permeó y caldeó a los altos mandos.

Tuvieron que explicarle lo obvio al presidente: "Aquí todos somos los mismos. Los que estuvimos con Calderón, los que estuvimos con Peña Nieto, los que estamos ahora con usted". Por eso vino el cambio de matiz.

El descontento no menguó. La presión por la falta de garantías continuó subiendo: ¿Después de Cienfuegos, sobre quién decidiría ir la DEA?

El 21 de octubre, Marcelo Ebrard expresó al embajador Landau "la sorpresa y el descontento" de México por no haber sido informado de lo que sobrevenía. Ebrard conversó días después con William Barr, fiscal general de Estados Unidos, y refrendó la molestia ante las muestras de desconfianza y la falta de información.

El 5 de noviembre, en medio de grandes especulaciones, Cienfuegos se declaró inocente.

Sin embargo, el daño en la relación ya estaba hecho: las agencias estadounidenses sabían que no podrían contar más con la Sedena, o no del mismo modo. Para colmo, se juzgaban débiles las pruebas de la DEA y el gobierno mexicano había entrado en crisis con las fuerzas armadas. Estos elementos jugaron de algún modo en la novela del general y en el hecho, histórico, del desistimiento de las acusaciones. La DEA, afirman expertos en seguridad, queda en vergüenza y totalmente dañada.

Cienfuegos volvió este miércoles a las 18:40. Se le informó que hay una carpeta de investigación en su contra (con los datos enviados por el gobierno estadunidense). Se dio por enterado y se fue a su casa.

Sus primeras declaraciones lo dirán todo. Si son contundentes, van a levantar ámpulas. Si no, quedará claro que en el arreglo hubo algo que no sabemos. Las pruebas supuestamente obtenidas por la DEA mediante intervenciones, ¿se podrán usar sin daño al debido proceso? Lo mejor del caso está por venir.