La reciente aprobación en el Senado de México de aranceles a productos provenientes de China y otros países asiáticos representa una decisión valiente y necesaria para defender la justicia comercial y la competitividad de nuestra economía productiva. Este paso no es un capricho proteccionista, sino una respuesta fundamentada en realidades contundentes: prácticas de dumping, subsidios gubernamentales y un desequilibrio estructural que ha perjudicado sectores clave.
El mérito de esta estrategia debe reconocerse, y en ese reconocimiento destaca el trabajo visionario del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien ha impulsado una política comercial que finalmente pone los intereses de los productores mexicanos en el centro de la discusión.
La imposición de aranceles a importaciones de China, India y otros países sin tratados comerciales con México obedece a datos innegables: mientras las importaciones desde China superan ampliamente nuestras exportaciones, la balanza comercial bilateral es profundamente asimétrica. En 2024, México importó desde China cerca de 129,8 miles de millones de dólares en mercancías, pero solo exportó alrededor de 9,9 miles de millones, generando un déficit comercial que ronda los 119,85 miles de millones de dólares a favor de China.
Esta brecha no solo refleja una dinámica de intercambio desigual sino una dependencia creciente que amenaza la soberanía productiva del país.
Sectores emblemáticos como el textil, el calzado y la industria automotriz han visto cómo productos extranjeros, con costos artificialmente bajos, ingresan a nuestro mercado a precios que no reflejan los costos reales de producción ni las normas laborales y ambientales que sí cumplimos en México. Esta situación ha generado pérdida de empleos, cierre de fábricas y debilitamiento de cadenas productivas nacionales.
No es casualidad que China, al ser el segundo socio comercial de México y representar cerca del 20 % de nuestras importaciones totales, tenga una huella tan profunda en nuestra economía.
Por ejemplo, en el sector textil, las importaciones de prendas terminadas a bajo costo han desplazado a fabricantes locales que no pueden competir con precios subsidiados desde el extranjero.
Similarmente, el sector del calzado ha sufrido la invasión de productos importados a precios de dumping que ponen fuera de mercado a productores mexicanos con calidad comparable. La industria automotriz, aunque robusta en ciertas áreas, también enfrenta una presión creciente de vehículos y autopartes importadas a costos bajos, lo que amenaza las cadenas de suministro nacionales y los empleos bien remunerados que estas generan. Cuando un automóvil chino se vende a un precio inferior al costo de producción real, no se está ofreciendo una “ventaja” genuina al consumidor, sino una estrategia de penetración que a la larga destruye capacidades productivas mexicanas.
No se trata simplemente de que los productos importados sean baratos; se trata de entender que el precio aparente no refleja los costos reales ni las distorsiones del mercado global. Si las plantas de ensamblaje nacionales, los proveedores de partes, los talleres especializados y los empleos calificados desaparecen, el país pierde más de lo que gana con un costo inicial menor.
La competitividad no puede ser sinónimo de depredación del mercado interno. El gobierno mexicano ha actuado con estudios serios y datos reales que justifican el incremento arancelario, no por irracionalidad, sino por la urgente necesidad de corregir décadas de desequilibrios.
Ante las protestas y amenazas veladas de China y otros sectores externos, México debe mantener una postura firme. Ceder ante presiones que buscan revertir medidas arbitradas con base en datos sería abdicar de la defensa del bienestar de los mexicanos. No es un rechazo al libre comercio; es una exigencia de reglas claras, equitativas y respetuosas de las condiciones de producción y empleo en México. Negociar es legítimo y necesario, pero no a costa de sacrificar nuestra capacidad productiva ni nuestra soberanía económica.
La historia económica de México está llena de lecciones sobre la importancia de proteger industrias estratégicas cuando enfrentan competencia desleal. Hoy tenemos la oportunidad de corregir el rumbo sin antagonismos, pero con firmeza. No se trata de cerrar el mercado, sino de regularlo con justicia. Los consumidores pueden seguir teniendo acceso a bienes importados, pero ello debe ocurrir bajo condiciones que no destruyan la industria local.
México no debe recular. La aplicación de aranceles bien fundamentados y el compromiso de negociar condiciones más justas sitúan al país en una posición más fuerte. Defender el empleo y la industria nacional no es proteccionismo irracional, sino una política responsable que garantiza un desarrollo económico sostenible y soberano para las generaciones presentes y futuras. Mantener esta estrategia, sin marcha atrás, es un imperativo de justicia comercial y de dignidad nacional…
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