Dicen los que saben que el poder es la capacidad de influir en la realidad y modificar el entorno. Pero cuando se ejerce sin ética, el cargo público se convierte en una oportunidad de negocio. El escándalo en torno a Guadalupe Taddei obliga a mirar más allá de una funcionaria. Exhibe una enfermedad institucional que alcanza a los tres órdenes de gobierno. Los nombramientos se sostienen por lealtades, los controles son incapaces de contener los abusos y las responsabilidades solo empiezan a discutirse cuando el periodismo revela lo que las autoridades debieron detectar.
Quienes dicen querer servir y terminan sirviéndose exhiben la fragilidad de sus convicciones y un afán irrefrenable de enriquecerse. Ese afán se convierte en el leitmotiv de su paso por el gobierno. Las causas proclamadas quedan relegadas. El cargo se vuelve una oportunidad, el presupuesto un botín y la lealtad una inversión que esperan cobrar.
Las revelaciones de Latinus pusieron a Taddei frente a un cuestionamiento demoledor. En el video difundido, el contratista José Alfredo Hernández Casillas habla de cantidades y porcentajes relacionados con contratos vinculados con el INE. La conversación plantea un presunto reparto de los llamados moches.
La opinión pública exige respuestas. Abandonar el cargo no releva la obligación de esclarecer lo ocurrido durante la gestión. También deben responder quienes disponían de información suficiente para advertir posibles irregularidades.
¿Cuántos cargos y administraciones en México funcionan bajo esa misma confusión entre servicio público y beneficio privado? En los municipios, donde el presupuesto debería traducirse en seguridad, calles y servicios, la cercanía entre alcaldes, proveedores y operadores políticos facilita la formación de redes difíciles de desmantelar. Los abusos se vuelven cotidianos cuando quienes contratan también controlan a quienes deberían vigilarlos.
La fiscalización de la Cuenta Pública 2024 da una idea de la dimensión del problema. Los municipios acumularon 35,350 millones de pesos por aclarar, el 59.5% del monto observado en el gasto federalizado. De cada diez pesos observados en ese rubro, casi seis corresponden a gobiernos municipales.
En León, las denuncias por contratos irregulares se acumulan. Ahora aparece el caso de “Derma Chemistry”, contratada para arreglos navideños. Entre las anomalías señaladas figura la ausencia de la empresa en el Padrón de Proveedores. El contrato provocó críticas en el Ayuntamiento, donde se escuchó una frase que resume el malestar. “Esto se ha vuelto un patrón de esta administración”.
Antes, AM documentó que “Centro Publicitario y de Marketing TLGR” recibió al menos 35 contratos por 11.9 millones de pesos, mientras que “Office and Publicity” obtuvo doce por más de siete millones. La investigación identificó vínculos con la familia de la esposa del exsecretario Allan León Aguirre. También encontró proveedores a los que no pudo localizar en los domicilios registrados y supuestos socios que no sabían que lo eran… La Contraloría municipal guarda silencio.
¿Quién verificó las entregas y comprobó su calidad? Los vínculos documentados ameritan investigar conflictos de interés y simulación. El presupuesto está para atender necesidades públicas, no ambiciones particulares. La diosa Némesis castiga la soberbia, los excesos y el ego desmedido severamente. El Municipio no cumplió en tiempo y forma los requisitos para la construcción del puente en el bulevar Aeropuerto. Hay negligencias que duelen.
En el estado, afortunadamente terminó el mandato del innombrable exgobernador Diego Sinhue Rodríguez, seguramente la figura más oscura de la política guanajuatense. Su gestión merece una revisión que ninguna lealtad partidista debería impedirlo. Vivir en Estados Unidos, disfrazado de ganadero, deja intacta su obligación de explicar los oscuros contratos, la frivolidad y decisiones inexplicables que siguen suscitando preguntas.
Los gobernantes deben responder por sus decisiones. A los cabildos y a los congresos les corresponde vigilar el ejercicio del gasto, y a las contralorías, investigar las irregularidades. La ciudadanía también tiene una obligación moral en la cosa pública. La promesa de investigar después no satisface las demandas mínimas de rendición de cuentas.
Lo que está en juego en el caso Taddei se repite en todo México. Las lealtades políticas y los controles débiles permiten convertir el poder en negocio. Cada peso desviado representa una necesidad desatendida. Cada irregularidad encubierta prepara la siguiente. El presupuesto pertenece a la población. Cuando servir se vuelve pretexto para servirse, la democracia conserva las urnas, pero traiciona su razón de ser.
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