SE ACABA julio y el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión está a un mes de distancia.
Y ADEMÁS del paquete económico para el año venidero, llaman la atención varias de las iniciativas enlistadas por Morena como parte de la agenda legislativa para lo que resta del año.
DE ENTRADA, la 4T busca aprobar un dictamen sobre la obligación de los proveedores de internet de identificar y retirar contenidos que violen el derecho de autor, también uno sobre la regulación de la inteligencia artificial, y otro más sobre redes sociales… temas facilitos, pues.
QUIENES no creen en las coincidencias ven con sospechosismo que se pretenda discutir esos temas mientras se trabaja en “lineamientos” que podrían censurar los contenidos de radio y televisión, lo que los hace pensar que el gobierno federal está preparando el camino para meter la mano también en el control de las plataformas digitales. ¿Será?
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LOS TIEMPOS de las autoridades electorales nomás no acaban de cuadrar con los tiempos de los partidos políticos, que terminan haciendo lo que les da la gana.
POR UN LADO, el INE determinó ayer las fechas de cierre de las precampañas de quienes aspiren a ser candidatos en las elecciones a las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año.
PARA ELLO, agrupó a los estados en cuatro bloques que tendrán cierres escalonados entre el 10 de enero y el 28 de febrero de 2027, fechas que determinarán oficialmente cuándo deben los partidos tener definidos a sus candidatos.
SIN EMBARGO, Morena y sus aliados del PT y el PVEM tienen previsto definir a sus 17 “coordinadores estatales en defensa de la transformación” (léase: candidatos) a finales de agosto o principios de septiembre; es decir, prácticamente cinco meses antes de lo que marcan los tiempos legales.
¿Y LAS sanciones por incurrir en actos anticipados de campaña? Bien, gracias.
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LA DETENCIÓN del integrante del CJNG, Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1”, a quien se señala como el autor intelectual del asesinato de quien fuera el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, seguramente se convertirá en un punto de inflexión en las indagatorias sobre ese crimen ocurrido el 1 de noviembre del año pasado.
Y ES QUE la viuda de Manzo y actual alcaldesa de esa localidad de Michoacán, Grecia Quiroz, afirma que todavía falta mucho por aclarar, por lo que exigió que se siga investigando, específicamente si detrás del asesinato estuvieron también políticos y no sólo el narcotráfico.
LA DUDA es si las autoridades estatales y federales buscarán darle carpetazo al asunto ahora que ya tienen detenido a quien supuestamente dio la orden de ejecutar al político michoacano, o si están dispuestas a seguir jalando la hebra.
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