Ciudad de México.- De 2019 a la fecha, el crimen organizado ha impactado a la minería, pues ha obligado a distintas empresas del sector a suspender temporal o definitivamente sus operaciones en regiones de Guerrero, Sinaloa y Sonora.
Empresas canadienses, que son las que mayor presencia tienen en la industria, han sufrido robos, extorsiones, cobro de derecho de piso, amenazas y hasta asesinato de su personal en dichas entidades, evidenciando el riesgo que corren por el crimen organizado.
El último hecho delictivo, que obligó a la compañía Vizsla Silver a suspender temporalmente el proyecto Pánuco, en La Concordia, Sinaloa, fue el secuestro de 10 ingenieros, de los cuales, cinco cuerpos han sido recuperados y el resto permanece sin ser localizados.
Aunque la empresa no ha informado formalmente la suspensión de sus actividades en este proyecto, en abril pasado suspendió temporalmente actividades por problemas de inseguridad derivados de la relación entre crimen organizado y la minería.
“Vizsla anuncia que, por precaución y en abundancia de cuidado, ha pausado temporalmente el trabajo de campo en la mina Pánuco debido a las condiciones de seguridad actuales en el área”, informó la compañía en un boletín el 4 de abril de 2025.
“Los contratistas que están involucrados en el desarrollo de la mina de prueba, la campaña de perforación geotécnica y el programa de exploración han sido puestos en espera y permanecen listos para reiniciar tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan”, añadió.
Pero los registros comienzan desde antes. En 2019, la empresa Telson Mining suspendió operaciones en la mina Campo Morado, de Arcelia, Guerrero, por extorsiones de La Familia Michoacana; ese mismo año, Minaurum Gold detuvo la explotación de Los Filos de Carrizalillo, en Eduardo Neri, por inseguridad.
El 8 de abril de 2021, la mina Mulatos de Alamos Gold, en Sonora, fue asaltada; y el 16 de noviembre de ese mismo año, un grupo armado ingresó a la mina Plomosas de Consolidated Zinc, en Chihuahua, y robó 90 toneladas de zinc y plomo.
En julio del año pasado, la ONG estadounidense Agencia de Investigación Ambiental (EIA) acusó que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) presuntamente se ha hecho del control de varias minas de mercurio en la Sierra Gorda de Querétaro.
En el reporte “Los traficantes no dejan piedra sin remover”, refirió que alrededor de las minas Cristo Vive, La Fe, La Peña, El Mono y La Perla se han erigido fortificaciones para vigilar y controlar el acceso de personas.
De acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex), los delitos que afectan al sector representan hasta el 5 % de los costos totales y hasta el 7 % en mermas, afectando además las condiciones de inversión y la competitividad de la industria ante el avance del crimen organizado y minería.
HLL
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