Guanajuato.- Morena y Movimiento Ciudadano no han soltado el dedo del renglón para que la Auditoría Superior del Estado (ASEG) examine a la arrendadora GTO Leasing Service, negocio que se creó en el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo con recursos del fondo de pensiones del ISSEG.
Mientras el diputado de Morena, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, exigió a la Comisión de Hacienda dictaminar con urgencia exhorto sobre Guanajuato Leasing ante riesgo de impunidad, Movimiento Ciudadano lo hizo a través de una petición para demandar una auditoría de situación excepcional, que según afirmó la delegada Yulma Rocha, surge desde la sociedad.
Fue la delegada de MC quien se presentó ante el auditor, para presentar la petición y enfatizar que existen indicios de probable corrupción.
Durante la sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado de Guanajuato, tras concluir la sesión del miércoles 30 de abril, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor, pidió que se dictamine con urgencia y en sentido positivo el exhorto ya radicado.
Esto, al advertir que el caso podría terminar en una nueva situación de impunidad financiera si no se atiende con seriedad.
El legislador alertó sobre el riesgo de que dicha empresa desaparezca sin esclarecer el manejo de recursos públicos relacionados con contratos de arrendamiento, y cuestionó el desinterés que hasta ahora ha mostrado el Gobierno del Estado para transparentar el caso.
Si no le damos atención a este asunto, vamos a caer en los mismos patrones. Ya han habido varios casos, y no podemos seguir ignorando el tema de los recursos públicos”, expresó Ramos.
Propuso que en la siguiente sesión se defina la metodología correspondiente para su análisis y dictaminación, señalando que no puede permitirse que el exhorto permanezca congelado.
Desde su posición en la comisión, el diputado Ramos reafirmó el compromiso de Morena con la fiscalización seria, la transparencia y el uso correcto del dinero público.
No podemos permitir que temas como Guanajuato Leasing se archiven o se disuelvan en la burocracia. Estamos aquí para rendir cuentas y proteger los recursos del pueblo”, concluyó.
En una charla con AM, la delegada de Movimiento Ciudadano en la entidad, Yulma Rocha Aguilar, dijo que hay indicios razonables y suficientes para acreditar el uso de recursos públicos en condiciones irregulares.
”Por supuesto que hay un riesgo de que este acto, este negocio privado con recursos públicos quede en la impunidad como muchos otros casos de corrupción en los que ha incurrido el PAN Gobierno, sin embargo nosotros seguiremos activando los mecanismos que nos da la Ley para que se investigue y se finquen responsabilidades”, dijo.
Apuntó que: “efectivamente hoy observo que desde Gobierno del Estado hay una complicidad total con los funcionarios que crearon esta empresa desde el gobierno anterior y el hecho de liquidarla con total opacidad y sin información oportuna, pues da a cuenta que se va a proteger a los funcionarios, léase Secretaría de Finanzas, léase funcionarios del ISSEG para que no haya consecuencias, porque finalmente ha sido una práctica recurrente del PAN Gobierno”.
Yulma Rocha puntualizó que actuarán con mecanismos formales de denuncia hasta que los recursos públicos se utilicen con total transparencia y responsabilidad.
Una muerte anunciada
El pasado 7 de abril, AM publicó que el Gobierno Estatal arrendaba, a GTO Leasing Services, vehículos para oficinas gubernamentales al doble de su precio.
Desde la creación de GTO Leasing, hasta el momento de la publicación de la nota, el Gobierno había pagado más de 146 millones de pesos de sobreprecio por 555 vehículos arrendados, en beneficio de los cinco socios y en perjuicio de las finanzas públicas.
Cuatro días después, fue anunciado el cierre de la arrendadora tras lo publicado por AM. Anticiparon que se dará cumplimiento a los contratos de arrendamiento de vehículos que todavía están vigentes.
De esta manera, se informa que los accionistas privados han decidido que previo al cumplimiento de las obligaciones pendientes de la empresa, se lleven a cabo las acciones inherentes a su eventual disolución y liquidación”, informó a través de un comunicado firmado por Jaime Trejo Ávila, presidente del Consejo de Administración de GTO Leasing Services.
Finalmente, el 25 de abril, Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno de Guanajuato, aclaró que no había daño al erario en el asunto de GTO Leasing y su futura disolución.
“Yo lo que les puedo decir que se ha revisado es que no hay ningún daño al erario, eso es importante. También señalar que son etapas, son ciclos, la gobernadora ha estimado que no es el modelo conveniente para su administración”, afirmó en entrevista.
AAK
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