Guanajuato.- La Federación decidió ampliar las atribuciones de los estados en cuestiones de salud en el tema de los centros de rehabilitación, ahora las secretarías estatales podrán realizar visitas formales e investigaciones detalladas para realizar diagnósticos y agilizar la certificación de los llamados anexos.
Aclaran que en Guanajuato, los cinco centros de rehabilitación que hasta el año pasado cumplían con la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999 y por tanto, aparecían en el Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales, la “perdieron” porque caducó la validez de dichos certificados, pero la mayoría están en proceso de recuperarlos. El control de los anexos en Guanajuato pasa ahora por un nuevo filtro estatal.
Así lo informaron funcionarios de la Secretaría de Salud de Guanajuato, al confirmar que ahora el Estado es quien realizará las visitas (posiblemente, al iniciar febrero) y recolectará los documentos para los expedientes que enviará a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).
Dicha instancia los evaluará y otorgará, de ser el caso, las certificaciones o las renovaciones.
En el 2025, en el segundo semestre, esperábamos esta visita para que estos centros renovaran su licencia o su reconocimiento. Sin embargo, la Conasama no se manifestó y en su momento, ya cercano a fin de año, 2025, nos notificaron que hay ciertos cambios en las disposiciones, cediendo un poco de responsabilidad al estado, en lo que ya estamos trabajando”, dijo Marilú Andrade, responsable del proceso de revisión de los centros de rehabilitación en la Dirección de Salud Mental del Estado.
“¿Qué tipo de acciones?”, preguntó AM.
“Prácticamente las que ya hacíamos, esto de asesorar, de dar seguimiento, de fomentar las buenas prácticas… no podemos garantizar el ejercicio íntegro de los derechos humanos en estos establecimientos, pero sí fomentar que se dé de esta manera”.
Las nuevas disposiciones autorizan “que desde aquí se haga este análisis, un diagnóstico a los establecimientos que soliciten o que estén interesados en obtener este reconocimiento federal. Recibimos toda su documentación, hacemos un análisis de los documentos, se revisan, se envían a la Conasama, ellos validan toda la información y son ellos quien eh pues emiten ya la postura final, si se otorga o no”.
No obstante, ni la Conasama o alguna otra instancia de la Federación explicó este cambio.
Marilú Andrade también reconoció que aún no se han enviado expedientes, pues se está formalizando un lineamiento estatal, algo que debe tratarse con sumo cuidado, pues “es un tema álgido, todo el tiempo”.
Por tanto, “tenemos que cuidar también a las personas que se van a dirigir a estos establecimientos y también la operatividad del centro”.
Pero que trabajan muy cerca de varios establecimientos, incluyendo algunos que van de primera vez.
Comentó que no se impusieron fechas de entrega de diagnósticos, pero se espera agilidad en los procesos ahora que no será necesaria la visita de inspectores desde la Conasama, bastará con lo que presente la SSG.
Eduardo Villalobos Grzybowicz, director de Salud Mental del Estado, añadió que actualmente están recibiendo las solicitudes de esas unidades que perdieron su vigencia el año pasado, para volver a obtener el reconocimiento. La vigilancia de los anexos en Guanajuato busca evitar vacíos en el modelo de atención.
Que se está diseñando la programación de las visitas, no hay fechas específicas a los centros pero el inicio de las verificaciones será a partir del 1 de febrero.
El especialista consideró conveniente para el estado que se ampliaran esta colaboración interinstitucional.
“Porque a final de cuentas nosotros somos los que estamos vigilando, asesorando, llevando de la mano a todas estas unidades. Tenemos ya una atribución mucho más formal y fortalecemos las actividades del estado, entonces, la Comisión (…) solamente emite el documento ante lo que nosotros le digamos, la evidencia, sí, nos gusta que hayan emitido lineamientos hacia los estados para tener un poco más de control de estas unidades”.
En una nota previa, Paulino Sánchez, director de los centros de rehabilitación La Búsqueda y La Magdalena, en León, reconoció que ambos ya no aparecen en el directorio de anexos certificados pero que se mantienen los mismos estándares de tratamiento y solo están a la espera de la visita de inspección. Esto ocurre en un contexto de alerta por el consumo de nuevas drogas en Guanajuato.
¿Cómo es la apertura de un anexo?
Eduardo Villalobos explicó que cuando se recibe un aviso de apertura, la Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado valida las condiciones físicas y sanitarias del inmueble donde se espera abrir un anexo, posteriormente entra su equipo, el de Salud Mental.
Va la unidad y ya hacemos otra verificación, ya no de lo que le compete a las condiciones físico-sanitarias, sino a los procedimientos que puedan tener y que se adecuen a los modelos de atención a las adicciones (…) si identificamos que algo no está correctamente establecido, entonces hacemos una siguiente visita, así, los vamos llevando de la mano”.
No obstante, aclaró: “Nosotros no nos responsabilizamos de lo que ellos -los anexos- tengan que hacer, sino que los acompañamos y vemos que realmente sus procedimientos estén de acuerdo” con lo que debe ser.
Pero la decisión de certificarlos quedará en manos de la Conasama, aunque el estado podrá agilizar los expedientes de solicitud para regularizar los anexos en Guanajuato.
El dato
De acuerdo a un listado de centros de rehabilitación reconocidos por la Secretaría de Salud de Guanajuato, para julio de 2025 había en el estado 328 establecimientos, la mayoría bajo el modelo de internamiento y ayuda mutua pero sin certificación de Conasama. El municipio con mayor cantidad de anexos era León, con 99.
Pierde la mitad de sus centros de rehabilitación certificados
El estado de Guanajuato registró una disminución del 50 por ciento en el número de centros de rehabilitación con certificación vigente. La Comisión Nacional contra las Adicciones retiró el aval a diversas unidades de salud.
La cancelación de registros en Guanajuato obedece al incumplimiento de normativas de infraestructura y a la carencia de personal con perfil médico. Las inspecciones federales revelaron deficiencias técnicas en la mayoría de los anexos locales.
Esta pérdida de avales oficiales incrementa los riesgos de seguridad para los pacientes que permanecen internados. Colectivos civiles demandan programas de regularización para los establecimientos de Guanajuato.
La reducción de centros certificados por la Comisión Nacional contra las Adicciones representa un retroceso en la política de salud mental. El último ciclo de evaluación dejó fuera a numerosos establecimientos de Guanajuato.
Los criterios de calidad federales se centraron en la seguridad de las instalaciones y el perfil académico de los terapeutas. Muchos anexos en Guanajuato no lograron cumplir con los estándares mínimos para renovar su registro nacional.
La ausencia de un aval vigente coloca a estas clínicas en un estatus de incertidumbre administrativa ante la ley. Se estima que miles de personas reciben atención en espacios que carecen de los protocolos de protección validados oficialmente.
Representantes de organizaciones sociales en Guanajuato han solicitado subsidios para rehabilitar los inmuebles afectados. El objetivo es evitar la operación clandestina y profesionalizar el tratamiento de las adicciones en el territorio estatal.
AAK
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