Guanajuato.- El Congreso de Guanajuato presentó un recurso de revisión para inconformarse en contra del amparo otorgado por una jueza de Distrito a 50 activistas e integrantes de colectivos, quienes promovieron un juicio para frenar la criminalización del aborto en este estado.
La resolución judicial, que solo alcanza a quienes promovieron el amparo, fue emitida por Luz Adriana Rico Páez, jueza Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien se desempeñó como exasesora de la bancada del PAN en el Congreso del Estado.
El juicio de amparo fue presentado el 5 de junio de 2025 por las activistas y fue resuelto 10 meses después, el 27 de abril de 2026. Este amparo establece que el Congreso y el Gobierno del Estado no pueden criminalizar a las mujeres que decidan abortar, pero con la precisión de que solo aplica para las que presentaron este recurso legal.
Con este movimiento, el Poder Legislativo como institución manda el mensaje de que resiste y pelea en tribunales la resolución a favor de las activistas.
En un posicionamiento, el Congreso aclaró que dicha medida tiene efectos retroactivos en beneficio de las 50 personas quejosas que pudieran estar procesadas o sentenciadas, y ordena a las autoridades responsables girar oficios para actuar en consecuencia.
En su defensa, también informó que la decisión de mantener la legislación vigente en materia de aborto fue votada por mayoría en el Pleno del Congreso por diputadas y diputados que representan a las y los guanajuatenses.
Por ello, más allá de posturas personales o ideológicas, el Poder Legislativo tiene la responsabilidad institucional de defender las decisiones tomadas conforme al proceso legislativo y agotar los recursos legales disponibles.
El 18 de mayo de 2026 se presentó el recurso de revisión por parte del Congreso del Estado de Guanajuato.
De acuerdo con el documento hecho llegar a medios, el Congreso presentó como agravios la violación a la garantía de seguridad jurídica, así como el quebrantamiento de los principios de igualdad procesal, suplencia de la queja y de cargas probatorias. Según la institución, estas transgresiones fueron causadas durante el juicio.
Puntualizó que este proceso jurídico continúa abierto, ya que asegura que la parte quejosa también manifestó su inconformidad y presentó los recursos que consideró pertinentes.
Esto confirma, de acuerdo con el Congreso, que ambas partes están haciendo uso de los mecanismos legales previstos y será la autoridad competente (un juzgado de segunda instancia) quien resuelva en definitiva.
El acto reclamado en el juicio es la supuesta omisión de la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo y del Congreso del Estado de Guanajuato de armonizar la legislación penal estatal conforme a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer para despenalizar la interrupción legal del embarazo.
El alcance del amparo es que no se aplique ni en lo presente ni en lo futuro, exclusivamente a las personas aquí quejosas.
El amparo también acota que no implica anular porciones normativas tildadas de inconstitucionales, por lo que, por lo menos en ese sentido, las autoridades responsables (Congreso y Gobernadora del Estado de Guanajuato) no se encuentran conminadas con motivo de esta sentencia a realizar modificación alguna al texto actual de tales dispositivos; ello, atento al principio de relatividad de las sentencias.
La Convención de Belém do Pará establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.
Inoperante tipificar delito de ‘terapias de conversión’ dice diputada
Tipificar como delito las “terapias de conversión” sigue siendo inoperante, aun con el remiendo de la Corte, opinó la diputada Susana Bermúdez Cano del PAN, quien en la votación del 4 de diciembre de 2025 fue una de tres legisladores que votó en contra de la reforma.
La legisladora se refirió este miércoles a la invalidación por parte de la Corte de la norma que evitaba cárcel a padres o tutores que obliguen a sus hijos a someterse a terapias de conversión en Guanajuato, al señalar que aquella persona que realice un trato inhumano contra otra debe ser sancionada, “así sea el papá, la mamá, así sea quien sea, debe de tener esa sanción penal”.
De acuerdo con la legisladora, desde el principio de las mesas de trabajo ella señaló que ese delito es inoperante tal y como está redactado.
