El refrán “pagan los justos por los pecadores” significa que, en ocasiones, sobre todo en nuestra sociedad, por una mala decisión o actuación de un grupo, las consecuencias las pagamos todos, hayamos o no tenido alguna participación.
El problema con este refrán es que se ha convertido en la principal estrategia de nuestras autoridades para resolver los problemas que nos aquejan, y es aplicado en casi todas las áreas de la Administración Pública.
Así, tenemos el caso de las disposiciones laborales, en donde la autoridad se vio rebasada e incompetente para enfrentar el problema de la subcontratación de personal, de forma que decidió prohibirla, con el argumento de que en algunos casos se utilizaba para evitar otorgarle las prestaciones de ley a los trabajadores, pero ignorando que también había una gran cantidad de empresas que cumplían al pie de la letra con sus obligaciones laborales y representaba una forma válida para contratar colaboradores.
En el espectro fiscal esta práctica ha sido aplicada por muchos años por nuestras autoridades tributarias, entonces si se detecta un abuso, por ejemplo en la deducción de alimentos o automóviles, gasolina, etc. por parte de algunos contribuyentes, la forma más fácil de evitarlo es prohibiendo o limitando tales deducciones, sin importar si efectivamente esos alimentos fueron consumidos para fines del negocio, o si verdaderamente los automóviles y la gasolina son destinados para las actividades de la empresa. A veces es tan obtusa la forma de abordar esta problemática por las autoridades que, por erradicar una mala practica de algunos cuantos, afecta a toda una industria, como lo es la automotriz, restaurantera, etc.
Otro caso lamentable fue la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco con el pretexto de la presunta corrupción, misma que nunca se comprobó, pero que justificó la cancelación de todo un megaproyecto de funcionalidad y conectividad nacional e internacional que afectó a todo el País y no solamente a los viajeros, y lo peor de todo es que esto no vino desde una autoridad segundona o sin visión, sino que llegó directo desde el Presidente de la República, anteponiendo las venganzas, los resentimientos y los complejos, por encima del bien mayor. Aquí además hubo doble o triple golpe, pues los costos de la cancelación, así como la construcción de la vacilada que resultó ser el nuevo aeropuerto AIFA, la vamos a pagar todos los mexicanos.
Y aquí en Guanajuato no nos quedamos atrás, pues en la semana salió publicada una nota periodística que señalaba que es posible que se vayan a prohibir las peleas de gallos, ya que las apuestas que se dan en ellas provocan, según el Ejército, “la llegada de grupos delincuenciales”. Es decir, la propuesta no vino de grupos protectores de los animales ni ambientalistas, sino que vino de una de las autoridades que son encargadas de otorgarnos seguridad a los ciudadanos, y que ante su evidente incompetencia, deciden eliminar una actividad, que si bien es cierto, puede no ser del agrado de mucha gente, lo cierto es que está permitida por la ley y para la cual la autoridad emite los permisos correspondientes.
Bajo esta óptica, las empresas y la sociedad en general vamos a acabar por dejar de contratar personal, o mejor no haremos ninguna actividad productiva, pues estaremos pagando impuestos excesivos o injustos, o en el peor de los casos, terminaremos por quedarnos en casa y no salir, ya que la autoridad no puede garantizarnos seguridad.
¿Qué no es más fácil atacar y combatir la corrupción, la evasión fiscal, el abuso laboral o darnos seguridad a los ciudadanos, extirpando los cánceres que las provocan, en lugar de aplicar el refrán que dice “muerto el perro se acabó la rabia”?
LALC
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