León.- La reforma contra el lavado de dinero busca establecer una mayor regulación en las ventas inmobiliarias realizadas en efectivo cuando los montos superen los 900 mil pesos. Con esta modificación, que comenzará a aplicarse en 2026, los agentes inmobiliarios deberán ampliar de cinco a diez años el resguardo de información relacionada con estas transacciones.
Gabriel Ponce Fuentes, vicepresidente del sector inmobiliario en la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) León, explicó que el ajuste responde a una vigilancia más estrecha por parte de la autoridad. Los agentes ahora están obligados a identificar plenamente a las personas involucradas en las operaciones.
Obligaciones para el sector inmobiliario
La normativa exige dar aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante tales circunstancias para acreditar la procedencia de los recursos.
No significa necesariamente que sea algo malo, sencillamente la autoridad pide ser informada. De tal manera que estos documentos permiten la reconstrucción de un juicio o de un proceso”, señaló Ponce Fuentes.
El especialista advirtió que la reforma contra lavado incluye directamente a los agentes inmobiliarios, quienes deben reportar las operaciones de forma obligatoria.
“Debes saber quién es la persona, identificarlo. De hacer una operación de esta naturaleza, tienes que reportarlo”, enfatizó sobre la responsabilidad de los profesionales del ramo.
Sanciones por incumplimiento
De no cumplir con estas disposiciones, los prestadores de servicios están expuestos a multas severas. Por ello, la semana pasada un grupo de 150 profesionistas asistió a una capacitación especializada. El objetivo es contar con un manual para generar reportes, identificar correctamente a los clientes y utilizar las herramientas legales disponibles.
Dentro de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), se señala que quienes reciban recursos para desarrollos inmobiliarios deben avisar a Hacienda cuando la operación supere los 907 mil 948 pesos. Esta cifra equivale a ocho mil veces el valor diario de la UMA.
Impacto de la reforma contra lavado en la práctica
Adicionalmente, los asesores tienen la responsabilidad de investigar el origen de los recursos, conservar expedientes por una década y establecer políticas internas de supervisión. La reforma establece que quienes incumplan con la identificación de usuarios podrían ser sancionados hasta por 226 mil 280 pesos por cada evento registrado.
Este trabajo de verificación se realiza en equipo con los notarios públicos. Laura Sada, agente inmobiliario, explicó que deben ser más cuidadosos y priorizar que las ventas se realicen mediante transferencia o cheque de caja. “En la medida de lo posible debemos saber de dónde proviene el recurso y a qué se dedica el cliente”, concluyó.
RAA
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