Una nueva visita a Guanajuato de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ya no solo para hacer anuncios, sino para inaugurar una obra como el bachillerato tecnológico en León, y presumir resultados concretos en materia de seguridad, deja claro que sigue la luna de miel con la gobernadora Libia García.
La sexta visita desde el 1 de octubre de 2024 que tomó protesta es una señal positiva del entendimiento entre ambas mandatarias de partidos rivales. Pero lo es aún más el que reporten una reducción en la incidencia de homicidios, aunque saben bien que Guanajuato está muy lejos todavía de la pacificación anhelada, los ataques recientes en Salamanca y San Francisco del Rincón son una terrible muestra.
Lo verdaderamente importante es la inclusión de proyectos estratégicos para el desarrollo económico de la entidad en el Programa de Gobierno de la Presidencia de la República, como son el acueducto Solís-León, la tecnificación agrícola, el saneamiento del río Lerma, la construcción del tren de pasajeros Querétaro-Irapuato-León-Guadalajara, y el Polo de Desarrollo de Celaya.
Además del hospital del IMSS en la capital (por inaugurarse) y las promesas de que ahora sí los construirán en Irapuato, Salamanca y Celaya.
En el sexenio anterior Andrés Manuel López Obrador también visitaba la entidad, por ejemplo encabezó en la misma sede de la XII Región Militar reuniones del gabinete de seguridad federal con el local y su mañanera. Igualmente presumía que había estrecha coordinación con el gobierno de Diego Sinhue y hasta le caía bien.
Pero lo cierto es que, además de la dispersión de recursos en los programas sociales del Bienestar, Guanajuato no estuvo en la agenda de proyectos prioritarios. Varias de las visitas de AMLO fueron en privado, y de pisa y corre, a la refinería Ing. Antonio M. Amor para supervisar una reconfiguración cuyo resultado no sabemos.
Diego trató de mantener hasta el final una relación cordial con AMLO y su gobierno, incluso en momentos tan complicados como la cancelación del proyecto del Zapotillo a pesar de un decreto presidencial vigente que le garantiza agua a León, optando por gestionar el plan B que hoy ve la luz. O con la conformación de la llamada Alianza Federalista de gobernadores opositores que terminó por diluirse.
Dichos y hechos
Hoy Libia y Claudia, más allá de los discursos, parecen tener una sincronía real. Tampoco ninguna es ingenua y tratarán de capitalizar los resultados a su favor cuando lleguen los procesos electorales del 2027 y del 2030, este último en donde la 4T y Morena echará toda la carne al asador para arrebatar la gubernatura al PAN.
En el radiopasillo hay quienes insinúan que con tanto amor la gobernadora plancha la entrega del estado a Morena. Lo cierto es que a los guanajuatenses, y eso qué bueno que lo entienden ambas políticas, lo que les interesa son resultados. A los gobernantes para eso se les paga, no para andar en grillas partidistas estériles.
“Quiero agradecer, es importante reconocer que si algo ha sido prioritario para el Gobierno federal encabezado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, como para nuestro gobierno estatal, es recuperar la paz y el bienestar para todas las familias, esa ha sido la guía. Y en Guanajuato hemos encontrado apertura, diálogo, colaboración y coordinación para lograr los resultados”, fueron las palabras con las que Libia García le dio la bienvenida a Claudia en la mañanera del viernes.
“Hace un año estuvimos aquí con la gobernadora y dijimos: Vamos a poner orden en Guanajuato y somos dos mujeres que estamos trabajando en ello. Nuestro compromiso con el pueblo es seguir trabajando todos los días”, resaltó Claudia.
Acueducto, sí, pero…
La sexta visita de la presidenta Sheinbaum trajo buenas noticias, eso sin duda, pero también hay pendientes y focos de preocupación que no pueden obviarse. Uno principalmente: el hoy indefinido arranque de obra del acueducto Solís-León para dotar de agua a los municipios de León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya.
Y es que si bien la presidenta sostiene como un proyecto prioritario el acueducto, y el primer paso indispensable, que es la tecnificación del riego, ya está en marcha, todavía no se conoce el proyecto ejecutivo del primer tramo, está pendiente el Manifiesto de Impacto Ambiental y no hay fecha concreta para iniciar la obra.
Hay que recordar que, si bien se financiará mitad recurso Federal y mitad el Estado (15 mil millones de pesos el estimado), es una obra a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y varios de los trámites pendientes son federales. Y para garantizar su parte el Gobierno del Estado recurrió a 4 mil millones de deuda.
Los dichos de la presidenta en la mañanera, de nada por la fuerza, se entienden en que se debe agotar siempre la vía del diálogo con quienes no están de acuerdo, y para eso es fundamental el presentar la información completa aún pendiente. Que la falta de información no sea una razón válida para quienes dicen “no” al proyecto.
“En el momento que ya esté convencida la gran mayoría de la población, estaríamos avanzando. Es muy importante dar la información y que no haya conflicto social relacionado con esta obra”, fueron palabras de Sheinbaum reiterando lo que ya se ha dicho de que no se le quitará agua a nadie para llevarla a estas cinco ciudades.
La duda entonces es a qué nos referimos con “la gran mayoría”, ¿quién, cómo y cuándo se determinará eso? Frente a las protestas campesinas y sociales surgidas el año pasado, principalmente en la zona sur, autoridades federales como la Conagua y las estatales, Secretaría de Gobierno y Secretaría del Agua, han realizado una serie de encuentros para socializar el proyecto. Y en eso están.
Apenas el pasado 4 de febrero, en un encuentro en la Universidad Iberoamericana de León, activistas y defensores de derechos humanos con representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el profesor Juan Manuel Ayala, a nombre del Observatorio Acambarense por los Derechos Humanos “Fray Raúl Vera López”, alzó la voz.
