Están prohibidos y se les llama “actos anticipados de campaña”, pese a ello son la orden del día a lo largo y ancho del País pero, además… ¡de la Fiscalía General de la República! A nadie escapa que, en un afán justiciero muy selectivo, la FGR ha estado activa acusando ¡a la oposición!

Al parecer, para nuestra FGR sólo los “otros” cometen delitos; los propios jamás, ninguno. Metieron al bote a un exgobernador perredista de Guerrero, a otro ex panista de Baja California, a un Alcalde emecista y ahora traen de la cola al actual líder del PRI. Lo último que este su h. servidor haría sería defender a este señor: si algo malo hizo, que lo pague.

Más bien queremos apuntar que resulta bastante curioso que sólo los contrarios a Morena y la cuatrotería son capaces de cometer delitos: a nadie del partido oficial (de alto perfil) se le ha abierto investigación alguna por hechos visibles y cuestionables que están en boca de la opinión pública nacional. Huele a que muy anticipadamente la autoritaria cuatroté quiere agarrar a la ya de por sí débil oposición de los cotiledones para hincar a sus miembros a negociar rumbo a junio del 2027.

Por ejemplo, si el dirigente priista quiere evitar el bote, tendrá que comprometerse a no hacer alianzas con otros partidos en entidades en que su competitividad avanza con un candidato común. Es el caso de la Alcaldía de Monterrey y de la Gubernatura de Nuevo León, sobre todo si la cuatroté lanzara un candidato débil (no tiene ninguno fuerte, por lo menos ninguno que compita con Colosio, si el líder de MC tuviera los arrojos para lanzarlo en NL).

Nos referimos, por ejemplo, a que para que no investiguen a dos Alcaldes emecistas despojados de fuero, o suelten a un Edil de MC detenido, este partido tenga que comprometerse a no lanzar a Colosio por Nuevo León, sino por Sonora, donde gobierna Morena, además, en manos de Alfonso Durazo, padrino suyo y ex amigo de su finado padre. En NL, Colosio ganaría y les causaría problemas, anticipando el 2030; en Sonora lo tendrían controlado y en su bando… en caso de querer ganar.

No los aburriremos con todas las permutaciones posibles para asegurar la dominancia de los cuatroteros en el 2027; mencionamos sólo como ejemplo el tipo de maniobras turbias de la FGR que pudiera ya estar realizando tras bambalinas.

Causa indignación que la Presidenta diga que el tema del dirigente priista está en manos de la Fiscalía de Campeche. Como si nadie supiera que está realmente en manos de Layda Sansores, discípula fiel del Ayatola de “La Chingada”, mentor y padrino de la Presidenta en turno, quien además tiene un pleito personal con el dirigente priista y que, mientras le tienden el cerco a él, ella se deja ver por Madrid muy quitada de la pena, como diciendo “yo no fui, fue Teté”.

Como les decíamos, nadie defiende al dirigente tricolor (bueno, salvo el Diputado Gutiérrez); más bien empleamos el caso como botón de muestra del uso faccioso de la FGR para influir anticipadamente en las elecciones del 2027.

NADA diríamos sobre este asunto y el proceder de la FGR si, junto con el priista entrara al bote, por sólo citar un ejemplo, el exgobernador o los jefes de Bermúdez Requena, líder del cártel de La Barredora en Tabasco al mismo tiempo que era Secretario de Seguridad. O quizá los acompañara el jefe marino que supervisaba y daba las órdenes a los hermanos, vicealmirante y contraalmirante Farías Laguna, en la Secretaría de Marina. O el “capo di tutti capi” detrás del huachicol fiscal.

Si así fuese, quedaría comprobado que el ánimo justiciero de la FGR -que todos sabemos controla la Presidenta vía su colaboradora Ernestina Godoy- constituye en realidad un esfuerzo creíble por combatir la corrupción en el servicio público.

Mientras la consigna siga siendo ¡Que se haga justicia… pero sólo en los bueyes de mi compadre!, no se podría más que concluir que este Gobierno, al igual que el anterior, emplea a la FGR como herramienta política y no como un instrumento confiable de la justicia.

ATICO

El uso selectivo de la FGR contra opositores anticipa una elección de 2027 marcada por presiones políticas y ventajas para la 4T.

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