DESCOLOCADA luce la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Primero ordenó la detención del rector de la universidad estatal, José Alberto Abud, y luego abrió un tremendo pleito con diputados locales de su propio partido, hechos que ya le alborotaron el estado rumbo a las elecciones de gobernador de 2027.
Y AHORA, la mandataria se lanzó en sus “Martes del Jaguar” contra el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, después de que el legislador la exhortó a evitar una fractura en las filas guindas. El caso es que a Sansores no le gustó y acabó despotricando contra el zacatecano, a quien le dijo que “cuide su chiquero” y lo acusó de ser un emblema del nepotismo.
AL RESPONDER, el legislador enseñó su largo colmillo y le dijo a Layda que para pelearse hacen falta dos y hasta le ofreció la otra mejilla. Pero lo que acabó de enervar a la gobernadora fue la remoción del embajador de México en Guatemala, Romeo Ruiz Armento, quien es su esposo.
SIN EMBARGO, parece que lo que más influyó en su salida fueron sus vínculos con Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo también conocido como Míster Casinos y Míster Huachicol. Y ahí sí, ni cómo defenderlo.
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SORPRENDIÓ el destape que hizo el coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco, de su compañera Ruth González como candidata a la gubernatura de San Luis Potosí para 2027.
SEGÚN se vio, la esposa del actual mandatario, Ricardo Gallardo, no se esperaba que la pusieran en el reflector e incluso le soltó un: “¡Ay, Manuelito!” al jefe de su bancada.
ESO SÍ, no parece casual que en medio de las negociaciones de la reforma electoral donde los del tucán no han dado su brazo a torcer, la candidatura en San Luis Potosí salga a relucir como una cara moneda de cambio.
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MUCHA preocupación genera entre defensores de los derechos humanos la iniciativa para una Ley de Amnistía en Venezuela.
AUNQUE se presenta como un instrumento para indultar a presos políticos, quienes saben cómo opera el aparato chavista-madurista aseguran que es una mera táctica para lavarle la cara al gobierno venezolano ante la opinión pública internacional tras décadas de encarcelar y torturar a disidentes.
Y ES QUE la nueva ley pondría la carga de la prueba ¡en los familiares de los detenidos!, quienes tendrían que entregar los nombres de quienes han sido víctimas de un encarcelamiento injusto.
LO QUE debe ocurrir, afirman, es que el Estado reconozca los excesos del pasado, libere a quienes fueron metidos a la cárcel por oponerse al régimen y, sobre todo, desmantele el aparato represor. Pero no parece que eso sea lo que realmente busca la presidenta heredera del chavismo, Delcy Rodríguez.
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