El pasado miércoles 3 de agosto, el Observatorio Ciudadano de León (OCL) rindió el reporte semestral de Incidencia Delictiva, a través de plataforma virtual, a la que asistimos invitados por este organismo, así como reporteros y periodistas de diversos medios de comunicación locales, entre ellos Daniel Martínez Macías de este periódico A.M., quien realizó un resumen muy atinado y puntual del tema tratado en la reunión (A.M. 4/08/22 pág. A.4) y que fue el referente a la Incidencia Delictiva presentada por Francisco Ríos, coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia del OCL, y por Mayra Legaspi, acompañados por Ricardo Patlán en representación de la Fiscalía General del Estado, experto en el área de Extorsiones.

En dicha presentación se expuso la alza que han tenido varios delitos respecto del primer semestre del año pasado, que han sido denunciados por las víctimas que han sufrido estas conductas delictivas, entre otros el robo a vehículo, violación, homicidio culposo, robo con violencia, violencia familiar, lesiones dolosas, robo a negocio, robo a transeúnte, y el que más destaca por la cantidad de denuncias presentadas es el de extorsión, al pasar de 79 carpetas de investigación abiertas a julio de 2021, a ¡248! en el mismo periodo de este año, lo que representa más del doble de personas que han sido víctimas de este delito en cualquiera de sus modalidades o formas de comisión, siendo a través de redes sociales o llamadas telefónicas las denominadas extorsiones virtuales las que mayormente se realizan; afortunadamente todavía no abordan las presenciales con la presentación de volantes o escritos amenazantes, o bien, con sujetos armados que se presentan directamente a las víctimas potenciales.

Fue muy ilustrativa la exposición del maestro Patlán, quien trató de ejemplificar de manera muy sencilla algunas de las formas más frecuentes de operar por parte de la delincuencia en este tipo de delitos; así como también, la forma de prevenirlos y, en su caso, abortarlos.

Dado el alcance del problema que se causa con este delito y los efectos ejemplificados en otros municipios del estado donde se afecta la tranquilidad en general, pero en especial, el comercio, la industria y servicios, nos ilustró señalando la reforma penal reciente de apenas hace poco más de dos meses, donde se modificó la clasificación del delito en el Código Penal para trasladarlo por el bien jurídico tutelado, del Capítulo Patrimonial al de Seguridad de las Personas y adecuando el tipo penal del anterior que exigía un resultado material (perjuicio patrimonial) a uno de solo mera conducta y de peligro; pasando del artículo 213 al artículo 179 e) y 179 f) del Código Penal de Guanajuato. Enhorabuena por esta reclasificación y que sea eficiente para atacar la comisión de este delito, necesitando para ello lo principal: la denuncia ciudadana oportuna.

Por otro lado, resultó grato darnos cuenta de la disminución en el índice de homicidios dolosos cometidos en el estado en el mismo periodo de 2021 respecto del primer semestre de este año, en 10%. Esperamos que continúe esta tendencia a la baja, ya que este delito es de los que más ha dañado la imagen de Guanajuato a nivel nacional y hasta internacional; ojalá nuestras autoridades continúen con su labor de prevención en aras de inhibir estas conductas y la Fiscalía General continúe llevando a cabo y fortaleciendo sus investigaciones que concluyan en aprehensiones en contra de quienes cometen este delito.

 

 

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