Valle de Santiago.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó la necesidad de otorgar medidas cautelares de protección a la familia de Juan José y José Juan Arias, padre e hijo víctimas de desaparición en Valle de Santiago desde 2025, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia.
La CIDH determinó que sus derechos a la vida e integridad están en riesgo de daño irreparable.
Además, instó al Estado Mexicano a implementar un plan de búsqueda con resultados medibles, participación familiar y enfoque de edad, y género, así como a garantizar la protección integral de las beneficiarias.
La desaparición de José Juan
Cuando José Juan, de 14 años de edad, desapareció el 19 de julio, su padre inició su búsqueda y señaló a elementos de la Guardia Nacional como posibles perpetradores de desaparición forzada, pues la última vez que fue visto el menor fue en presencia de fuerzas federales y militares.
La propia Secretaría de la Defensa Nacional admitió que hubo presencia de su personal en el lugar donde el menor fue visto por última vez, aunque al consultar con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no se obtuvieron mayores datos.
A partir de ese momento, la familia de Juan inició su búsqueda, convirtiéndose en personas defensoras de derechos humanos. Por ello, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) emitió la Acción Urgente (AU) 2121/2025 en septiembre de ese año.
Seis meses después (el 28 de diciembre), José Juan Arias Corona, papá de Juanito, de 39 años, fue desaparecido también en Valle de Santiago, pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) había otorgado medidas de protección en su calidad de víctimas indirectas del delito.
También en este caso, el CED emitió una Acción Urgente (2211/2026), y el Juzgado IX otorgó la protección federal mediante el amparo 19/2026. Ambas investigaciones son federales y se encuentran radicadas en la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de la FGR.
Acusa abogado desaparición forzada
El abogado penalista y asesor jurídico de la familia, José Luis Miranda Barrientos, informó en su momento que el 19 de junio, a las 11:30 de la mañana, en una casa de la colonia Ranchos Unidos, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano llegaron para una intervención.
Sacaron al menor del domicilio y su padre vio que se lo llevaron a un terreno, lo golpearon y se lo llevaron en la patrulla sin hasta ahora conocer su paradero.
Además, la pareja de José Juan y madre del adolescente, Marisela Solís Figueroa, denunció amenazas e intimidación debido a las denuncias presentadas en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, esto debido también a sus labores como madres buscadoras.
En octubre de 2025 le revocaron las medidas de protección que le había otorgado el Estado, dejándola en vulnerabilidad absoluta. Se comunicó en ese momento que se implementaron acciones de vigilancia domiciliaria y acompañamiento policiaco a favor de la mujer, con su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Se mantiene situación de riesgo: CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que sigue presente la situación de riesgo en el núcleo familiar de los dos desaparecidos, pues hasta el momento no se tienen mayores datos de su paradero y consideran preocupante que hasta ahora no se haya realizado un estudio de análisis de riesgo al que pueda estar expuesta la familia.
Por lo anterior y con base en el artículo 25 del reglamento de Derechos Humanos, la Comisión solicitó a México como medidas cautelares:
- Redoble los esfuerzos para determinar la situación y paradero de Juan José Arias Corona, su hijo J.J.A.S., con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal, mediante un plan de búsqueda con resultados medibles, participación familiar y enfoque de edad, de acuerdo con los estándares y obligaciones internacionales aplicables.
- Facilite la entrega inmediata de toda la información disponible que permita conocer el destino de los propuestos beneficiarios, incluyendo, pero no limitándose, a toda aquella requerida por la autoridad judicial interna y las acciones urgentes del Comité de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas. En particular, brindar todos los elementos que permitan esclarecer la posible participación de agentes estatales en los hechos alegados.
- Adopte las medidas necesarias, con enfoque de género, para proteger la vida e integridad de Marisela Solís Figueroa, su hija y a su nieta.
- Concierte las medidas a adoptarse con los familiares de las personas beneficiarias y sus representantes.
- Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar con la debida diligencia los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
¿Qué es la CIDH?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
Exigencia de organizaciones
Ante esta resolución de la CIDH, las organizaciones Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, firmaron un pronunciamiento con las siguientes exigencias:
1.- A la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión de Búsqueda del Estado de Guanajuato:
- Establezcan un plan integral de búsqueda y de investigación como han solicitado tanto el CED como la CIDH, que implique la coordinación entre las instancias involucradas.
2.- Al Juzgado IX de Distrito y al Órgano de Administración Judicial:
- Atienda la solicitud hecha en el marco de los juicios de amparo 762/2025 y 19/2026, para crear una Comisión Especial de Búsqueda que garantice la creación de un Grupo Interinstitucional de Trabajo para la Búsqueda de José Juan Arias Solís y José Juan Arias Corona.
3.- A la Fiscalía General de la República:
- Se sancione a los agentes estatales que participaron en la desaparición forzada de José Juan Arias Solís, especialmente de los agentes de Guardia Nacional; y se investigue si en la desaparición de José Juan Arias Corona se verifica apoyo, autorización o aquiescencia de agentes del Estado.
4.- Al Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos:
- Se proteja la integridad y la vida de Marisela Solís Figueroa y su núcleo familiar, en su condición tanto de víctimas como de personas buscadoras y defensoras de derechos humanos.
RAA
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