LLAMA LA ATENCIÓN el silencio que han guardado la dirigencia nacional de Morena y el gobierno federal, ante la revelación de que uno de los precandidatos morenistas al gobierno de Quintana Roo tiene en su equipo a un señalado operador de la delincuencia.
NO ES COSA MENOR que Rafael Marín Mollinedo traiga como un cercano colaborador a Alejandro Enrique Arcos Romero, quien es señalado por Estados Unidos y por México de estar vinculado a la mafia rumana. Y no sólo eso: antes de sumarse a la precampaña guinda, ya se había incrustado en la 4T, vía la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) cuando Marín Mollinedo era director.
LA PROPIA lideresa de Morena, Ariadna Montiel, ha insistido en que su partido será muy cuidadoso en revisar no sólo la popularidad de sus precandidatos, sino que también se les investigará sobre posibles relaciones peligrosas con los malosos.
SIN EMBARGO, resulta increíble que hasta ahora nadie entre los morenistas haya notado la presencia de Arcos Romero en la campaña de Marín Mollinedo. Miopía selectiva, le llaman.
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POR CIERTO, ante la laxitud del gobierno con sus propios cuadros, resultan sorprendentes las nuevas reglas en contra del lavado de dinero dadas a conocer ayer por la Secretaría de Hacienda.
LO QUE ESTÁ haciendo la dependencia que encabeza Édgar Amador es endurecer las reglas y aumentar la carga burocrática a los particulares… debido a las fallas de las autoridades ante las regulaciones internacionales. Lo que se busca es cumplir con los requerimientos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), cuya evaluación resulta fundamental para la confianza de los inversionistas.
CON LAS NUEVAS REGLAS recaerá sobre un grupo específico de empresas y de giros verificar que ¡sus clientes! no estén lavando dinero. Entre quienes tendrán esta responsabilidad están inmobiliarias, joyerías, notarías, agencias de autos, casas de empeño y hasta asociaciones sin fines de lucro que reciban donativos.
A SUS CLIENTES o donadores, entre otras cosas, les tendrán que aplicar un análisis de “enfoque basado en riesgo”, lo cual implica desde evaluaciones semestrales hasta contar con un auditor certificado por la UIF.
EL COLMO ES que mientras las reglas le imponen a los privados metodologías, plazos, auditorías y sanciones, a la autoridad no le imponen ninguna métrica, ningún plazo, ninguna consecuencia… nada.
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PARECE CHISTE… pero una vez más es anécdota. La ministra María Estela Ríos se puso a leer un proyecto que no tocaba discutir, pero sus compañeros de la Suprema Corte, de plano, ya mejor la dejaron concluir, pese a que alteraba tanto el orden de la sesión como la posible integración de los votos. Y no sólo eso: había un amparo que se debía discutir, pero con la pifia de la morenista, se quedó en el cajón para otro día.
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