“A pesar de las diversas acciones llevadas a cabo sin respuesta positiva para los intereses de la población inconforme, le solicitamos, respetuosamente, a esa Representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, su amable intervención a efecto de visibilizar la situación descrita desde el enfoque de derechos humanos, monitoreo del caso e incidencia política”, dice la carta firmada por Ayala López, acompañada de información sobre el tema.
Entre los legítimos reclamos están asuntos históricos de las comunidades aledañas a la presa Solís por la falta de regularización de sus tierras y pagos pendientes de cuando ésta fue construida (se inauguró en el lejano 1949). Para regularizar ya instalaron autoridades federales y estatales una mesa de trabajo, mientras que los pagos es tema más complejo y está en la cancha de la Conagua su revisión.
En resumen, con la experiencia de décadas del acueducto Zapotillo que con decreto, presa construida y acueducto licitado, se vino abajo. Esta vez, la autoridad federal, con la colaboración estatal, no tienen ya margen de error para resolver pronto y bien el asunto y cumplir con la promesa de garantizar agua para el futuro.
Resistencia frente a las concesiones
El movimiento ciudadano denominado “Resistencia Ciudadana GTO-Silao” no quita el dedo del renglón en su exigencia por transparentar lo que consideran fue la entrega de una concesión irregular para la construcción y operación de la autopista Silao-San Miguel de Allende y en paquete la vía Silao-Guanajuato (al consorcio Vise-Rubau).
Además de lo que califican de “extorsión carretera”, por el peaje que exigen no cobrar después de tres décadas de que ya pagaron con creces el costo de la obra.
Este viernes se reunieron con el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, a quien al igual que a los legisladores de los distintos partidos, le hicieron entrega de un pliego petitorio que expone datos sobre el impacto económico y social del pago del peaje, y sobre la opacidad en la extensión de las concesiones entregadas en septiembre 2024, antes de terminar el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez.
La comitiva ciudadana, que entre otros integran Carlos Arce y Roberto Saucedo, informó que han iniciado la batalla legal con la presentación de amparos que ya fueron admitidos y próximamente interpondrán una Acción Colectiva por lo que consideran violación a los derechos humanso de igualidad y de libre tránsito.
La exigencia que hacen al gobierno de Libia García es puntual: una auditoría externa al paquete de concesiones, como lo planteó el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks; transparentar la información de la carretera Silao-San Miguel de Allende y que le pongan fecha y hora a una reunión con la gobernadora.
Falta que desde el Poder Legislativo o el Ejecutivo encuentre eco la propuesta de auditoría forense a las concesiones, o la movilización crecerá. ¿Se animarán?
Congreso, a trabajar
El pasado domingo 15 abrió el telón del segundo periodo del segundo año de la Legislatura en Guanajuato y la agenda de iniciativas en trámite y otras bajo el brazo por las distintas representaciones parlamentarias viene cargada e interesante.
De entrada está la armonización con lo federal de distintas reformas legales que no esperan: electoral, judicial, la relacionada con pueblos originarios y personas afrodescendientes, en materia de transparencia, en búsqueda de personas desaparecidas y en mecanismos alternativos de solución de controversias.
Lo otro que adereza el periodo legislativo son las iniciativas de los partidos. La bancada más numerosa (que no hace mayoría), la del PAN que coordina Jorge Espadas, tiene en su agenda sacar algunas ya presentadas como son el fortalecimiento del tipo penal de abuso seual, la protección de los menores ante el reclutamiento de grupos delictivos y la de la regulación de celulares en escuelas.
En la nueva agenda azul destacan temas como el transparentar el Padrón de Proveedores mediante datos abiertos e información detallada sobre registros, contratos, historial y sanciones. Así como prevenir los conflictos de interés y exigir la declaración de posibles vínculos personales, familiares o económicos antes de participar en compras públicas. Hay que recordar que ya antes el PAN echó para atrás una iniciativa suya en materia de compras públicas. Pero de que urge, urge.
La bancada morenista de 11 legisladores, encabezados por Ricardo Ferro, tiene entre sus prioridades insistir en la regulación de la interrupción legal del embarazo, la homologación de la Ley General contra la Extorsión y reforzar la igualdad sustantiva.
Además de un paquete de propuestas relacionadas con la fiscalización del gasto público, la evaluación de la política social del estado, la definición de una estrategia de seguridad pública aprobada por el Congreso y con una evaluación anual, entre otras.
En el PRI de tres diputados, coordinados por Alejandro Arias, insistirán en pendientes como la ley para regular los anexos, la obligación a bares y centros nocturnos de instalar sistemas de videovigilancia dentro y fuera de los establecimientos, y la tipificación del delito de terrorismo y ciberterrorismo.
Además de propuestas en materia electoral, entre estas el mejor control y supervisión del uso de los recursos públicos otorgados a los partidos políticos.
En Movimiento Ciudadano los dos diputados coordinados por Rodrigo González, presionarán en la despenalización del aborto y esta semana presentaron una inicaitiva importante en materia de movilidad para que el Estado también sea corresponsable de este servicio público y no solamente los municipios. Además de que se incluye un fondo de subsidio para garantizar tarifas justas para todos.
La bancada del Partido Verde, dos legisladores coordinados por Sergio Contreras, prepara la realización de cuatro foros regionales con el propósito de definir una propuesta de Código Ambiental que sí responda a la problemática local. También plantea reformar el marco legal para la atención al cáncer y a la salud mental. Y otra iniciativa para que los municipios inviertan más presupuesto para la seguridad.
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