Guanajuato.- Mientras la legislación restringe el ingreso de niñas, niños y adolescentes a centros de rehabilitación para adultos, las autoridades no han construido una red suficiente para atender a menores con problemas de adicción, situación que deja a familias sin alternativas de tratamiento.
Así lo advirtió Nicolás Pérez Ponce, presidente de la asociación Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), quien señaló que los anexos afiliados dejaron de admitir adolescentes para cumplir con las disposiciones legales en materia de salud mental.
El representante lamentó que el Estado tampoco haya creado suficientes instituciones especializadas para hacerse cargo de estos casos.
Actualmente, en Guanajuato se cuenta con el Centro de Rehabilitación Anexo al Centro de Internamiento para Adolescentes, adscrito a la Dirección General de Reintegración Social para Adolescentes (DGRSA), de la Secretaría de Seguridad y Paz.
Sin embargo, este espacio atiende únicamente a adolescentes en conflicto con la ley que cumplen determinadas medidas y aceptan voluntariamente el tratamiento. Los menores consumidores que no se encuentran en esa situación quedan fuera de este modelo.
Aunque no existen cifras oficiales sobre la cantidad de niñas, niños y adolescentes que requieren este tipo de atención, directores de anexos aseguran que existe una importante necesidad entre este grupo de población.
La mayoría de estos centros tampoco cuenta con certificación oficial y, de acuerdo con Pérez Ponce, actualmente están imposibilitados para recibir menores.
“No podemos recibir a menores porque la ley ya no nos lo permite. El problema es que tampoco existe una alternativa o una red de apoyo para estos muchachos”, afirmó.
El presidente de CRUB sostuvo que esta situación ha generado un vacío institucional en el que las familias acuden a distintas dependencias sin encontrar un espacio donde sus hijos puedan recibir tratamiento.
Advierten mayor riesgo por consumo
Pérez Ponce señaló que las restricciones para ingresar a menores en centros destinados a adultos buscan proteger sus derechos, pero consideró que las familias quedan atrapadas entre la prohibición y la falta de servicios especializados.
Aseguró que la problemática se ha agravado porque las sustancias que actualmente consumen algunos adolescentes generan, según su experiencia, una dependencia más rápida que hace algunos años, lo que reduce el margen de reacción de las familias.
Explicó que cuando los padres finalmente buscan ayuda, con frecuencia descubren que los centros de rehabilitación ya no pueden admitir a menores y que las opciones públicas disponibles son insuficientes.
También cuestionó la forma en que las instituciones gubernamentales enfrentan el fenómeno de las adicciones, al considerar que todavía prevalece una visión de seguridad pública por encima de la atención a la salud.
“Las personas que consumen drogas son enfermos. Necesitan tratamiento, no ser vistos únicamente como un problema para el gobierno”.
Pérez Ponce defendió además el trabajo de los centros de rehabilitación que calificó como “alternativos” y que no cuentan con certificación oficial, luego de los operativos realizados en los últimos meses contra algunos anexos del País.
Indicó que la mayoría de los establecimientos integrantes de CRUB busca cumplir con la normatividad y brindar atención a quienes solicitan apoyo, por lo que pidió no estigmatizar a todos por las irregularidades encontradas en algunos establecimientos.
De acuerdo con los casos que han atendido, Pérez Ponce indicó que entre los factores de vulnerabilidad detectados en menores consumidores se encuentran la ausencia de los padres, las largas jornadas laborales de madres solteras o la pérdida de ambos progenitores.
Estas condiciones, sostuvo, dificultan el acompañamiento familiar de niñas, niños y adolescentes.
El dirigente señaló que la rehabilitación no depende solamente del tratamiento, sino también del respaldo de la familia, por lo que consideró que las políticas públicas deben incorporar atención psicológica y social para los menores y sus cuidadores.
“Si no podemos atenderlos nosotros, alguien tiene que hacerlo. Lo peor es que hoy muchas familias simplemente no encuentran a dónde acudir”, concluyó.
Modelo oficial tiene alcance limitado
La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que no tiene registro de casos de niños o niñas consumidores de drogas como el cristal.
En el caso de adolescentes en conflicto con la ley y sujetos a medidas de internamiento a partir de los 14 años, existe la posibilidad de recibir tratamiento en el Centro de Rehabilitación Anexo al Centro de Internamiento para Adolescentes.
Luis Felipe Razo Ángeles, titular de la Dirección General de Reintegración Social para Adolescentes del Estado de Guanajuato, explicó que la atención se desarrolla bajo el “Modelo Guanajuato de Reinserción Social”.
Cuando un adolescente o joven ingresa al Centro de Internamiento con una medida preventiva o definitiva, especialistas médicos y psicológicos realizan una valoración.
Si se detecta consumo de sustancias, principalmente marihuana o cristal, y el adolescente acepta voluntariamente ingresar al programa, es trasladado al Centro de Rehabilitación Anexo para comenzar un tratamiento residencial.
Razo Ángeles aseguró que tanto el Centro de Internamiento como el de Rehabilitación son referentes nacionales y que su personal está especializado en la atención de adolescentes.
