El periódico francés “Le Temps” publica, después de los disturbios, una fotografía del edificio del ayuntamiento de Limoges en llamas. La turba incendió el antiguo edificio porque nadie lo impidió. Lo mismo sucedió en decenas de comercios de París y de otras ciudades.
El titular del medio dice: “El fuego y la ira”. Dos días después, en Guadalajara sucedió algo semejante, pero a menor escala. La gente, harta de recibir agua sucia en sus casas, decidió hacer una nueva demostración; el problema fueron los allegados violentos. Grupos anónimos pagados por alguien que quiere demostrar algo muy distinto al descontento social.
En Francia recurren al toque de queda para frenar la destrucción y los ataques contra las instituciones. Los medios y el presidente Emmanuel Macron culpan a la izquierda radical, cuya ideología no acepta que el camino al poder sea a través de las urnas. Porque una cosa es clara: la intención de destruir no tiene nada que ver con los reclamos de los estudiantes.
El daño político será para la izquierda moderada y los liberales de centro, porque la población pedirá mano dura, y eso es lo que promete la ultraderecha, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. A nadie que ame su país le puede gustar el vandalismo. Ni en París ni en Guadalajara. Pero veamos qué puede suceder en México si el gobierno no se anticipa al descontento social derivado del desastre en la atención médica.
Cuando la gente (el pueblo) se entera de que el gobierno tiró 500 mil millones de pesos en un tren que no funciona y que sigue costando miles de millones al año, cuando sabemos que una refinería costó casi el triple de lo presupuestado o que el gobierno tiene que rescatar a Pemex de la quiebra con cientos de miles de millones, no lo siente en carne propia. En cambio, cuando, por decreto de la Presidencia, se quiere dar esos servicios de salud pública de forma universal sin considerar las consecuencias, el desastre se siente en la piel y en el alma.
Al Seguro Social se le impuso, por decreto, una carga extraordinaria por parte del IMSS Bienestar, sin evaluar lo que ocurriría con un cuerpo médico agotado hasta el extremo y un inventario insuficiente de instrumental y medicamentos.
Los “decretazos” históricos dejaron al país en crisis. Quienes fuimos testigos del decreto de la expropiación bancaria, quienes supimos del gasto inmenso del gobierno en 1981 y 1982, cuando el déficit público alcanzó el 16% del PIB, no imaginamos lo que vendría: un sexenio de inflación, devaluación y angustia, sin crecimiento, con Miguel de la Madrid.
Las obras realizadas por decreto y la mala administración de los recursos durante el sexenio pasado impiden que el gobierno cuente con los recursos necesarios para reconstruir el sistema de salud. La farmaciotota fracasada fue una broma de mal gusto de AMLO. Otro decretazo absurdo.
Hoy, la presidenta dice que todo se arreglará si eliminamos la burocracia de las instituciones. Una decisión loable. Nos preguntamos por qué no se inició la digitalización hace 8 años. El problema es que si la administración de Sheinbaum no logra cumplir con su promesa al decir: “me canso, ganso que lo vamos a resolver”, pueden regresar las manifestaciones de inconformidad, tanto del sector salud como de los ciudadanos afectados por la mala atención. El problema generado es más que complejo.
El dispendio en el gasto público no duele de inmediato; sin embargo, no hay peor cosa que estar enfermo sin esperanza de atención.
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