“Sigue siendo inoperante aun con las implicaciones que genera la Corte. Yo, de verdad que he comentado que está redactado donde no va a ser aplicable”, expresó la diputada.
Agregó que no hay un análisis de fondo y a conciencia, y que no es adecuado cómo se acota a los sujetos de responsabilidad del delito.
“Yo creo que no está nada bien. Lo voté en contra; incluso yo solicitaba la lectura de este artículo para que escucharan los propios legisladores qué es lo que estaban aprobando. Y sin embargo, se decidió aprobar, si no mal recuerdo, por 33 legisladores. Salieron muy contentos y todo, y ahorita lo que están diciendo es que todos lo advirtieron”, añadió.
Para la diputada, no basta con presentar una iniciativa que derogue solamente los conceptos que ha dicho la Corte, como lo plantea hacer Morena este jueves, porque sería el trabajo más sencillo: nada más decir “ah, pues ya que lo borren y ya quedó el artículo”, cuando resulta todavía inaplicable o inoperante.
Susana Bermúdez destacó que la redacción propia del artículo señala desde prácticas hasta tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“Entonces, desde la práctica, yo les decía: ¿cuál es el límite? o ¿quiénes son los denunciantes?, por ejemplo ¿quién va a ir a denunciar este hecho si están culpando al tutor? ¿alguien que tiene conocimiento? ¿El vecino?, ¿un amigo?, ¿una amiga? ¿quién va a ser el denunciante? No hay manera de explicar tan sencillo este tipo penal”, enfatizó.
¿Dónde están los centros de conversión?
La diputada Susana Bermúdez cuestionó dónde están los centros donde se realizan esos actos.
“No hay ni una sola cifra, ni tampoco hay un lugar que se haya determinado en Guanajuato que exista esta problemática para conocer el contexto y poder redactar el delito, el tipo penal”, expresó la legisladora.
Apuntó que no se trata de copiar un modelo de otro estado para Guanajuato porque allá ya se previno y porque acá no.
“¡Claro que aquella persona que tenga un trato inhumano contra otra debe ser sancionada! Por supuesto, así sea el papá, la mamá, así sea quien sea, debe de tener esa sanción penal. Y entiendo lo que señala la Corte, que dice: ‘el interés superior de la niñez está por encima del ejercer el derecho de ser padres´”, recalcó.
Así también, refirió que “una persona que es adulta no podría someterse a tratos crueles o inhumanos y decir: ‘pues es que yo firmé voluntariamente’, eso es incongruente”.
La diputada puntualizó que hay una buena intención en el sentido de decir “voy a sancionar a aquella persona que intervenga con un trato cruel”.
“Es más, el antecedente histórico es de que a una mujer se le llevaba a que fuera violentada sexualmente para entender que era mujer. Entonces yo les decía: ‘a ver, sí es grave, claro que es grave’, porque el antecedente histórico era ese, pero ahorita en la actualidad ¿dónde está esa problemática, dónde están esos centros para poderlos reportar? Porque ni siquiera tendrían que estar operando. Ese es el tema, creo que no tenemos el suficiente estudio para poder redactar un tipo penal de esa naturaleza”.
Morena alista iniciativas
Para este jueves, las diputadas Miriam Reyes Carmona y María Eugenia García Oliveros, ambas de Morena, presentarán sendas iniciativas para atender el señalamiento de la Corte.
Eugenia García Oliveros dijo que su iniciativa tiene mayor alcance.
“Estábamos revisando la propuesta (de Miriam Reyes) para ver si tomábamos la determinación de ya no subirnos nosotros, todavía es que ella ya iba a subir, pero sí, es necesario que nosotros subamos. Porque la que está proponiendo ella es derogar los dos párrafos que habíamos platicado, entonces pues no tiene caso”, comentó Eugenia García en entrevista.
Invitó a su compañera de bancada a que asista a las mesas de trabajo, “que no es nada más subirse a la tribuna. Hay que estudiar lo que vamos a proponer”.
HLL
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