De 2020 a 2026 se presentaron ante el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) 170 asuntos de violencia política contra las mujeres en razón de género, de los cuales solamente 31, por distintas razones, han concluido en sentencias.
En el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, publicado en la página del INE, aparecen 14 nombres y perfiles de Facebook de Guanajuato. La entidad ocupa la sexta posición, por debajo de Oaxaca, con 128; Veracruz, con 81; Chiapas, con 36; Estado de México, con 30, y Tabasco, con 25.
En el país, las personas sancionadas son 504: 84 mujeres y 416 hombres. En Guanajuato, de los 14 registrados, nueve formaron parte del Ayuntamiento de Cortazar, incluido el entonces presidente municipal por el PAN, Ariel Corona Rodríguez.
De los 31 asuntos que concluyeron en sentencias, en la mayoría, 23, el Tribunal determinó la existencia de violencia política en razón de género; en tres, la existencia de violencia política, y en cinco, la obstrucción al ejercicio del cargo público.
Yari Zapata López, magistrada presidenta del TEEG, compartió en entrevista con AM que gran parte de las denuncias no llegan a sentencia por diversos factores: el desconocimiento de lo que sí constituye violencia política en razón de género; la imposibilidad de ubicar a los presuntos responsables debido al anonimato en medios digitales, o la complejidad para documentar con pruebas la conducta señalada.
“Obviamente, algunas son por desconocimiento de qué sí es violencia política y qué no es. Pero también es importante referir que, a veces, el Instituto Electoral –IEEG– no localiza a las personas que están cometiendo esa violencia. Muchas de estas denuncias se presentan a través de entornos digitales, se abren perfiles y no podemos encontrar quién es la persona física que está detrás de las conductas.
“Por otro lado, también, de pronto, no se llegan a acreditar determinadas conductas y, si bien opera la reversión de la carga de la prueba en esta materia, pues aun así la violencia, sabemos, se da en entornos privados donde no se documenta”, citó.
Las penas son mínimas
Explicó que la violencia política en razón de género tiene que ver con impedir, menoscabar o disminuir el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Esto va de la mano con una vida libre de estereotipos y discriminación.
A quienes reciben una sentencia desfavorable se les dictan medidas de reparación y de no repetición, que consisten en la inscripción en el Registro de Personas Sancionadas, tomar cursos para concientizarlos sobre estos temas, emitir disculpas públicas, entre otras.
En el caso de quienes están inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, la magistrada explicó que, por determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se considera que pierdan el modo honesto de vivir; es decir, pueden participar en los procesos electorales.
La inscripción en este registro ha sido de tres meses a tres años, según la falta.
Las denuncias de este tipo se incrementan en los años electorales por el tono que implican las precampañas y las campañas. En 2021 hubo 34 y en 2024 fueron 60.
A la presidenta del TEEG se le preguntó si advierte que este tipo de denuncias está aumentando como una forma de limitar el debate sobre asuntos públicos.
A lo que respondió: “Yo creo que no. Creo que las conductas de violencia son muy claras y, si bien en el debate público, insisto, de pronto, al calor de la discusión, se vuelve un debate un poco agresivo, yo no lo veo así, como una amenaza, porque finalmente el debate se da con cifras, con números, con estadísticas, con documentos, sobre todo con lo que se maneja en una Administración pública.
“Sin embargo, yo no lo veo como una amenaza. Más bien, sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos de enfocarnos en ese debate de las políticas públicas y no en la vida íntima y privada de las mujeres. Entonces, yo no creo que sea algo utilizado para amenazar o coartar el debate. Yo más bien veo que, de pronto, se nos hace fácil reproducir estereotipos sobre las personas, que constituyen discriminación”.
Agregó que, si no existen los elementos mínimos que pudieran acreditar esta conducta, la Unidad Técnica del IEEG desecha la denuncia y ni siquiera se inicia una investigación.
AM: ¿Estas sanciones de inscripción en el registro de personas sancionadas y la emisión de una disculpa pública están funcionando como freno para algunos actores políticos?
“No creo que estén funcionando. Desgraciadamente, son penas mínimas que no disuaden la comisión de las conductas, pero, adicionalmente, el anonimato de las redes sociales permite muchísimo escarnio contra las mujeres y no hay forma de frenarlo. Cualquiera puede abrir perfiles para descalificar a personas y, en este caso, a las mujeres que aspiran a una posición política”, comentó Yari Zapata.
Este problema, agregó la magistrada, no es un tema que competa a una reforma electoral, sino a la regulación de las redes sociales, donde proliferan los perfiles falsos.
Por último, señaló que, frente a los casos de violencia política en razón de género, las medidas cautelares normalmente se emiten con rapidez.
“Pero sí es importante que las mujeres soliciten estas medidas para que el Instituto Electoral las pueda emitir o las pueda auxiliar para tener la protección que requieren. Ahí es muy importante la comunicación inmediata de las candidatas con sus partidos para que lo soliciten”.
Congreso de Guanajuato retira propuesta de violencia política general
La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado de Guanajuato eliminó por unanimidad la propuesta de incorporar la figura de “violencia política en general” dentro del dictamen de la reforma electoral.
La iniciativa había recibido críticas por parte de consejeros electorales y legisladores al considerar que sustituir o generalizar dicho concepto invisibilizaba la violencia política en razón de género.
Diputados de diversas fuerzas políticas respaldaron retirar el concepto para mantener intactos los mecanismos de protección a los derechos político-electorales de las mujeres. Tras la aprobación de esta reserva, el dictamen de la reforma electoral avanzó de manera positiva hacia el Pleno.
AM
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