León.- La pareja Ofarrel Gallardo (la primera familia homoparental en León), conformada por Ricardo Gallardo y Julio César Ofarrel, presentó este martes una denuncia contra la activista y proveedora del Gobierno del Estado, Cecilia Garibi González, por presunto hostigamiento, daño moral, violencia digital y homofobia.
Los activistas de la comunidad LGBTI presentaron dicha denuncia ante la Fiscalía General del Estado, Región A en León, por la que se abrió la carpeta de investigación 67094.
Ricardo Gallardo destacó que solicitaron una orden de restricción en contra de la activista, una disculpa pública y, mientras esta situación se aclara, pidieron seguridad o medidas de protección.
Las acusaciones
“Habíamos estado recibiendo ataques en redes sociales, en realidad no les habíamos dado mayor atención; sin embargo, cuando hicimos un convenio con la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato y publicamos en nuestras redes, ella (Cecilia Garibi) mencionó que somos pseudoactivistas.
“Dice que hacemos negocios, que recibimos dinero, que tenemos vendidos los temas de derechos humanos, que recibimos apoyos económicos de empresas y que somos empresarios. Al parecer, esta persona tiene un pleito casado con los hombres y con los gays”, señaló Ricardo en entrevista con medios de comunicación afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en León.
Consideró que la activista se conduce con un doble discurso donde protege a sectores y poblaciones vulnerables, pero al mismo tiempo es una persona que se dedica a atacar a los colectivos y activistas independientes de la diversidad sexual y de género de Guanajuato.
“Durante el evento del Pride el pasado sábado en la plaza principal, en el escenario la señora se presentó alcoholizada. Aquí surgió una de las amenazas donde mencionó que íbamos a tener pronto noticias de ella, que cuenta con respaldo del Gobierno del Estado y del gobierno municipal de León, pero el hecho de que ella lo mencione no significa que sea cierto.
“Sabemos que fue trabajadora de la fiscalía federal. Mencionó que pronto tendrá una función pública y pidió entrar en su perfil personal para corroborar lo que estaba diciendo y vimos que ha tenido contactos con el Municipio de León y el gobierno estatal”, declaró Gallardo.
¿Qué dijo la activista?
Aseguró que cuentan con fotografías, videos y testimonios que avalan las declaraciones que él y de su esposo, Julio César Ofarrel, rindieron este martes en la fiscalía.
También señaló que Cecilia Garibi, a través de sus redes sociales, el 14 de mayo convocó a organizar una contramarcha, publicación en la que hizo un exhorto a no ser parte de un espectáculo de la mercantilización de los movimientos sociales.
Aunque no se refirió directamente a la marcha Pride de León organizada por la familia Ofarrel, Ricardo Gallardo aseveró que esta y otras publicaciones fueron ataques hacia su movimiento y de manera personal hacia ellos.
“Estaba incluso diciendo que quién jalaba con ella para hacer una contramarcha. Vamos a solicitar seguridad para nuestras personas porque si ya trabajó en la fiscalía no conocemos los alcances que pueda llegar a tener.
“Quiero dejar en claro que mencionó que es una persona peligrosa, que pronto sabremos de ella y que está por recibir un cargo importante. Estas son palabras que no solamente nos dijo a nosotros sino a otras personas que abordó y con quien nos lo mandó a decir el sábado durante la marcha”, sostuvo Gallardo.
AM buscó vía WhatsApp a Cecilia Garibi; sin embargo, hasta las cinco de la tarde de este martes no hubo respuesta.
Es proveedora del Gobierno del Estado
En septiembre de 2024, Cecilia Garibi González fue contratada por el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg) para la elaboración del estudio etnográfico de la población LGBTI+ guanajuatense.
Esto con el fin de profundizar en el conocimiento de las principales características y necesidades de esta población en el estado como base para la generación de políticas públicas, mediante la realización de un estudio de carácter cualitativo sobre las prácticas, comportamientos y posicionamiento que esta población presenta en la entidad.
El contrato, por un monto de un millón 650 mil pesos más IVA, tuvo una vigencia del 7 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2025.
Cecilia Garibi González es licenciada en Administración Pública y maestra en Estudios de Género.
Es fundadora y colaboradora de CEA Justicia Social, organización de defensa de derechos humanos que busca contribuir al acceso a la justicia social y la reinserción de población con experiencias de violencia en México, sus familias y comunidades, mediante el fortalecimiento de la participación comunitaria y el ejercicio efectivo de sus derechos.
Señalamientos no impiden colaboración
A través de una postura que dio a conocer por escrito, la Secretaría de Derechos Humanos de Guanajuato informó que mantiene una política de colaboración con personas especialistas, organizaciones, instituciones académicas y prestadores de servicios que participan en actividades de capacitación, sensibilización y fortalecimiento institucional.
Enfatizó que estos procesos se realizan conforme a los procedimientos administrativos y normativos aplicables.
Afirmó que la existencia de señalamientos o controversias entre particulares no constituye, por sí misma, una determinación de responsabilidad ni un impedimento automático para el desarrollo de actividades profesionales, mientras no exista una resolución firme emitida por la autoridad competente.
“Respecto a los señalamientos realizados públicamente por integrantes de colectivos y organizaciones de la sociedad civil, es importante precisar que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes determinar la existencia o no de responsabilidades, a partir de las investigaciones y procedimientos que establece la ley.
“Esta Secretaría mantiene una actitud permanente de revisión y seguimiento de cualquier información que pudiera resultar relevante para garantizar que sus acciones y colaboraciones se desarrollen bajo los principios de respeto a los derechos humanos, inclusión, no discriminación y legalidad”, informó.
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