Los derechos humanos no son solo declaraciones morales: son límites al poder. Como ha sostenido el jurista Luigi Ferrajoli, su fuerza radica en convertirse en garantías efectivas frente al abuso del Estado. Desde esa perspectiva, existe un derecho que precede a todos los demás en contextos de degradación institucional: el derecho a suprimir la corrupción. Sin su ejercicio, las garantías se vacían y la democracia se convierte en simulación.
En Guanajuato, el debate reciente sobre la concesión conjunta de autopistas ha puesto sobre la mesa algo más profundo que un diferendo técnico. La entrega de dos carreteras por hasta sesenta años de explotación, decidida al final de una administración, abre interrogantes legítimas sobre transparencia, competencia, discriminación y rentabilidad social. Más allá de nombres propios, el problema es estructural: cuando decisiones multimillonarias se toman con escasa deliberación pública, el deterioro institucional se acelera.
Impugnar jurídica y políticamente este tipo de actos no es un gesto simbólico; es una forma concreta de construir precedentes. Si la ciudadanía logra frenar decisiones cuestionables mediante los cauces legales, se envía un mensaje claro: el poder no es patrimonial ni discrecional. Que lo entienda nuestro gobierno. Sin embargo, nadie debería engañarse: aun si se obtiene una victoria puntual, el fenómeno es más amplio y profundo.
La corrupción no se limita a un contrato o concesión. Opera en varios frentes.
El primero es la captura electoral. Cuando el dinero sustituye a las ideas —mediante dádivas, tarjetas, reparto de efectivo o movilización clientelar— se erosiona la libertad del voto. Lo más grave es que esa práctica abre la puerta a que recursos de origen ilícito influyan en la competencia democrática. En ese escenario, los gobiernos dejan de responder al interés público y comienzan a deber favores a quienes financiaron su llegada al poder.
El segundo frente es el de las adquisiciones y contrataciones públicas. La opacidad en la asignación de contratos y sus montos ficticios, distorsiona el mercado, encarece las obras y alimenta mecanismos de retorno indebido de recursos. El sistema de “moches” no solo daña las finanzas públicas; también contamina procesos electorales al convertir el presupuesto en herramienta de reproducción política. Todos los gobiernos, sin distinción de colores, parecen estar metidos en este esquema, recibiendo “moches” a mansalva. La reciente compra de semáforos es un ejemplo de ello.
El tercer ámbito es el abuso cotidiano del poder. Cuando la ciudadanía normaliza decisiones arbitrarias o carentes de sustento técnico, el principio de legalidad se debilita. Los espectáculos y pachangas masivas sustituyen a la rendición de cuentas y la discusión pública se trivializa. El problema no es el entretenimiento, es el uso del aparato gubernamental sin contrapesos efectivos, a cambio de un buen show.
La reacción institucional ante la polémica por el peaje en la autopista Guanajuato–Silao ilustra otra arista preocupante. En lugar de confiar plenamente en los órganos locales de fiscalización, se ha optado por la contratación de un estudio externo para validar el procedimiento. Si bien la revisión independiente es positiva, la decisión revela una crisis de confianza en las instancias como la Secretaría de la Honestidad y la Auditoría Superior del Estado, que deberían cumplir esa función de manera ordinaria.
Mantener estructuras de control que no generan credibilidad implica un doble costo: el financiero y el democrático. Cuando auditorías y contralorías carecen de autonomía real o de reconocimiento público, el sistema anticorrupción pierde eficacia preventiva. No basta con tener leyes e instituciones; se requiere independencia, competencia técnica y ética verificable. El diagnóstico es incómodo pero necesario: el entramado de controles muestra fisuras. Y cuando el control falla, la discrecionalidad avanza, abriendo la puerta a la corrupción.
Frente a ello, la respuesta no puede limitarse a la indignación esporádica. Reivindicar el derecho a suprimir la corrupción implica exigir transparencia activa, fortalecer la vigilancia ciudadana, profesionalizar los órganos de control y garantizar consecuencias jurídicas reales ante los abusos. Supone también asumir que la participación cívica no termina el día de la elección. Esto último es muy importante.
La democracia no se defiende sola. Requiere ciudadanos dispuestos a organizarse, cuestionar y utilizar las herramientas legales disponibles. No se trata de antagonizar por sistema, sino de establecer límites claros al poder público.
Si algo enseña la experiencia comparada es que la corrupción se expande cuando encuentra apatía y retrocede cuando enfrenta instituciones fuertes y ciudadanía vigilante. La tarea es compleja, pero ineludible.
Ejercer el derecho a suprimir la corrupción no es un acto de rebeldía; es una condición para que todos los demás derechos sean algo más que promesas escritas. Por eso, desde la resistencia, nuestro colectivo, luchamos por ello.
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