Según el funcionario, el anexo es actualmente el único establecimiento de este tipo en Guanajuato con certificación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama). Añadió que también cuenta con certificación de la Asociación Americana de Correccionales por sus buenas prácticas.
“El programa es de 100 días, que están ellos en la clínica, o sea, separados de la población general”, explicó.
Durante ese periodo reciben atención psicológica y médica. Razo Ángeles señaló además que las instalaciones cuentan con sauna, al que atribuyó una función dentro del proceso de desintoxicación.
Los pacientes participan en actividades lúdicas, deportivas y culturales, además de continuar sus estudios desde educación básica hasta nivel superior, este último mediante la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG).
Cada adolescente cuenta además con un programa individualizado de actividades.
El funcionario explicó que uno de los principales objetivos es generar una red de apoyo para los jóvenes con la participación de sus padres.
Para ello, la DGRSA cuenta con la Dirección de Seguimiento a Medidas en Externación, encargada de vigilar a quienes no permanecen físicamente en el Centro de Internamiento, pero cumplen otro tipo de medidas.
También opera el programa “Post externación”, mediante el cual los jóvenes que estuvieron internados o sujetos a medidas en externación pueden autorizar el seguimiento de sus actividades una vez que regresar a su vida cotidiana, durante un periodo de hasta dos años.
De acuerdo con Razo Ángeles, el programa reporta una tasa de éxito de rehabilitación del 100 %. Señaló que algunos egresados continúan estudiando, mientras que otros han emprendido negocios y recibido apoyos para proyectos productivos.
Sin embargo, el alcance de este modelo es limitado. El Centro de Rehabilitación Anexo tiene capacidad para 25 pacientes varones por ciclo, incluido un espacio destinado a una persona con discapacidad o alguna condición especial.
Razo Ángeles informó que desde 2019 han concluido 17 generaciones, en las que han participado al menos 224 adolescentes.
Prevención, clave ante consumo temprano
Alejandra Muñoz Valdivia, especialista en psiquiatría con alta especialidad en manejo de adicciones y quien labora en el Centro de Atención Integral de Adicciones (CAIA) León, advirtió que cada vez observa casos de consumo a edades más tempranas.
Por ello, consideró fundamental fortalecer la prevención, pues explicó que un consumo aislado tiene características distintas a uno crónico.
“Está bien descrito que sí se inicia con alcohol y tabaco, que son las drogas, digamos, legales, y es como una pauta para otras sustancias, o sea, por la normalización, por el contexto, empiezan a juntarse con gente mayor que consume, ahí se los expone más a drogas duras.
“También está la parte de los familiares, pues o son familias que no están muy involucradas en la crianza y eso hace que los menores de edad estén más expuestos a situaciones de riesgo”, explicó.
La especialista señaló que también puede influir la ausencia de los padres debido a sus actividades laborales o que dentro de la propia familia exista consumo de sustancias.
Muñoz Valdivia explicó que el tratamiento de un adolescente requiere una intervención multidisciplinaria que también involucre a los padres o tutores, con el propósito de mejorar el entorno familiar y favorecer su proceso.
Aclaró, sin embargo, que las causas del consumo son multifactoriales y que los factores de riesgo también pueden encontrarse en el entorno escolar, por lo que consideró necesaria una intervención integral.
En su experiencia profesional, dijo haber atendido a pacientes de 11 y 12 años con adicción al alcohol y al cigarro. También relató que uno de sus pacientes adultos le refirió haber comenzado a consumir cristal a los nueve años.
La psiquiatra señaló además que sustancias como el cristal y la cocaína han cambiado su composición durante las últimas dos décadas y advirtió sobre sus posibles efectos, particularmente en cerebros jóvenes.
“Ahora tienen muchísimos más químicos y es mucho más dañino que hace 20 años, digo, no quiere decir que antes no lo fuera, pero (uno) no sabe qué tan vulnerable va a ser el cerebro, ¿para qué arriesgarlo?”, expresó.
¿Quiénes ingresan al centro de internamiento?
Luis Felipe Razo Ángeles explicó que el Centro de Internamiento para Adolescentes recibe a jóvenes desde los 14 años que hayan cometido una conducta delictiva antes de cumplir los 18.
En ese lugar cumplen las medidas de internamiento impuestas, cuya duración máxima, según explicó el funcionario, es de cinco años.
Razo Ángeles señaló que los jóvenes permanecen en el Centro hasta concluir la medida, incluso cuando durante ese periodo alcanzan la mayoría de edad.
La población se divide en tres grupos de acuerdo con la edad y los programas buscan alcanzar una reinserción social plena, mediante la recuperación o creación de redes de apoyo que ayuden a prevenir la reincidencia.
El funcionario destacó que los elementos responsables de la vigilancia no son denominados custodios, sino “guías técnicos”.
Además de las labores de seguridad, explicó, estos trabajadores acompañan a los jóvenes en el cumplimiento de sus programas individualizados.
HLL
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