En nuestro querido México, la “informalidad laboral” afecta ya al 55.1% de la población ocupada, lo que equivale a más de 32 millones de personas trabajando sin contrato seguro, prestaciones de ley o acceso a seguridad social. La cantidad sigue creciendo y lo seguirá haciendo. Según datos del INEGI su aporte a la economía es del 25.4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional por su reducido “valor agregado”. Encontramos trabajos informales sobre todo en el comercio al por menor, en la construcción y en la industria manufacturera. A mayores restricciones regulatorias de los gobiernos, mayor rechazo de las empresas a contratar con formalidad a sus trabajadores. Y esto se refleja en menor recaudación fiscal y en menor captación de cuotas patronales.
Las causas estructurales de la informalidad, son profundas; desde la cultura empresarial, hasta el gobierno que no otorga condiciones adecuadas a los inversionistas. Cuando hay un “impuesto” alto al empleo formal, se da la informalidad, pues para dar de alta a un trabajador, el empleador debe pagar cuotas al IMSS e Infonavit, además de impuestos sobre la nómina. Esto eleva el costo de crear empleos formales. Pero el Estado mexicano ofrece pésimos servicios de salud y programas sociales gratuitos a la población abierta (no asegurada) y esto provoca que muchos trabajadores y microempresarios vean que es más rentable quedarse en la informalidad y recibir servicios públicos gratuitos, en lugar de pagar el costo de la formalidad. Además, al no pagarse ya cuotas, los pensionados no tienen soporte de jóvenes generaciones que generen aportaciones.
El asunto de la informalidad es de verdad preocupante en el corto plazo; más del 95% de las empresas en México son micro y pequeñas empresas (MiPyMEs) y la gran mayoría opera con tecnología muy básica, baja capacitación y poca organización interna. Estos negocios no tienen condiciones para contratar con prestaciones y se mantienen en la informalidad. Hay falta de crédito bancario que los pequeños negocios no pueden cumplir. Aunque la cobertura escolar ha aumentado en el País, sobre todo en el nivel de bachillerato, las competencias que demanda el mercado formal moderno no se enseñan de manera masiva y dado que el sector formal de alta productividad (como la industria automotriz o de exportación) tiene requisitos altos, no puede absorber a toda la población económicamente activa. Y por eso, el excedente de trabajadores con menor escolaridad es absorbido de manera natural por el sector informal (comercio ambulante, servicios domésticos, agricultura de subsistencia). Tal cual, es la realidad.
En una economía mixta como la de México, donde coexiste el capitalismo con intervención del Estado, el gobierno federal no ha podido crear condiciones básicas para retener capitales e incentivar a los inversionistas y la estadística es cruel. Millones de personas aceptan trabajar sin contratos ni seguro social porque no encuentran un puesto formal. El País tendría que incentivar la inversión privada para que se generen empleos formales, pero no lo hace. Los negocios informales suelen ser pequeños y con acceso limitado a tecnología. Millones de personas carecen de seguro médico (IMSS), incapacidades pagadas, fondos de vivienda (Infonavit) o una pensión para el retiro, lo que las expone a crisis financieras ante cualquier enfermedad. De seguir creciendo la informalidad, tendremos menor recaudación de impuesto sobre la renta, pues al operar fuera del sistema fiscal, el Estado deja de captar recursos clave. Esto debilita las finanzas públicas y reduce el presupuesto disponible para mejorar servicios esenciales como salud, educación e infraestructura.
La división de la economía en un sector formal y uno informal es un freno estructural para que México crezca a su verdadero potencial; estamos en escenario de crecer en el 2026 a menos del 1% del PIB anual. Necesitaríamos mayor simplificación de trámites y reducción de costos; sistemas de registro ágiles y económicos para las micro y pequeñas empresas (MiPyMEs), disminuyendo las barreras burocráticas iniciales; desvincular el acceso a la salud del estatus laboral; reducir las altas cuotas obrero-patronales que desincentivan la contratación formal; mayor acceso al crédito a pequeños comercios para permitirles invertir en tecnología, aumentar su productividad y solventar los costos de formalizarse y mejores incentivos fiscales como acceso preferencial a contratos gubernamentales, subsidios o programas de capacitación técnica. No hay otra. Continuar con esta tasa de informalidad, nos llevaría a generalizar la pobreza y seguir con programas sociales para paliarla.
Acompáñanos en un recorrido por la historia de León. Recibe en tu correo relatos sobre personajes, barrios, tradiciones y momentos clave, que celebran la identidad leonesa, en el marco de los 450 años de nuestra ciudad.
