Ciudad de México.- El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, dejó de estar bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BFP) de Estados Unidos (EU).
El general retirado Mérida Sánchez es coacusado del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya por presunta protección al Cártel de Sinaloa, en particular, a la facción de Los Chapitos.
La ficha de Mérida en el portal del BFP indica que dejó de estar bajo custodia de esa dependencia desde el 11 de agosto. Previamente, estaba recluido en el Centro Metropolitano de Detención (CMD) de Brooklyn, Nueva York.
Lo anterior no implica que el general ya haya sido liberado. Podría estar en traslado hacia otra cárcel, en una prisión no administrada por el BFP o bajo arraigo o vigilancia domiciliaria, entre otras modalidades de privación de la libertad.
Una situación similar se presentó con Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, quien el 14 de julio de 2025 dejó de aparecer como reo bajo custodia del BFP, sin que ello implicara su liberación, luego de declararse culpable de narcotráfico y firmar un acuerdo de colaboración plena con el Departamento de Justicia estadounidense.
Lo mismo ocurrió con Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio, quien igualmente aceptó colaborar y tampoco aparece bajo custodia del BFP desde el 8 de diciembre de 2025.
La Corte para el Distrito Sur de Nueva York, donde se lleva el proceso contra Rocha Moya y sus nueve coacusados, no registra hasta ahora ninguna novedad en la causa contra Mérida Sánchez desde el pasado 13 de julio y no hay ninguna audiencia programada.
Mérida, de 66 años, se entregó voluntariamente en Tucson, Arizona, el pasado 11 de mayo y luego fue trasladado al CMD de Brooklyn. El 15 de mayo, se declaró inocente de tres cargos de narcotráfico y uso ilegal de armas.
De los diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados en abril en Estados Unidos por proteger a Los Chapitos, Mérida es el único que ya está bajo proceso en Nueva York.
El exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa durante el gobierno de Rocha, Enrique Díaz Vega, aparentemente se entregó en la misma semana que Mérida Sánchez, pero hasta la fecha se ignora su paradero, nunca ha comparecido ante la Corte ni está registrado bajo custodia del BFP.
Semanario asegura que Marina del Pilar es investigada por EU
Por otro lado, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, es investigada por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, de acuerdo con una investigación publicada por el semanario ZETA de Tijuana.
En la misma condición está su exesposo y excoordinador de Proyectos Estratégicos en el Gobierno de Baja California, Carlos Torres Torres.
El semanario ZETA de Tijuana confirmó la existencia de la investigación con fuentes en Estados Unidos, luego de la difusión de cuatro audios en los que la Mandataria habla sobre reuniones con agencias estadounidenses y sobre la posibilidad de cooperar con las autoridades a cambio de inmunidad.
“Varios (delitos), por eso siguen más investigaciones para decidir cuáles cargos para llevar contra ella, su esposo (sic) y otros, con vínculos a crimen organizado”, respondió a ZETA uno de sus contactos en Estados Unidos, al ser consultado sobre los delitos que se investigan.
Incluso, en un audio difundido la semana pesada se plantea a la Mandataria la posibilidad de firmar un testimonio de colaboración para coadyuvar con autoridades estadounidenses.
El Gobierno de Baja California rechazó que la Gobernadora haya firmado una “proffer letter”. Jesús Romandía, secretario particular de la Mandataria, declaró a ZETA que “no firmó ningún documento”.
La propia Gobernadora ha dicho que desconoce si existe una investigación en su contra y ha sostenido que los audios fueron sacados de contexto.
El contexto
La Gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila, informó desde mayo que autoridades de Estados Unidos le habían revocado su visa de turista y atribuyó entonces el tema a un asunto administrativo.
Sin embargo, de entonces a la fecha fueron difundidos cuatro audios de conversaciones de la Gobernadora con un intermediario y supuestos agentes estadounidenses.
El más reciente, difundido el 11 de agosto, contiene la referencia más directa a una posible investigación penal. En la conversación, un intermediario le advierte a la Gobernadora que se trata de “la última oportunidad” para evitar cargos o sanciones.
Ante la pregunta de Ávila sobre los delitos que se le imputarían, un agente estadounidense respondió que no podía discutirlos. Después, le recomendó reunirse con su abogado y preparar una “proffer letter”, documento mediante el cual una persona bajo investigación puede ofrecer información a fiscales estadounidenses bajo determinadas condiciones de protección.
“Mi consejo es que se reúna con su abogado y prepare lo que se conoce como una carta proffer”, habría dicho el agente, de acuerdo con la transcripción publicada por ZETA.
El semanario ZETA de Tijuana sostiene que la recomendación de preparar ese documento constituye un indicio de que la investigación estadounidense contra la Gobernadora está en curso.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila ha dicho que cayó en una “emboscada psicológica” y señaló al exgobernador Jaime Bonilla Valdez como responsable de la situación.
RAA
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