“Bien hecho vale más que bien dicho” Benjamin Franklin
Dictis facta respondeant: que los hechos respondan a las palabras. La expresión de Séneca ofrece una regla justa para leer el Segundo Informe de Gobierno en materia de salud. No porque todo lo informado sea falso ni porque nada se haya hecho. Hay avances que deben reconocerse. El problema comienza cuando la actividad se presenta como resultado y la promesa como derecho cumplido.
El Informe señala que 13,4 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2019 y 2024 (p. 141). Es una buena noticia. Pero en 2024, 44,5 millones de personas carecían de acceso a servicios de salud: 24,4 millones más que en 2018. Una transferencia de dinero puede aliviar el bolsillo, pero no sustituye la consulta que tarda meses, la cama que no aparece o el medicamento que la familia termina pagando.
También se afirma que el Servicio Universal de Salud, vigente desde el 17 de abril de 2026, “garantiza el acceso efectivo” sin importar la afiliación (p. 158). La aspiración es correcta: nadie debería quedar desprotegido por su empleo, domicilio o institución. Sin embargo, un decreto no crea médicos, enfermeras, quirófanos ni presupuesto. La ENCIG 2025 mostró la dimensión del reto previo: apenas 47% de las personas usuarias de IMSS-Bienestar se declararon satisfechas; 34,1% evaluaron favorablemente la disponibilidad de medicamentos y 29,3% la ausencia de saturación. Si se amplía la demanda sin fortalecer previamente la capacidad, puede universalizarse la fila, no la atención.
El Gobierno reporta 39.2 millones de consultas generales, 5.1 millones de consultas de especialidad, 630 mil procedimientos quirúrgicos y casi 1.3 millones de egresos hospitalarios en IMSS-Bienestar (p. 159). Es una actividad considerable y no debe minimizarse. Pero contar actos médicos no demuestra oportunidad, calidad ni resolución. Una consulta sin estudios, una cirugía diferida o un alta sin seguimiento también engrosan la estadística. La productividad sólo adquiere sentido cuando mejora la salud del paciente.
Salud Casa por Casa merece una lectura cuidadosa. El Informe registra 10,9 millones de personas atendidas, 20.799 servidores de la salud y un incremento real de 93,9% en sus recursos para 2026 (p. 157). Acercarse a las personas mayores y a las personas con discapacidad es valioso. Pero tocar una puerta no controla la presión arterial ni evita, por sí solo, una amputación. Falta saber cuántos pacientes referidos recibieron diagnóstico, tratamiento continuo y seguimiento hasta alcanzar la meta clínica.
Otro dato revela el tamaño de la tarea pendiente. Sólo 2.431 unidades cuentan con al menos un turno médico los siete días de la semana. Representan el 29,4% de la meta comprometida para 2030 (p. 159). Es un avance, sí, pero también significa que más del 70% de la meta sigue sin cumplirse. Para una comunidad rural, una clínica cerrada los fines de semana no es un porcentaje: es tiempo perdido cuando surge una urgencia.
El contraste más doloroso es el de los medicamentos. Rutas de la Salud, dice el Gobierno, “garantizó el abasto” mediante 242 millones de piezas (p. 159). Quince páginas después, el propio Informe precisa que se distribuyeron 192,3 de 218,9 millones de piezas: 88% de cumplimiento; en medicamentos, 87% de lo programado (p. 174). Entregar millones de cajas implica trabajo logístico, pero el 87% no garantiza el abasto. Una persona con cáncer no recibe el 87% de su quimioterapia; necesita cada fármaco en la dosis y en el momento indicados.
Aquí las palabras importan. Detrás de cada porcentaje hay una madre buscando un antibiótico, una persona con diabetes tratando de conseguir insulina o una familia endeudándose para impedir que se interrumpa un tratamiento. La salud no se mide cuando el camión sale del almacén, sino cuando el medicamento llega completo y a tiempo a la mano del paciente.
¿Qué hacer? Financiar la universalidad con recursos por persona y compensaciones transparentes entre instituciones; publicar tiempos de espera, recetas no surtidas y resultados clínicos por unidad; integrar cada visita domiciliaria a un expediente interoperable y a una unidad responsable; crear plazas con incentivos de permanencia donde se necesitan; y establecer una Garantía Nacional de Abasto. Si el sistema público no entrega una receta, una farmacia autorizada debe surtirla con pago directo por el Estado o con reembolso expedito.
Contrastar no significa negar los avances. Significa respetar a quienes padecen la brecha entre la estadística y la realidad. Un informe rinde cuentas cuando permite saber qué cambió en la vida del paciente, no sólo cuántas acciones realizó el gobierno. Dictis facta respondeant. Que cada cifra pueda sostenerse en una clínica abierta, una consulta oportuna y una receta completa. En salud, las palabras pueden prometer; los hechos son los que protegen la vida.
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