Celaya.- Tras la aprobación de la reforma constitucional para reducir la jornada laboral 40 horas, organismos empresariales de Celaya como Coparmex, CCE y Canacintra reconocieron el beneficio social y la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, pero advirtieron diferencias sobre su implementación.
Mientras Canacintra y el CCE condicionaron la viabilidad a una aplicación gradual e incentivos, Coparmex criticó que la medida no consideró el entorno de inseguridad y la “asfixia fiscal” que, dijo, ya enfrentan las PyMEs en una economía “deprimida”.
Ayer, el pleno del Congreso de Guanajuato aprobó por unanimidad la minuta de la reforma constitucional en materia de reducción de jornada laboral a 40 horas, que envió el Congreso de la Unión.
En sus posicionamientos, los líderes empresariales de Celaya señalaron que el cambio obligará a una reorganización profunda en las empresas.
‘Carece de un diseño integral’
Para la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), presidida por Enrique Martín Bejarano Ferreyra, “la reforma, tal como ha sido aprobada, carece de un diseño integral que considere plenamente la realidad operativa de las empresas, la heterogeneidad sectorial y el entorno de desaceleración económica que enfrenta el país”.
El organismo expresó “una profunda preocupación” y sostuvo que la jornada de 40 horas es una “decisión de alto impacto estructural” que modificará de manera significativa las condiciones de operación del aparato productivo nacional.
Añadió que cualquier reforma laboral debe basarse en un principio de corresponsabilidad entre Estado, trabajadores y empresas, para evitar que los costos de transición se trasladen de forma unilateral al sector productivo.
Demandan incentivos fiscales temporales
Canacintra planteó como claves para su implementación el diseño de incentivos fiscales temporales, esquemas de flexibilidad sectorial con gradualidad diferenciada, y el impulso de programas nacionales de productividad, capacitación y digitalización.
También consideró necesario reducir cargas regulatorias y costos de cumplimiento, además de fortalecer políticas de formalización laboral.
Exhortamos a las autoridades a abrir un proceso de revisión técnica permanente que permita evaluar el impacto real de la reforma y realizar ajustes regulatorios oportunos, evitando efectos adversos sobre el empleo, la inversión y el crecimiento”, precisó.
Celebran que sea paulatina
Por su parte, Jorge Gámez Campos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), subrayó que el “cómo” y el “cuándo” serán determinantes para la sostenibilidad de la reforma.
Señaló que una medida de esta magnitud no puede aplicarse de manera abrupta y celebró que los legisladores planteen un horizonte hacia 2030, con el fin de permitir una transición técnica y no basada solo en “buenas intenciones”.
Coincidimos en el fondo: mejorar la calidad de vida de los trabajadores es fundamental. Sin embargo, el principio de gradualidad es indispensable para evitar efectos negativos en el empleo formal y la competitividad”, afirmó.
Gámez destacó la vulnerabilidad de las 26 mil unidades económicas en Celaya y recordó que tres mil pertenecen al Consejo Coordinador Empresarial. “Menores horas sin más productividad no va a ser sostenible en el tiempo”, advirtió, y llamó a los tres niveles de gobierno a facilitar programas de capacitación y certificación, como ISO 9000, mediante incentivos fiscales.
Coparmex: ‘Agridulce’ y con presión para PyMEs
Desde una postura más crítica, José Luis Andrade, presidente de Coparmex Celaya, calificó la reforma como “agridulce”. Aunque reconoció el avance social, lamentó que se haya dejado de lado la voz de quienes generan empleo, en especial los dueños de PyMEs.
Andrade señaló que el entorno actual es hostil para el empresario promedio por la inseguridad —mencionó el impacto del “cobro de piso”—, la presión fiscal y la economía debilitada.
Criticó que instituciones como el SAT y el IMSS “no perdonan nada” y mantienen exigencias de cuotas sin importar los días de descanso.
También cuestionó cómo absorberán los costos las empresas cuando a los clientes “les cuesta más pagar” en una economía “deprimida”.
No estamos de acuerdo con que se haya dejado de lado la voz del empresariado. Se toma al empresario como si todos tuvieran mucha bonanza, cuando la empresa promedio en nuestro país es una PyME enfrentando costos y problemas crecientes”, subrayó.
En conjunto, el sector empresarial coincidió en que, para que la jornada laboral 40 horas represente un avance y no un retroceso, se requieren políticas que equilibren el bienestar social con la viabilidad financiera de las empresas que sostienen la economía local.
Aprueba Guanajuato la reforma
El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la minuta de la reforma constitucional en materia de reducción de jornada laboral a 40 horas, que envió el Congreso de la Unión.
No obstante, las bancadas del PAN, PRI y MC alertaron que la reforma está incompleta, pues no se garantiza una jornada de 40 horas durante 5 días de trabajo y 2 de descanso.
En tribuna, la diputada priista Ruth Tiscareño Agoitia recordó que la propuesta del PRI es que las 40 horas fueran durante 5 días de trabajo por 2 días de descanso, lo cual no se plantea en la reforma, por lo que acusó que se trata de un engaño.
Mi partido ha sido históricamente un firme defensor y gestor de los derechos de las personas trabajadoras”, recalcó la legisladora, quien agregó que en congruencia con esos principios, manifiestan el respaldo a la minuta porque representa un avance, más no el esperado.
El diputado Jorge Espadas Galván, del PAN, se pronunció en los mismos términos, al enfatizar que la reforma es un avance pero que está incompleta.
“La doctrina de Acción Nacional sobre el trabajo se fundamenta en el humanismo concibiendo al trabajo no solo como un factor de producción y fundamental para el desarrollo integral de la persona”, dijo.
Sostuvo que una reforma que resta horas de trabajo tiene que acompañarse de otras medidas que garanticen que las microempresas y los pequeños comercios puedan hacer frente a esta reforma, pero no hay un solo mecanismo que garantice una política que sostenga a las micro y pequeñas empresas del país.
AVG
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