Guanajuato capital.- La audiencia de los transportistas contra el municipio de Guanajuato capital se aplazó hasta abril, por lo que la renovación de concesiones de 99 rutas, entre urbanas y suburbanas se detendrá más meses.
En la lista de acuerdos consultada en el portal del Órgano de Administración Judicial, y revisada por AM, la audiencia originalmente estaba programada para el pasado martes 17 de febrero. Sin embargo, se aplazó para el 17 de abril.
“De autos se advierte que se encuentra transcurriendo plazo para que las partes se impongan del contenido de los informes justificados.
“En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional fijada para hoy se difiere, y en su lugar se señalan las diez horas del diecisiete de abril de dos mil veintiséis.
“Parte quejosa formula alegatos que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Asimismo, téngase por admitidas y desahogadas las pruebas documentales que ofrece; dese vista a las partes”, se lee en el documento.
Dejan sin revisar el informe
Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Chowell Arenas, declaró que la razón para que se difiriera la audiencia es que los quejosos no han revisado el informe justificado que presentó el Gobierno Municipal.
El tema es que se sobre la misma demanda y lo que hemos contestado como autoridades y lo que se le da la revista a los propios después de eso, tenemos la interposición de la revisión sobre la suspensión. Definitiva, por eso le digo que están en espera de que la juez lo remita al tribunal colegiado que, vaya a corresponder.
“Aquí en el circuito son dos y entonces, después de esa revisión hay que ver que cómo se resuelve y pudiera ser que tuviéramos luz positiva o tendríamos que esperar a que se resuelva y luego que se resuelve el fondo, el amparo”, dijo el secretario.
Avanza la revisión de amparo
De acuerdo con el mismo portal del Órgano de Administración Judicial, la revisión de amparo ya está en el Segundo Tribunal de Justicia Administrativa; ahora falta que se determine su futuro. Mientras tanto, el proceso de renovación de concesiones permanece detenido.
“Téngase a las personas oficiales Presidenta Municipal, Síndico Municipal y Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Guanajuato, Guanajuato, así como al Subsecretario de Tránsito, Movilidad y Transporte Municipal de Guanajuato, Guanajuato, interponiendo incidente de revisión en contra de la interlocutoria dictada dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo”, dice el documento del 17 de febrero.
Se interesan en concesiones
Luego de que el Ayuntamiento aprobó la convocatoria para otorgar concesiones del transporte público el 21 de noviembre, la Subsecretaría de Tránsito, Movilidad y Transporte recibió al menos 400 cartas de intención de empresarios y concesionarios, tanto locales como foráneos.
En una rueda de prensa de la fracción del PAN en el Ayuntamiento, se dio a conocer que hubo buena respuesta a la convocatoria publicada en noviembre. Esto, para la renovación de concesiones de 99 rutas, entre urbanas y suburbanas.
Los ediles comentaron que con esta convocatoria buscan camiones que no sobrepasen la vida útil de 10 años. La concesión dura 15 años y se podrá ampliar por 15 años más, si el concesionario mantiene la calidad en el servicio.
Suspenden proceso en enero
Posteriormente, el 7 de enero de este año un juez federal concedió la suspensión definitiva del proceso de renovación de concesiones del transporte público a los empresarios que se ampararon contra el Municipio y la convocatoria, por lo que el proceso quedó detenido.
De acuerdo a la información consultada en el portal del Órgano de Administración Judicial, el 23 de diciembre del 2025 empresarios del grupo Ávalos presentaron un amparo contra la Convocatoria y Bases para el Otorgamiento de Concesiones para la Prestación del Servicio Público de Transporte en la Modalidad de Urbano y Suburbano en Ruta Fija del Municipio de Guanajuato, la cual había aprobado el Ayuntamiento el 21 de noviembre.
Un juez federal del Primer Juzgado en Materia Administrativa concedió la suspensión provisional el 31 de diciembre. Para ese entonces, la Subsecretaría de Tránsito, Movilidad y Transporte había recibido 400 cartas de intención de las cuales, solamente hubo 240 expedientes completos, el resto se desecharon.
Estos expedientes pasarían a la Comisión Técnica especializada en Materia del Transporte Público para su análisis y dictaminación, luego al Ayuntamiento para su aprobación.
Sin embargo, el 7 de enero el juez les concedió la suspensión definitiva y el proceso se detuvo desde el punto 11 de la convocatoria que era el análisis en la comisión, es decir, que los regidores no pueden sesionar.
‘Operan unidades con irregularidad’
Al respecto, la alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez aseguró que van a respetar la suspensión mientras emprenden la batalla legal para poder avanzar el proceso.
Y es que dijo que las más de 200 unidades del transporte público operan en la irregularidad ya que hace más de una década fue la última actualización cuando el Estado le pasó al Municipio esa estafeta.
“Como gobierno vamos a responder esta resolución. Quienes hoy promovieron este recurso, tuvieron la oportunidad de participar y participaron en esta convocatoria abierta, conocían perfectamente los requisitos y decidieron no cumplirlos como se ha venido haciendo y como nos han querido dorar la píldora.
“Como siempre han querido ganar con recursos legales porque comprobaron que no tienen ni los recursos, ni la capacidad. Pero ni siquiera de cumplir con un transporte como el que nos merecemos”, dijo la Alcaldesa.
Smith Gutiérrez dijo que al menos tres empresas tanto locales como foráneas sí cumplieron con todo lo indicado en la convocatoria y ahora su trámite está pausado. Lo que se verá reflejado en la calidad del servicio para los usuarios.
Cabe recordar que dentro de los requisitos se contemplaba que los interesados demuestren una capacidad contable de dos millones de pesos por unidad conforme a las rutas por las que desee participar y que las unidades o sean nuevas o no rebasen la vida útil de 10 años a extenderse a 15, entre otros requisitos técnicos, legales y financieros.
AVG
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