El pasaporte mexicano no nació para viajar. Nació para controlar a quién se movía… y a quién había que sacar del país.
Durante el siglo XIX y principios del XX, los pasaportes y salvoconductos funcionaban como instrumentos de vigilancia política. El Estado los usaba para identificar personas incómodas, autorizar exilios y regular desplazamientos en un país marcado por guerras, rebeliones y persecuciones.
Por eso, muchos de los personajes clave de la historia de México no viajaron por gusto. Salieron porque no tenían alternativa.
Guadalupe Victoria, antes de ser el primer presidente de México, pasó años oculto, perseguido y fuera de la vida pública tras la derrota insurgente. Su supervivencia dependió del anonimato y del desplazamiento constante.
Benito Juárez pasó largos periodos fuera del país durante la Intervención Francesa (1862–1867). Gobernó desde el exilio interno y externo, desplazándose entre estados y manteniendo relaciones diplomáticas para sostener la República.
Porfirio Díaz, tras más de tres décadas en el poder, salió de México en 1911 después del triunfo maderista. Murió exiliado en París en 1915, sin volver a pisar el país que gobernó.
Durante el Porfiriato, el exilio fue una herramienta política: opositores, periodistas y disidentes eran enviados al extranjero como forma de “pacificación”, evitando encarcelamientos que pudieran generar mártires.
En este contexto, el pasaporte no representaba libertad. Representaba permiso, vigilancia y control.
Fue hasta el siglo XX, con la consolidación del Estado moderno, la creación formal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (1821) y el crecimiento del turismo internacional, que el pasaporte empezó a verse como un documento de viaje y no como un mecanismo político.
Antes de ser un símbolo de movilidad, el pasaporte fue una forma de decir: puedes irte, ojalá no regreses… pero porque el Estado lo decidió.
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