El paro nacional de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, realizado el pasado viernes 6 de noviembre, debe llamar nuestra atención más allá de las afectaciones operativas y de movilidad que ocasionó. Se trata de una inconformidad laboral que merece ser escuchada, particularmente porque involucra a quienes realizan funciones indispensables para que la impartición de justicia no se detenga.
La movilización alcanzó al menos 40 sedes judiciales en distintas entidades del país, con presencia en más de 17 estados. Se estima que el nuevo esquema de evaluación involucra a cerca de 32 mil secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales, aunque esta cifra corresponde al universo de trabajadores comprendidos y no al número de participantes en el paro. Hubo suspensiones de labores y bloqueos de vialidades.
En Guanajuato también se hizo presente la protesta. De acuerdo con reportes locales, alrededor de 150 trabajadores se manifestaron en la capital del estado y otros 50 en León, donde incluso se realizaron cierres parciales del bulevar Adolfo López Mateos. El reclamo tiene origen en los nuevos lineamientos de evaluación del desempeño publicados por el Órgano de Administración Judicial.
Conviene precisar que no estamos hablando de jueces, magistrados o ministros, sino de trabajadores que ocupan puestos intermedios y de base, secretarios, actuarios y personal operativo que sostiene buena parte de la actividad cotidiana de los tribunales. Son quienes preparan expedientes, realizan notificaciones, elaboran proyectos y atienden procedimientos que requieren conocimiento, experiencia y continuidad institucional.
Como abogado, considero que evaluar el desempeño profesional es necesario, sano y conveniente para cualquier institución pública. Nadie puede oponerse a que se revise la preparación, la capacidad y la calidad del servicio de quienes tienen una responsabilidad frente a la sociedad. Sin embargo, una evaluación debe servir para mejorar el trabajo, no convertirse en una amenaza para la permanencia laboral.
El problema radica en los criterios y alcances del nuevo procedimiento. Los trabajadores cuestionan la objetividad de las calificaciones y advierten que determinadas valoraciones de superiores y compañeros podrían abrir espacios a decisiones discrecionales. El Órgano de Administración Judicial ha sostenido que el primer ejercicio de diciembre será diagnóstico y no tendrá consecuencias individuales de separación; aun así, las inquietudes sobre los efectos posteriores deben atenderse con claridad y garantías por escrito.
Hay, además, una contradicción que no puede pasar inadvertida. Mientras empleados con años de experiencia y responsabilidades cotidianas enfrentan incertidumbre sobre su estabilidad, quienes llegaron a ocupar cargos de elección popular en el nuevo Poder Judicial no están sujetos a un proceso equivalente de evaluación de desempeño. La referencia a los acordeones utilizados en aquella elección sigue siendo un reclamo presente entre los trabajadores.
No se trata de cuestionar la necesidad de modernizar al Poder Judicial ni de conceder privilegios a nadie. Se trata de entender que la experiencia acumulada, la capacitación y los derechos laborales son parte de la fortaleza de una institución. Si existen deficiencias, deben corregirse mediante programas de actualización, profesionalización y capacitación permanente, con parámetros objetivos, transparentes y verificables.
La justicia laboral tampoco debe ser una asignatura pendiente dentro de las instituciones encargadas de impartir justicia. Antes de pensar en ceses o despidos, corresponde establecer mecanismos de formación que permitan alcanzar mayores niveles de calidad y excelencia. Evaluar para capacitar, corregir y fortalecer debe ser la ruta, no evaluar para excluir.
Nuestro sistema de justicia necesita estructuras sanas en todos sus órdenes, tanto en los poderes judiciales estatales como en el federal. Ninguna reforma tendrá éxito si debilita a quienes hacen posible su funcionamiento cotidiano. La justicia no solamente se construye en los escritorios de los jueces o en las resoluciones de los magistrados; también depende de cada trabajador que cumple su responsabilidad.
Defender sus derechos es, también, defender el derecho de los ciudadanos a una justicia eficiente y profesional..
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