Durante este mes patrio resulta oportuno pensar en nuestra historia y en el largo y convulso proceso que nos convirtió en un Estado independiente. Después deberíamos reflexionar sobre lo que hay que reconstruir y edificar para hacerlo funcional a nuestra sociedad. La conmemoración sirve de poco si dejamos intactas las preguntas sobre el poder, sus límites y el lugar que nos corresponde como ciudadanos frente a quienes gobiernan.
Hoy celebro el fin de la historia oficial. La inteligencia artificial nos permite reunir y ordenar información en segundos. Contrastada con fuentes y puesta en contexto, esa información puede convertirse en conocimiento. Frente a este instrumento, no hay historia patria que resista un buen repaso documentado y concatenado.
En la tradición de la Escuela de Salamanca, el jesuita Francisco Suárez formuló un argumento contra el absolutismo. Su “Tratado de las leyes y de Dios legislador”, publicado en 1612, sostiene que el poder político proviene de Dios, pero no llega directamente al rey, la comunidad es su depositaria originaria y lo transmite al gobernante. El poder tiene límites. Esta tradición contribuiría a los debates sobre la restitución de la soberanía a la comunidad ante la ausencia del monarca legítimo. Para seguir este hilo conviene detenerse en una diferencia decisiva: recibir el poder de la comunidad implica reconocer que el gobernante no es su propietario. Una idea incómoda para cualquier absolutismo.
En Nueva España, los colegios jesuitas fueron espacios de circulación y renovación del pensamiento. Uno de ellos fue el de San Francisco Javier, en Valladolid, hoy Morelia, donde enseñó Francisco Javier Clavijero. En esa escuela se formó Miguel Hidalgo, alumno del Colegio de San Nicolás, pero cuyos alumnos tomaban varias clases con los jesuitas. Su formación transcurrió en un ambiente intelectual que comenzaba a abrirse a nuevas ideas.
En 1767 Carlos III, el déspota ilustrado, ordenó la expulsión de los jesuitas de sus dominios. El virrey marqués de Croix ejecutó la orden. Guanajuato protagonizó una de las rebeliones más estruendosas. La represión, encabezada por el visitador José de Gálvez, dejó nueve hombres en la horca, además de condenas a prisión, azotes y multas económicas sobre la ciudad. El emporio minero conoció el precio de la desobediencia. Quedó una profunda herida social.
En el virreinato del Perú también fueron expulsados los miembros de la Compañía de Jesús. Entre ellos estaba el padre Juan Pablo Viscardo y Guzmán. Exiliado, pasó gran parte de su vida en Italia, donde fue formulando una idea radical: los americanos constituían una comunidad con intereses propios y tenían derecho a gobernarse por sí mismos. ¿Se habría inspirado en Suárez? Es una pregunta sugerente, aunque no una influencia demostrada.
Viscardo concentró su pensamiento independentista en su “Carta a los españoles americanos”, dirigida a los descendientes de españoles nacidos en América. Su epístola es un expediente acusatorio contra la monarquía. Después de su muerte, el caraqueño Francisco de Miranda, entusiasta alentador de independencias, promovió su publicación y difusión: primero en francés, en 1799; después en español, en 1801. La independencia tenía ya argumentos y propagandistas.
En 1808, Napoleón sacudió al Imperio español. Las abdicaciones de Bayona dejaron la Corona en sus manos y este colocó en el trono a su hermano José Bonaparte. La crisis de legitimidad abrió una pregunta explosiva: ausente el rey legítimo, ¿quién debía gobernar?
En Nueva España, la controversia enfrentó a la Real Audiencia con el Ayuntamiento de México, cuyos portavoces criollos defendían una salida autonomista. Francisco Primo de Verdad y Juan Francisco de Azcárate sostuvieron que el reino debía preservar sus derechos mientras regresaba Fernando VII. El fraile mercedario peruano Melchor de Talamantes intervino en el debate con propuestas de representación y organización política propias. Sus ideas, averigüen su procedencia, remitían a un problema antiguo: el origen del poder y el derecho de una comunidad a gobernarse. No todos proponían lo mismo ni la autonomía equivalía todavía a la independencia. La ausencia del monarca obligaba a discutir quién podía hablar y decidir en nombre del reino. Aquella controversia sacaba de los libros una cuestión que ahora exigía una respuesta política. El conflicto estaba planteado en toda la América novohispana.
El virrey José de Iturrigaray dio cabida a esas deliberaciones. La respuesta llegó en septiembre de 1808, cuando un grupo de peninsulares lo depuso y apresó a los principales promotores del proyecto autonomista. El golpe clausuró aquella vía política. La historia de la independencia ya estaba en marcha antes del grito de Dolores.
Pregunta pertinente: ¿Conocieron los conspiradores de Valladolid, Querétaro y San Miguel la carta de Viscardo? No lo sabemos con certeza. Pero la idea de independencia llevaba tiempo abriéndose paso entre libros, destierros y disputas sobre la soberanía. Cuando llegó el grito, los dados estaban echados.
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