“ Nuestra visión no es salud para algunos: es salud para todos”
Cuando un mexicano llega a urgencias con el pecho apretado, un niño con fiebre alta o una madre con dolor que no cede, no piensa en decretos ni en artículos de ley: piensa en si hoy lo van a atender bien, si habrá medicamento, si le alcanzará el dinero. Ahí, en la sala de espera, es donde se siente de verdad si el sistema público de salud está bien diseñado… o si funciona a base de improvisaciones.
En pocos años, la atención a quienes no tienen seguridad social ha pasado del Seguro Popular al INSABI y, hoy, al IMSS-Bienestar. El gobierno de Morena ha repetido que la atención será “gratuita y para todos”, pero millones de pacientes se han topado con otra realidad: citas diferidas, estudios que no se realizan, recetas sin surtir y familias obligadas a comprar fuera de lo que el sistema debió garantizarles.
Detrás de cada “regrese mañana”, de cada “no hay ese medicamento”, hay un problema de diseño. El organismo que hoy coordina servicios en 24 estados se creó con reglas incompletas, decisiones tomadas sin suficiente debate parlamentario y una conducción débil por parte de la Secretaría de Salud. Cuando no está claro quién manda, quién coordina y quién rinde cuentas, el caos administrativo termina en algo muy sencillo y doloroso: el paciente esperando soluciones que nadie se hace responsable de dar.
Por eso, desde el Grupo Parlamentario del PAN hemos decidido no quedarnos solo en la crítica y presentar una iniciativa concreta, integrada en las “111 soluciones para México”, pensada desde la perspectiva del ciudadano, no desde el escritorio. Nuestro objetivo es que la persona sin seguridad social pueda acceder a una unidad del IMSS-Bienestar y encontrar un sistema alineado, donde la Secretaría de Salud sea realmente la cabeza que guía, supervisa y responde, y no un invitado marginal en las decisiones.
Sectorizar al IMSS-Bienestar bajo la rectoría plena de la Secretaría de Salud no es un asunto burocrático; es una medida para que el presupuesto, el personal, los medicamentos y los protocolos se decidan con visión de sistema y con la salud del paciente en el centro. Significa que las políticas ya no dependen de ocurrencias cada sexenio, sino de reglas claras y estables.
La iniciativa establece, de manera sencilla, que el IMSS-Bienestar sea reconocido como organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Salud, con una Junta de Gobierno encabezada por la propia Secretaría e integrada por las instituciones clave del sector y por representantes de los trabajadores. Esa Junta no sería un órgano decorativo: tendría facultades explícitas para fijar políticas, aprobar el programa institucional alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y con el programa sectorial de salud, coordinarse con el IMSS, el ISSSTE y los servicios estatales, y evaluar periódicamente las metas y los resultados.
Además, proponemos que el IMSS-Bienestar se sujete obligatoriamente a las normas oficiales mexicanas, a las guías y protocolos que emita la Secretaría de Salud, y a criterios uniformes de calidad y seguridad. Para la familia que enfrenta un cáncer, una diabetes complicada o una enfermedad rara, esto no es lenguaje técnico: es la diferencia entre recibir un tratamiento adecuado y actualizado y quedar atrapada en un sistema que decide “como se pueda” en cada hospital. La calidad no puede ser un privilegio; tiene que ser una obligación legal.
Pensando en quienes sostienen el sistema todos los días, también proponemos algo fundamental: la estabilidad laboral para las y los trabajadores durante la transición. No hay buen servicio sin personal comprometido, y no se puede pedir compromiso cuando se vive con miedo a perder los derechos adquiridos. Un equipo médico y de enfermería con certeza laboral tiene mejores condiciones para concentrarse en lo que importa: cuidar vidas.
Finalmente, proponemos que el Congreso reciba informes semestrales sobre la implementación de estos cambios. No es un trámite más: es una forma de asegurar que la voz de la ciudadanía —expresada a través de sus representantes— acompañe, vigile y corrija el rumbo de una reforma que toca directamente la vida de millones de personas. La salud no puede depender de decisiones tomadas en la oscuridad, sin rendición de cuentas.
Cuando el sistema falla, duele en la familia: en la abuela que no consigue sus medicinas, en el joven que suspende un tratamiento por falta de citas, en el niño que aprende demasiado pronto lo que es esperar horas en una sala de urgencias. Nuestra propuesta busca que ese dolor no se normalice, que la respuesta del Estado sea un sistema ordenado, transparente y coordinado, donde el “sí, hay y es tu derecho” deje de ser una excepción y se convierta en la regla.
